Señalan especialistas rezago, obstáculos legales y opacidad en defensa ambiental en Mazatlán

Especialistas destacaron la importancia de fortalecer estrategias jurídicas que garanticen el acceso a la justicia, la participación ciudadana y la defensa integral de los recursos naturales y los territorios en el país

Desafíos legales, institucionales y de acceso a la información son algunos de los principales obstáculos que dificultan la participación ciudadana para defender el medio ambiente y la protección de recursos naturales, coincidieron especialistas, abogados y activistas durante el Observatorio Sobre Medio Ambiente y Defensa del Territorio que tuvo lugar en Mazatlán.

Durante este encuentro, los especialistas abordaron el tema con respecto a la importancia de fortalecer estrategias jurídicas que garanticen el acceso a la justicia, la participación ciudadana y la defensa integral de los recursos naturales y los territorios en el país.

El defensor público federal, Víctor Alfonso López Zamora, señaló que uno de los principales problemas es el desconocimiento de las herramientas legales disponibles para la ciudadanía, como el juicio de amparo y las acciones colectivas, como mecanismos que permiten exigir la protección del medio ambiente y de los derechos colectivos.

López Zamora expresó que, además de la falta de información entre la población, persiste poca experiencia y sensibilidad en algunos órganos judiciales para atender este tipo de asuntos.

“Muchas personas no saben que podemos proteger el medio ambiente a través de recursos judiciales y mediante juzgados de distrito. No es fácil la protección de estos derechos, porque los juzgadores también están en ese proceso de aprendizaje sobre qué tanto pueden hacer para protegerlos”, comentó.

“Es tarea de todos, no sólo de la Defensoría, sino también de la ciudadanía, identificar cómo se está afectando nuestro territorio y nuestro medio ambiente, por eso debemos poner atención a qué son estos derechos, cuáles son sus alcances y cómo podemos protegerlos”, agregó.

Por su parte, el también defensor público, Venancio Baltazar Pérez España, expuso diversos casos de contaminación ambiental en Mazatlán, en los que ha intervenido la Defensoría Pública, entre ellos la Laguna del Camarón y el Arroyo Jabalines, donde vecinos denunciaron descargas de aguas negras, acumulación de basura y daños derivados de eventos masivos.

Esto terminó derivando en acciones colectivas y jucios de amparo para exigir medidas de protección y reparación ambiental, litigios que suelen prolongarse ante la complejidad jurídica y a la falta de sensibilidad de algunas autoridades judiciales.

“Los procesos ambientales son lentos y tardados, generalmente los jueces son apáticos en este tipo de asuntos, pues como no tienen pleno conocimiento, lo que pretenden hacer siempre es evadir esas situaciones”, dijo.

En este sentido, destacó la importancia de implementar principios legales como el precautorio y la reversión de la carga de la prueba, mediante el cual corresponde a quien genera contaminación demostrar que no está causando afectaciones al entorno.

López Mejía destacó que instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo obligan al Estado mexicano a consultar a las comunidades indígenas ante proyectos que puedan impactar sus territorios, particularmente en el caso de megaproyectos.

Además, señaló que detrás de muchas afectaciones ambientales existen intereses económicos, además de recordar que en México se han registrado asesinatos y agresiones contra activistas y defensores ambientales.

“Cuando hablamos de poblaciones indígenas y el derecho al medio ambiente y territorio, tenemos que hablar necesariamente de un espacio donde debe de estar libre de contaminación. Las comunidades indígenas tenemos una conexión y un cuidado especial con la naturaleza, con el agua y con los espacios que para nosotros son sagrados”, expresó.

“No basta con que existan leyes y marcos jurídicos, pues si las personas afectadas no accionan legalmente, no pasa nada. La defensa del medio ambiente es uno de los temas más vulnerables en este país porque muchos activistas han sido asesinados por lo que debemos cuestionarnos qué estamos haciendo por nuestro medio ambiente porque vivimos en un entorno cada vez más contaminado”, agregó.

El Abogado Especializado en Materia Ambiental, Manuel de Jesús Tripp Rivera, habló sobre la relevancia de los estándares de derechos humanos y el litigio estratégico como herramientas para la defensa ambiental y de comunidades afectadas por proyectos industriales y de desarrollo.

Tripp Rivera resaltó que estos estándares obligan a jueces y autoridades a equilibrar las desigualdades entre ciudadanos y grandes empresas, garantizando la protección ambiental y los derechos colectivos.

“En materia ambiental, los estándares de derechos humanos buscan romper las formalidades del juicio en favor de la naturaleza y de las comunidades. Los estándares obligan a los jueces a asumir un rol activo para compensar la desigualdad entre las grandes empresas contaminadoras y el ciudadano de a pie”, dijo.

Aunque mencionó casos exitosos de litigio ambiental en México y Sinaloa, advirtió que muchas resoluciones judiciales no siempre se traducen en soluciones reales debido al peso de intereses políticos y económicos.

También alertó sobre la violencia y criminalización que enfrentan defensores ambientales en el país, al señalar que México continúa siendo uno de los lugares más peligrosos para quienes luchan por la protección del territorio y los recursos naturales.

“A pesar de los fallos judiciales favorables, muchos problemas ambientales no se han resuelto porque prevalecen los intereses de quienes tienen más poder económico y político”, expresó.

Finalmente, la periodista ambiental, Raquel Zapién Osuna señaló que la falta de acceso a la información pública dificulta la defensa ambiental y limita la participación ciudadana, al impedir que la sociedad conozca cómo se toman decisiones sobre el territorio y los proyectos de desarrollo.

Criticó la iniciativa de Ley de Transparencia impulsada por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, al considerar que reduce obligaciones en materia ambiental y favorece la opacidad, al eliminar información relacionada con permisos, contaminación y áreas naturales protegidas.

“La conciencia se nutre de la información, y sin acceso a ella no puede existir una defensa ambiental efectiva ni una ciudadanía realmente informada. Un gran problema para la defensa ambiental es la falta de información; hay personas que quieren participar, pero no saben cómo porque la información simplemente no está disponible”, declaró.

También advirtió sobre el crecimiento urbano en zonas ecológicas sensibles de Mazatlán y explicó que desde el Comité de Participación Ciudadana se promueven herramientas de transparencia y vigilancia social para supervisar permisos, uso de suelo y desarrollo territorial.

“La opacidad y la mala administración del territorio incrementan el riesgo de pérdidas humanas ante fenómenos meteorológicos. La ciudadanía necesita fortalecer sus capacidades de organización y defensa estratégica mediante el acceso a datos abiertos y herramientas de información”, puntualizó.

De esta forma, el observatorio concluyó con un llamado a fortalecer la participación ciudadana, el acceso a la información y la utilización de herramientas legales para la defensa del territorio y los recursos naturales, en un contexto donde especialistas advirtieron que la protección ambiental en México continúa enfrentando retos institucionales, intereses económicos y riesgos para quienes impulsan estas causas desde las comunidades y la sociedad civil.