Aguirre ordenó desaparecer videos de Ayotzinapa, acusa FGR
Un testigo colaborador y un testigo protegido, incorporados en enero y mayo de 2026, sustentaron la orden de aprehensión del ex gobernador de Guerrero
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó que Ángel Heladio Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, giró de manera directa la instrucción de ocultar y destruir las videograbaciones que captaron la detención del autobús en el que viajaba un grupo de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014, en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala de la Independencia, Guerrero.
Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, informó el 6 de agosto de 2026 que, tras un reanálisis de la investigación, la institución reunió elementos para sostener que el ex gobernador habría participado en la destrucción y el ocultamiento de evidencia relacionada con la desaparición de los estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
“La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”, afirmó la fiscal en un mensaje difundido en sus redes sociales.
Como resultado de esas indagatorias, el agente del Ministerio Público responsable de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra Aguirre Rivero por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia, la cual fue cumplimentada el 6 de agosto de 2026 en el Estado de México.
Godoy Ramos explicó que las nuevas líneas de investigación permitieron acreditar que el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue captado por las cámaras de seguridad 12 y 15, instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala de la Independencia, cuando era detenido por policías municipales y estatales. En la investigación original, las autoridades sostuvieron que esas grabaciones no existían debido a presuntas fallas técnicas del sistema, versión que fue desmentida por diligencias posteriores.
La titular de la FGR detalló que en enero de 2026 una persona colaboradora declaró que las videograbaciones sí existían y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente al exgobernador, además de referir amenazas que explicaban su silencio previo. En mayo del mismo año, un segundo testigo protegido declaró que Aguirre Rivero ordenó, en una reunión con altos funcionarios de su administración, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del recinto judicial.
“Estos y otros elementos contenidos en nuestra investigación permiten sostener que, lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal”, sostuvo la funcionaria federal.
Godoy Ramos aseguró que la detención se realizó con pleno respeto a los derechos humanos del imputado y que las familias de los 43 estudiantes han sido informadas de los avances conforme lo permite el debido proceso. “Continuaremos estas investigaciones con toda la seriedad, profesionalismo y rigor científico que se requiere, no nos detendremos hasta conocer la verdad de los hechos. Donde haya impunidad habrá investigación y donde haya crimen habrá consecuencias”, declaró.
Desde la desaparición de los normalistas, los padres y madres de los jóvenes habían exigido una investigación contra Aguirre Rivero, quien renunció a la gubernatura de Guerrero el 23 de octubre de 2014 en medio de las protestas por el caso. La captura del exmandatario convierte al político en el funcionario de mayor jerarquía del Gobierno estatal de aquella época en enfrentar un proceso penal por estos hechos.