Cambian de juez en caso de Ernesto Ruffo y logran orden de aprehensión en su contra
La jueza que concedió la captura aclaró que el proceso corresponde resolverlo al juez que antes la había rechazado
Un cambio de juzgadora permitió a la Fiscalía General de la República (FGR) obtener la orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, luego de que un primer intento fuera rechazado en junio de 2026 por falta de pruebas. Horas después de su detención, inició la audiencia de imputación en su contra.
El 22 de junio de 2026, el juez de carrera judicial Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, negó las órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR contra 23 personas ligadas a una red de huachicol fiscal. El juzgador consideró que el Ministerio Público federal no fundamentó los delitos imputados y estimó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) no acreditó sus inferencias.
El 13 de julio de 2026, la FGR presentó una nueva solicitud de captura, esta vez ante Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de elección popular adscrita al mismo centro judicial en Almoloya de Juárez, quien concedió las órdenes al día siguiente contra 25 imputados, entre ellos Ruffo Appel —señalado ahora como líder de la organización— y Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, accionista de las empresas Mapror de Hidrocarburos y Lambrucar. La juzgadora aclaró en su resolución que atendió el caso por encontrarse de guardia, aunque el proceso penal corresponde resolverlo al juez Elizondo Martínez.
“Se concluye que la participación de Ernesto Ruffo Appel y/o Ernesto Guillermo Ruffo Appel no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho, desde donde organizó, coordinó y ejecutó un esquema ilícito de carácter sistemático orientado a la introducción ilegal de hidrocarburos al territorio nacional, en perjuicio del fisco federal y del orden económico del Estado”, señaló la jueza Ramírez de la Vega al librar la captura.
Además de la orden de aprehensión, la juzgadora impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el ex gobernador y los demás acusados. La orden se giró por los delitos de delincuencia organizada, un delito en materia de hidrocarburos y contrabando, los dos primeros con prisión automática para el fundador del partido Somos México y primer gobernador de oposición en México.
Tras más de 30 horas de su detención en Ensenada, Baja California, inició la noche del 17 de julio de 2026 la audiencia de imputación contra Ruffo Appel y otros siete presuntos implicados, quienes comparecieron por videoconferencia desde la sede de la FEMDO en la Ciudad de México ante la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. La diligencia inició a las 22:00 horas, con retraso derivado de recesos decretados a lo largo del día por fallas para interconectar a las defensas de los ocho detenidos, además de que algunos abogados solicitaron tiempo para conversar con sus clientes.
En la audiencia también comparecieron Ricardo Thompson Navarro, dueño de Servicios Portuarios, S.A. de C.V. y exvocal de la empresa Ingemar —de la cual Ruffo Appel es socio y fundador—; José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, fundadores y accionistas de Internacional de Fundentes, S.A. de C.V., ubicada en el corredor industrial de Saltillo, Coahuila; Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista de Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., con sede en la zona industrial de San Luis Potosí; el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez y su dependiente autorizado Luis Antonio Barrientos Juárez.
De acuerdo con lo previsto en casos similares, en los que los imputados comparecen desde las oficinas de la FEMDO, es probable que sean trasladados al Penal del Altiplano en caso de que la jueza les decrete la prisión preventiva oficiosa. La diligencia se prolongaría durante varias horas por tratarse de un caso con numerosos datos de prueba que los fiscales debían enumerar ante la juzgadora.