ASF investiga irregularidades en contratos electorales con testimonios y pruebas de informantes
La ASF informó que, por primera vez, investiga presuntas irregularidades en contrataciones de organismos electorales con información aportada por personas que buscan reducir sus sanciones, en medio de las indagatorias por posibles anomalías en contratos del INE durante la gestión de Guadalupe Taddei
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó este lunes que, por primera vez, realiza investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales con la colaboración de personas que han aportado testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera y mensajes de WhatsApp, a cambio de acogerse a su Programa de Reducción de Sanciones para Informantes.
El organismo señaló que estos elementos han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de distintas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.
La ASF indicó que continuará las indagatorias para identificar a más personas presuntamente involucradas, rastrear el destino de los recursos públicos y determinar las responsabilidades correspondientes, en medio de las investigaciones por posibles irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la gestión de Guadalupe Taddei.
Programa de delación
En un comunicado difundido este lunes, la Auditoría explicó que las personas colaboradoras han proporcionado información sobre la manera en que presuntamente operaron las irregularidades en las contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años.
De acuerdo con el organismo fiscalizador, la información recabada ha permitido identificar indicios sobre la participación de beneficiarios finales de distintas empresas en los procedimientos de contratación, particularmente en la selección de proveedores y la definición de los requisitos técnicos de los concursos.
La Auditoría sostuvo que esas intervenciones habrían tenido como propósito favorecer los intereses de las propias empresas, por lo que continuará con las investigaciones para ampliar la identificación de posibles involucrados, seguir el destino de los recursos públicos y establecer las responsabilidades que correspondan.
Acción penal del INE
Este viernes, el INE presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles conductas delictivas relacionadas con la administración anterior del organismo y determine las responsabilidades correspondientes.
El instituto confirmó la presentación de la denuncia después de varios días de preparación por parte de sus equipos jurídicos.
La decisión había sido anunciada el martes 3 de noviembre por la consejera presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, quien informó que las 10 consejerías habían acordado acudir ante las autoridades por los señalamientos de presuntas irregularidades durante la gestión de Taddei y de otros funcionarios.
Al confirmar la presentación del recurso, el INE señaló en un comunicado que la denuncia se interpuso para que la Fiscalía investigue los hechos y, en su caso, determine las responsabilidades correspondientes.
Alcance a ex presidencia
El documento no identificó a las personas que podrían estar involucradas ni precisó los contratos, montos o periodos que comprenden los señalamientos; sin embargo, Cruz García había confirmado que las investigaciones podrían incluir a la expresidenta del instituto, así como a personas que ocuparon cargos en la Secretaría Ejecutiva, direcciones y subdirecciones, dependiendo de las conductas que identifique la Fiscalía.
Al ser cuestionada sobre si la denuncia pudiera alcanzar a Taddei, la consejera presidenta provisional respondió: “sí, efectivamente, es correcto”.
Cruz García también explicó que la acción no estaría limitada a una lista específica de funcionarios, sino que buscaría que las autoridades investigaran a cualquier colaborador que pudiera estar relacionado con las presuntas irregularidades.
La presidenta provisional también advirtió que las renuncias o bajas de trabajadores del instituto no los eximen de posibles investigaciones ni de responsabilidades administrativas.
Además, informó que el INE revisaría las contrataciones realizadas durante la administración anterior, incluido el servicio de producción de credenciales para votar, y que colaboraría con la ASF en la revisión de los procedimientos de adquisición.
Red de empresas
Uno de los antecedentes de estas investigaciones es el análisis difundido por la ASF el jueves pasado, en el que identificó 89 conexiones entre siete empresas proveedoras del INE y 83 personas relacionadas con ellas o con el instituto electoral.
Entre las personas mencionadas aparece Jonathan N., exempleado del organismo y apoderado de Corporativo ZEG, quien registró percepciones por 601 mil 751 pesos entre mayo de 2025 y marzo de 2026, aunque la Auditoría no precisó quién realizó los pagos ni por qué concepto.
Jonathan N. contaba desde junio de 2023 con un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo ZEG, que le permitía representar legalmente a la empresa. Posteriormente, en abril de 2025, ingresó al INE y quedó registrado como chofer de la oficina de la presidencia.
El 21 de octubre, Taddei negó que hubiera sido su conductor y declaró: “Jamás fue mi chofer”. En esa ocasión reconoció que el exempleado estuvo adscrito a su oficina, aunque no detalló las funciones que desempeñaba.
Cruce de intereses
El análisis de la ASF también identificó relaciones entre distintas compañías mediante personas que aparecen como socios, integrantes de órganos de administración, apoderados o representantes legales.
Entre los ejemplos se encuentra Alejandro N., identificado como socio de Corporativo ZEG y delegado de las asambleas de Formas Finas y Materiales.
Asimismo, la Auditoría encontró conexiones entre ZEG y Cajas Graf mediante César N., Omar N., Fernando N. y Raymundo N., quienes aparecen en ambas compañías con distintos cargos o facultades de representación.
Otra de las relaciones identificadas vincula a Cajas Graf con Seriplast de México mediante Tatiana N.
La revisión también encontró que algunas de estas empresas presentaron propuestas separadas para obtener una misma contratación del INE.
Uno de los casos corresponde a la licitación LP-INE-001/2025, convocada para adquirir urnas, mamparas y dados marcadores destinados a la elección judicial.
El fallo, emitido el 7 de febrero de 2025, registró una propuesta conjunta de Cajas Graf y TOL Producciones, así como otra de Corporativo ZEG, compañías vinculadas con integrantes de la familia Hernández Casillas.
Licitaciones y facturación
La coincidencia de las empresas en el mismo procedimiento de contratación no acredita por sí misma que hayan acordado sus propuestas, pero permite ubicar sus relaciones corporativas dentro de un mismo concurso.
La ASF también reportó operaciones por 21.3 millones de pesos en las que proveedores de Corporativo ZEG trabajaron con proveedores autorizados de certificación (PAC) cuyas certificaciones fueron revocadas por su relación con empresas factureras.
Estos proveedores se encargan de validar y timbrar facturas electrónicas, por lo que el señalamiento corresponde a la revisión de las operaciones de facturación y no directamente a las relaciones entre socios y representantes de las compañías.