Cámara de Diputados avala anular elecciones por injerencia extranjera
Legisladores oposición manifestó la alerta sobre ambigüedad y votan en contra
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del 28 de mayo, con 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención, la reforma al artículo 41 constitucional que establece la nulidad de elecciones federales y locales cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.
La minuta fue remitida de inmediato al Senado de la República para continuar el proceso legislativo.
La iniciativa fue presentada por Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario de Morena, y avalada por las bancadas de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.
El dictamen, que reforma también la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, fue aprobado en lo general y en lo particular al término de una sesión que se prolongó durante más de 15 horas de debate.
El texto del nuevo inciso D del artículo 41 constitucional establece que procederá la nulidad de la elección cuando “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.
Según el contenido del dictamen, la nulidad aplicará únicamente cuando se pueda demostrar de forma objetiva que la injerencia fue grave y determinante en el resultado o en la equidad de la elección.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sería el órgano encargado de analizar cada caso y determinar si la afectación fue suficiente para invalidar los comicios.
El marco legal abarca el uso de financiamiento ilícito, propaganda, desinformación, manipulación digital mediante el uso de bots, presiones diplomáticas, económicas o mediáticas, y cualquier acto que vulnere la libertad y autenticidad del sufragio.
Al fundamentar su propuesta, Monreal Ávila precisó que busca imponer una sanción real a la intervención extranjera en asuntos nacionales.
“Lo planteo en el 41 constitucional porque actualmente no hay sanción para aquel que pretenda invadir nuestro País o tener injerencia en procesos electorales. Y es una norma imperfecta porque no tiene sanción. Y la sanción que estoy planteando es la nulidad de la elección para todo aquel proceso en donde se demuestre con pruebas plenas y fehacientes que gobiernos extranjeros o agentes externos han intervenido en una elección”, expuso.
El legislador añadió que una reforma secundaria desarrollaría con mayor detalle los supuestos jurídicos de qué implica una injerencia o intervención extranjera.
La oposición rechazó de manera unánime la reforma al señalar que la redacción aprobada contiene una ambigüedad jurídica que podría utilizarse de forma discrecional para anular elecciones que la oposición ganara en las urnas.
Los diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que al no delimitar con precisión qué constituye intervención extranjera, cualquier informe de una organización no gubernamental internacional, opinión periodística o declaración de un funcionario extranjero podría convertirse en pretexto político para impugnar resultados.
Homero Ricardo Niño de Rivera, Diputado del PAN, afirmó que Morena busca “más herramientas” para blindarse ante una eventual derrota electoral, y acusó que el oficialismo ya ejerce control sobre el Instituto Nacional Electoral, el TEPJF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Irais Reyes, Diputada de MC, planteó interrogantes respecto al alcance real de la norma.
“Si mañana, un medio internacional publica una investigación sobre corrupción o narcotráfico durante una campaña, ¿eso será periodismo o intervención extranjera y causal para anular elección? Si un organismo internacional cuestiona al Gobierno mexicano, ¿eso será escrutinio democrático o presión política?”, cuestionó.
La Diputada priista Xitlalic Ceja García sostuvo que Morena pretende construir una “narcosoberanía” para proteger a personajes señalados por Estados Unidos —en alusión al Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya— y generar “inmunidad para el régimen” mediante interpretaciones discrecionales.
El coordinador del PRI, Rubén Moreira, señaló que la premura con que se presentó la iniciativa —el 21 de mayo— impidió analizar a fondo la distinción entre los conceptos de intervención e injerencia, que tienen acepciones distintas en las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
“Que quede claro: nosotros no queremos ni injerencia ni intervención. El tema es que estas prohibiciones ya están en la Constitución”, indicó Moreira.
Monreal Ávila negó que la reforma busque afectar la libertad de expresión ni que contemple como causal de nulidad publicaciones de medios extranjeros o declaraciones de funcionarios de otros países.
“Que no se venga con el cuento de que habrá censura, de que si se publica un artículo en New York Times ya será motivo de la anulación”, aseguró.
La Diputada Dolores Padierna calificó la propuesta de “más oportuna que nunca” y acusó a los opositores de actuar como “defensores” de la Doctrina Monroe.
La Diputada petista Diana Karina Barreras defendió la reforma y aseguró que “la soberanía nacional no se negocia”, al argumentar que el texto protege la integridad de las elecciones frente a nuevas formas de injerencia internacional, como ciberataques, campañas digitales y financiamiento externo.
La reforma constitucional quedó complementada con modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, relativas a las causales de nulidad de votación en casilla y de nulidad de elecciones federales y locales.
Según el texto aprobado, la nulidad procederá cuando exista prueba plena y fehaciente de que gobiernos extranjeros, organismos internacionales, entidades privadas extranjeras o personas físicas o morales extranjeras hayan intervenido de manera directa o indirecta en el proceso electoral, y que dicha conducta resulte grave, dolosa y determinante para el resultado de la elección.
El dictamen también mandata al INE, a los organismos públicos locales electorales, al TEPJF y a los tribunales electorales locales revisar y adecuar sus disposiciones normativas y administrativas para garantizar el cumplimiento del decreto.