ASF documenta desvíos de recursos públicos en Nuevo León y Sinaloa
Entre los hallazgos, señala transferencias de empresas que recibieron contratos hacia funcionarios o familiares de funcionarios estatales
La Auditoría Superior de la Federación documentó presuntos esquemas de desvío y triangulación de recursos públicos en Nuevo León y Sinaloa, según informó este jueves su titular Aureliano Hernández Palacios Cardel, durante la entrega de informes de la fiscalización a la Cuenta Pública 2025 en la Cámara de Diputados.
Señaló que las investigaciones involucran contratos públicos, empresas vinculadas con familiares de servidores públicos, transferencias entre compañías y movimientos de recursos hacia particulares.
“Por ejemplo, en Nuevo León y Sinaloa identificamos esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos, a través del pago de proveedores, cuyo destino final estaría relacionado con cuentas bancarias a personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos”, declaró Hernández Palacios Cardel.
Según la presentación expuesta por el órgano fiscalizador, en Nuevo León el Gobierno estatal realizó transferencias millonarias a comercializadoras, constructoras, empresas de servicios, compañías de equipamiento, consultorías y un despacho jurídico.
La operación de mayor monto corresponde a una constructora que recibió 5 mil 851 millones de pesos del Gobierno estatal y después transfirió 5 mil 154.6 millones de pesos a otra empresa.
En esa transacción, la ASF ubicó un movimiento adicional de 385.3 millones de pesos relacionado con un despacho jurídico.
En otro apartado, una comercializadora que recibió 964 millones de pesos del Gobierno estatal transfirió 237 millones de pesos a una empresa de alimentos fundada por un funcionario y un familiar, la cual habría trasladado posteriormente 202.9 millones de pesos a un despacho jurídico.
En conjunto, ese despacho aparece vinculado con transferencias por 728.13 millones de pesos.
En Sinaloa, la ASF expuso un esquema que involucra a una constructora constituida por dos familiares de un funcionario del Ejecutivo estatal. Uno de ellos figura como accionista y administrador único, y el segundo como apoderado legal.
Entes públicos estatales y municipales adjudicaron contratos de obra a esa constructora, que concentró depósitos superiores a los montos de la obra pública contratada y realizó transferencias entre sus propias cuentas.
La empresa trasladó después recursos a dos personas físicas, no identificadas por nombre en la presentación, quienes efectuaron pagos millonarios a un ex funcionario de Finanzas bajo el concepto de “pago préstamo”.
Hernández Palacios Cardel sostuvo que estos resultados derivan de las atribuciones aprobadas por el Congreso de la Unión.
“Los resultados que hoy presentamos son muestra de la transformación institucional que estamos impulsando, las nuevas facultades que dio el Congreso han permitido hacer investigaciones concretas, preservar pruebas y promover acciones legales”, afirmó.