Caso Ayotzinapa: CNDH niega exonerar al Ejército en recomendación
La CNDH defendió su recomendación 208VG/2026 sobre el caso Ayotzinapa, la cual, enfatizó, fue originada a partir de una queja directa presentada por las madres y padres de los 43 normalistas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechazó los señalamientos de que la reciente recomendación 208VG/2026 sobre el caso Ayotzinapa busca quitar responsabilidades a las Fuerzas Armadas sobre su presunta participación en la desaparición de 43 normalistas en septiembre de 2014.
El pasado 9 de julio, la Comisión emitió una recomendación de 867 páginas sobre el caso en el que cuestionó los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, así como de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y de organizaciones civiles.
La publicación generó criticas, así como un llamado a las autoridades mexicanas a respetar la labor de los activistas que trabajan en el proceso de búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Incluso la Presidenta Claudia Sheinbaum deslindó a su administración del informe de la CNDH al mencionar que no tuvo ninguna participación en su elaboración, pero instruyó a la Secretaría de Gobernación a realizar un análisis detallado.
Este domingo, más de 15 días después, el organismo publicó un pronunciamiento oficial titulado “Verdades y mentiras de la Recomendación 208VG/2026”, mediante el cual descartó las acusaciones en su contra, defendió la legalidad de sus procedimientos y reiteró que su informe deriva de una nueva queja interpuesta por los padres de las víctimas en junio de 2021, por lo que descartó que se trate de una recomendación “viciada de origen”.
En el documento, la CNDH aclaró que no posee facultades para exonerar ni defender a nadie, ya que esa labor de investigación y sanción corresponde exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales y al Ministerio Público.
Además, argumentó que inició su proyecto buscando comprobar la responsabilidad institucional del Ejército, pero concluyó que no hubo participación de elementos militares en los eventos violentos del 26 y 27 de septiembre, descartando por completo la existencia de un plan de “contrainsurgencia” o una estrategia de exterminio.
CNDH detalla procesos en caso Ayotzinapa
Frente a la crítica de que la CNDH deslindó al Ejército pese a las evidencias, la institución aseveró que su documento aborda a detalle los casos de 20 militares que se encuentran bajo proceso penal, entre ellos los entonces comandantes del 27 y 41 Batallón de Infantería.
Sobre la exigencia judicial para que la Secretaría de la Defensa Nacional exhiba 853 folios de inteligencia que presuntamente oculta, el organismo indicó que incluyó en la recomendación la respuesta oficial entregada por las autoridades militares frente a dicho requerimiento.
Además, negó haber omitido el papel del 27 Batallón de Infantería, destacando que dicha unidad militar se menciona en 76 ocasiones a lo largo del texto investigativo.
El pronunciamiento también rechazó que la Comisión haya intentado ocultar que la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” estaba infiltrada.
Sobre este punto, la CNDH señaló que el soldado que causó alta como alumno y que, según dijo, fue injustamente criminalizado y revictimizado por casi 12 años por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ-Ayotzinapa), fue mencionado 69 veces en la recomendación.
Qué establece la recomendación, según la CNDH
Tras la publicación para defender su informe, la CNDH emitió 11 puntos sobre su recomendación, enfocados en la atención a víctimas, el avance de las investigaciones y el fortalecimiento institucional.
En materia de reparación integral, el organismo instó a la CoVAJ y a diversas autoridades a garantizar la inscripción de todas las víctimas directas e indirectas en el Registro Nacional de Víctimas, además de encomendar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas garantice la implementación de medidas que permitan la reconstrucción de sus proyectos de vida a casi 12 años de los hechos.
En el ámbito de la procuración de justicia y búsqueda, la recomendación, señaló el organismo, exige a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR agotar líneas de investigación pendientes.
Entre ellas destacan la colusión de autoridades estatales y municipales con el crimen organizado, la cadena de mando único, el tráfico de drogas mediante autobuses, y la conclusión de las indagatorias sobre la actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Semar, la Procuraduría General de la República, así como las policías Federal y Ministerial.
Asimismo, indicó que pide reactivar las gestiones de extradición con Estados Unidos de personas relacionadas con el caso Ayotzinapa.
Entre las medidas complementarias, la CNDH señaló que el documento propone elaborar un plan general de rescate y fortalecimiento de las escuelas normales rurales junto a la SEP, impulsar una reforma a la Ley General de Archivos en materia de derechos humanos.
Finalmente, detalló que hace un llamado al gobierno de Guerrero y a municipios clave como Iguala, Cocula y Huitzuco a profesionalizar sus fuerzas de seguridad en cultura de paz y derechos humanos.
Las críticas y el llamado a autoridades
En respuesta a la publicación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) afirmó el 10 de julio que la CNDH muestra una clara falta de autonomía y acusó al organismo de proteger al Ejército al eximir su responsabilidad institucional.
En su pronunciamiento, el Centro Prodh sostuvo que el documento “nuevamente muestra su falta de autonomía al eximir la responsabilidad institucional del Ejército, desacreditar organismos internacionales y esfuerzos institucionales, así como a la sociedad civil, mostrando una profunda insensibilidad a las demandas de las familias de los estudiantes desaparecidos”.
La organización afirmó que la CNDH deslinda de responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional al sostener que no existen evidencias para acreditarla, pese a que hay militares vinculados a proceso por el caso.
En tanto, el abogado Alejandro Martínez, extitular de la Dirección Especial para el caso Ayotzinapa de la CNDH, dijo que la recomendación del organismo respondía a “intereses contrarios a las víctimas y carece de rigor técnico”.
En un comunicado, el extitular del caso se pronunció en contra de la recomendación 208VG/2026 que tiene el objetivo de obstaculizar el acceso a la justicia y proteger a servidores públicos imputados de cometer graves violaciones a los derechos humanos.
“La recomendación responde a intereses contrarios a las víctimas, carece de rigor técnico y es producto de la simulación de un proceso de investigación, llevado a cabo durante más de cuatro años, con el objetivo de obstaculizar el acceso a la justicia y proteger a servidores públicos imputados de cometer graves violaciones a los derechos humanos”, aseguró.
Por su parte, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a respetar la labor de los activistas, que trabajan en el proceso de búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cesar toda forma de estigmatización y descrédito, y garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de su labor.
Para la relatora de la ONU, la recomendación de la CNDH deslegitima las labores previas de investigación y esclarecimiento realizadas por instancias clave como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, los cuales, consideró, fueron fundamentales para lograr avances significativos.
“El derecho a promover, proteger y defender los derechos humanos está protegido, y los Estados tienen la obligación de actuar sin demora frente a la estigmatización y criminalización que enfrentan quienes lo ejercen”, aseguró en un mensaje publicado en sus redes sociales.
Asimismo, exhortó a las autoridades mexicanas a respetar la labor de las personas defensoras de derechos humanos a cesar toda forma de estigmatización y descrédito, y garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de su labor.