Artículo 19 documenta 451 agresiones contra la prensa en México durante 2025

Informe anual de la organización registró siete asesinatos de periodistas, un aumento en el acoso judicial y nuevas leyes que, advirtió, restringen la libertad de expresión y fortalecen mecanismos de censura

La organización Artículo 19 publicó este miércoles su Informe Anual 2025, en el que documentó 451 agresiones contra la prensa en México durante el año previo, entre ellas siete asesinatos de periodistas en posible relación con su labor informativa, al tiempo que alertó sobre el avance de una arquitectura institucional de censura que combina violencia letal, acoso judicial y nuevos marcos legales restrictivos.

Según el informe, los siete periodistas asesinados en 2025 fueron Calletano de Jesús Guerrero, del medio Global México, el 17 de enero en el municipio de Teoloyucan, Estado de México; Kristian Uriel Martínez Zavala, de El Silaoense MX y Reporte Silao, el 2 de marzo en Guanajuato; Raúl Irán Villarreal Belmont, del Observatorio Ciudadano San Luis de la Paz, el 13 de marzo también en Guanajuato; José Carlos González Herrera, de El Guerrero y Opinión Ciudadana, el 15 de mayo en Guerrero; Ángel Sevilla, de Noticias 644, el 8 de julio en Sonora; Ronald Paz Pedro, de NotiExpress Pedro, el 9 de julio en Guerrero; y Miguel Ángel Beltrán Martínez, periodista independiente, el 25 de octubre en Durango.

Artículo 19 documentó, además, ocho tentativas de asesinato contra comunicadores a lo largo del mismo año.

La violencia letal se complementó con la desaparición del periodista Miguel Ángel Anaya Castillo, director del medio Pánuco On Line, ocurrida el 13 de abril de 2025 en Veracruz. Desde el año 2000 hasta la fecha del informe, 32 periodistas permanecen desaparecidos en México, con mayor concentración en Tamaulipas (seis casos), Veracruz (cinco) y Michoacán (cuatro).

En ese mismo periodo, la organización contabilizó 176 periodistas asesinados en posible relación con su labor, lo que coloca a México como el segundo país más letal para la prensa a nivel global, según los datos de Reporteros sin Fronteras, solo por detrás de los territorios ocupados de Palestina.

En el desglose de los 451 casos registrados en México, el ambiente hostil fue el indicador dominante, con 197 agresiones que representaron 43.68 por ciento del total y que incluyeron 53 amenazas de muerte, 62 casos de discurso estigmatizante y 14 bloqueos informativos por particulares.

Le siguió el abuso del poder público con 153 casos (33.92 por ciento), cuyo crecimiento de 6.98 por ciento respecto a 2024 -cuando se registraron 114 casos en esa categoría- constituyó la tendencia de mayor alza en el periodo. En tercer lugar se ubicaron los ataques y la violencia física, con 53 agresiones, y en cuarto las restricciones en línea o vigilancia, con 30 casos.

Uno de los hallazgos centrales del informe fue la consolidación del acoso judicial como mecanismo sistemático de represalia contra la prensa. Artículo 19 documentó que 67 periodistas y medios de comunicación fueron víctimas de procesos legales en 2025, distribuidos en 29 hostigamientos electorales, 17 penales, 13 civiles y 8 administrativos, lo que significó que, en promedio, cada seis días se inició un nuevo proceso en contra de algún comunicador o medio.

En 49 de estos casos, es decir, 73.13 por ciento del total, los actores que promovieron los procesos fueron funcionarios públicos o candidatos de partidos políticos. Dos casos ilustraron con particular crudeza esta tendencia: la vinculación a proceso del periodista Rodolfo Ruiz, director del portal e-consulta, en Puebla, y la imputación del periodista Rafael León, en Coatzacoalcos, Veracruz, bajo el delito de terrorismo, acusación que finalmente fue desestimada, aunque dos imputaciones adicionales en su contra permanecieron vigentes.

El informe identificó al Estado mexicano como el principal agresor: en 227 de los 451 casos documentados, es decir, más de 50 por ciento del total, hubo responsabilidad directa de algún nivel de gobierno. El nivel estatal concentró la mayor proporción de estas agresiones (54.63 por ciento de los casos atribuibles al Estado), seguido del municipio (28.63 por ciento) y del gobierno federal (16.74 por ciento).

