Amnistía acusa al Ejército de ocultar información a 12 años de Ayotzinapa
La organización documenta 853 folios pendientes de Sedena y el borrado de videos del Palacio Municipal de Iguala atribuido a Aguirre Rivero
Amnistía Internacional, sección mexicana, denunció que, a 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el Ejército mexicano mantiene sin entregar información que obra en su poder, pese a existir un mandato judicial que se lo ordena, mientras que videos con posible valor probatorio fueron borrados y las diligencias avanzan con lentitud.
La organización exigió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregue la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CRFI), con sede en Iguala, Guerrero. Esa entrega fue ordenada por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al resolver el juicio de amparo 1350/2023, en una resolución emitida en febrero de 2026.
La información requerida está vinculada con 853 folios que las familias de los normalistas han reclamado en reiteradas ocasiones, demanda respaldada por diversas organizaciones sociales y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante su participación en la investigación.
“Amnistía Internacional acompaña la exigencia de las familias de los estudiantes, para que el ejército entregue la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia ‘Centro’ (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana.
El ocultamiento de información ha sido una constante del proceso. Al concluir su colaboración, el 31 de julio de 2023, el GIEI señaló en su mensaje final que la información recibida era “parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes”.
Olivares Ferreto advirtió que “la transparencia tiene un peso fundamental en la responsabilidad que tiene el Estado mexicano en este caso paradigmático de desaparición forzada”.
Amnistía Internacional también se refirió al borrado de las grabaciones captadas por las cámaras del Palacio Municipal de Iguala, decisión que se atribuye al ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y a otras dos personas que habrían ejecutado la orden. La organización sostuvo que el hecho debe investigarse por la gravedad que implica la desaparición de pruebas y el posible encubrimiento.
El organismo recordó que el Gobierno mexicano tiene la obligación, bajo el derecho internacional, de realizar todas las gestiones necesarias para esclarecer los casos de personas desaparecidas y de llevar a quienes resulten sospechosos de responsabilidad penal ante tribunales ordinarios, en juicios justos y conforme a los instrumentos internacionales firmados por México.
Amnistía Internacional reconoció el apoyo aportado a la investigación por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el GIEI, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y las organizaciones que han acompañado durante 12 años la lucha de las familias, cuyas aportaciones calificó como fundamentales para lograr avances.
La organización respaldó además el planteamiento de las familias de los normalistas respecto a que toda información del caso les corresponde conocerla en primer lugar, por los conductos oficiales establecidos, y pidió que se deje de difundir información carente de sustento o tendente a cuestionar su lucha por conocer el paradero de sus hijos y obtener justicia y reparación integral del daño.
Amnistía Internacional concluyó que el Gobierno Federal debe exigir a la Sedena la entrega de toda la información que resguarda respecto a la desaparición de los estudiantes, requerida durante años por las familias, por el GIEI en su momento y por la propia orden judicial del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.