De los 32 estados de la República, solo Zacatecas no reportó ninguna agresión documentada en el periodo, aunque Artículo 19 aclaró que esto no implica necesariamente la ausencia de tales patrones en la entidad. Ciudad de México, Puebla y Veracruz concentraron el mayor número de casos, con 84, 39 y 34, respectivamente.

Frente a esta violencia estructural, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión informó haber atraído solo dos carpetas de investigación por asesinatos de periodistas hasta diciembre de 2025, y en una de estas la autoridad consideró que no existía vínculo con la labor periodística de la víctima.

Artículo 19 advirtió que esta falta de respuesta eficaz perpetúa un mensaje de tolerancia a la violencia y refuerza a la desaparición y el asesinato como mecanismos de censura.

El informe también documentó que 2025 fue el año más letal para las personas buscadoras de familiares desaparecidos. Desde 2010 hasta diciembre de 2025, la organización registró el asesinato de 34 buscadoras y buscadores y la desaparición de ocho más; únicamente en 2025 se contaron siete asesinatos y seis desapariciones de integrantes de este colectivo.

El informe destacó que los gobiernos de la denominada Cuarta Transformación concentraron 73.81 por ciento del total de agresiones letales contra buscadoras desde 2010: durante la administración de Andrés Manuel López Obrador fueron asesinadas 17 y desapareció una más, mientras que en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se documentaron siete asesinatos y seis desapariciones a la fecha del cierre del informe.

En materia legislativa, Artículo 19 identificó ocho nuevas leyes o reformas aprobadas durante 2025, tanto en el ámbito federal como en el estatal, que restringen directamente la libertad de expresión.

En el plano federal destacaron: la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que refuerza el control del Poder Ejecutivo sobre las concesiones de radiodifusión y afecta en particular a los medios comunitarios e indígenas; la adición del artículo 30-B al Código Fiscal de la Federación, que habilita el acceso “permanente, irrestricto y en tiempo real” a la información de plataformas digitales; la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, cuyas definiciones excesivamente vagas podrían criminalizar la investigación periodística y la denuncia pública; y las reformas a la Ley de Amparo, que restringieron el reconocimiento del interés legítimo y limitaron la suspensión provisional de actos de autoridad, debilitando así la principal herramienta de litigio estratégico con que contaba la sociedad civil para impugnar leyes regresivas.

En el plano estatal, destacaron la denominada “Ley Censura” aprobada en Puebla en junio de 2025, así como reformas penales en Michoacán, Aguascalientes y San Luis Potosí que criminalizan expresiones artísticas y usos de inteligencia artificial en contextos amplios y con definiciones que la organización calificó de imprecisas.

El informe abordó también la opacidad estructural que se profundizó tras la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en noviembre de 2024, cuyas funciones fueron transferidas a Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dependiente del Poder Ejecutivo.

La nueva instancia desechó aproximadamente 99.6 por ciento de los recursos de revisión en sus primeros meses de operación: de los 2 mil 253 recursos recibidos, solo 457 fueron “resueltos” y 455 se desecharon por supuestos incumplimientos técnicos.

Artículo 19 advirtió que la reforma amplió las causales de reserva -incluida la imprecisa noción de “paz social”- y dejó al ciudadano en la posición de agotar recursos ante las mismas instancias cuya información solicita, en una configuración en la que el poder ejerce al mismo tiempo como acusado y como juez.

En materia de vigilancia, el informe señaló que durante 2025 se consolidó en México un entramado de al menos seis leyes que facilitan la interconexión de bases de datos y el acceso a datos personales sensibles en tiempo real, sin controles judiciales claros.

El caso paradigmático fue la Cédula Única del Registro de Población biométrica, que almacena huellas dactilares y fotografías en una plataforma conectada al Centro Nacional de Inteligencia. El informe también hizo referencia al proceso judicial WhatsApp vs. NSO Group en tribunales de Estados Unidos, del que surgió la revelación de que México concentró 456 de los mil 400 ataques cibernéticos registrados a nivel mundial, el mayor número entre los clientes de la empresa israelí de software espía.

Desde una perspectiva regional, el informe, el primero de Artículo 19 que integra en un solo documento la situación de México, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, reportó que en 2025 se registraron 12 asesinatos de periodistas en sólo tres países: siete en México, tres en Guatemala y dos en Honduras.

La organización advirtió que la tendencia común en todos los países no responde a una ideología específica, sino a una lógica compartida de concentración de poder, deslegitimación de la crítica y uso del aparato estatal -penal, administrativo, fiscal o digital- para inhibir el escrutinio público.