Chocan versiones de ex director de Aduanas y FGR por caso Ruffo

La acusación formal de la FGR descarta que el ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, haya sido engañado y lo coloca directamente en la cúpula de la red

Aunque el ex director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, aseguró que el órgano a su cargo logró detectar y frenar, en su momento, el presunto contrabando de combustible ligado al ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, la investigación de la Fiscalía General de la República concluye que la red criminal introdujo exitosamente 163 ferrotanques con más de 18 millones de litros de hidrocarburo antes de ser descubierta por una denuncia ciudadana.

Este miércoles, en entrevista con Azucena Uresti, el ahora aspirante a la coordinación de la “Cuarta Transformación” en el estado de Quintana Roo, Marín Mollinedo afirmó que desde su llegada al cargo se pusieron a revisar los pedimentos aduanales, detectando las irregularidades de la empresa Ingemar S.A. de C.V, relacionada con la presunta red de huachicol fiscal, en la frontera.

“Nosotros eso lo reportamos a la fiscalía y la fiscalía se encargó de armar las carpetas... logramos parar ese delito”, aseguró el ex funcionario aduanal.

Sin embargo, la orden de aprehensión de la FGR a la que Animal Político tuvo acceso, detalla que el fraude aduanero no se detuvo a tiempo. La fiscalía documentó que la red logró introducir al país 163 ferrotanques con 18 millones 225 mil 657.86 litros de petrolíferos (diésel y gasolina) de manera ilícita evadiendo regulaciones y el pago de impuestos.

Además, el expediente oficial precisa que el hallazgo inicial no ocurrió en las aduanas fronterizas, sino el 2 de julio de 2025 tras una denuncia anónima por un “fuerte olor a gasolina” que llevó a la policía a encontrar 33 de estos ferrotanques abandonados sobre las vías del tren en Ramos Arizpe, Coahuila.

El papel de Ernesto Ruffo Appel en la red de contrabando

Al ser cuestionado sobre si es posible aceptar el argumento de la defensa de Ernesto Ruffo Appel, socio de Ingemar, respecto a que la compañía solo hacía las peticiones aduanales y la responsabilidad era de la empresa transportista que contrataron, Marín Mollinedo respondió con cautela.

“Pues pudiera ser, no sé, eso ya no depende de mí... definitivamente yo no acuso a nadie, la verdad que no tengo interés en perjudicar a nadie”, declaró el ex funcionario, negándose a emitir un juicio de culpabilidad anticipado.

En contraste, la acusación formal de la FGR descarta que el ex Mandatario haya sido engañado y lo coloca directamente en la cúpula de la red. La fiscalía le imputa a Ernesto Ruffo y a su socio José Merino Valdés el delito de delincuencia organizada, señalando que ejercían “funciones de dirección y administración”.

De acuerdo con la FGR, ambos tenían el control corporativo de Ingemar y utilizaron la estructura de la empresa de forma reiterada para importar el hidrocarburo de contrabando, lo que “denota un fuerte indicio de liderazgo en la organización criminal”.

Agentes aduanales: ¿Simples ‘concesionarios’ o el motor técnico del cártel?

Para que el “huachicol fiscal” funcionara, la red subdeclaraba el volumen de combustible en la frontera. Durante su entrevista, Marín Mollinedo se deslindó del personal que validó estas entradas irregulares.

“Los agentes aduanales no están bajo mi fuerza. Agentes aduanales es una concesión que se le otorga”, argumentó el exdirector, añadiendo que son contratados directamente por los importadores y que son ellos quienes deben revisar que el pedimento venga en orden.

Por el contrario, la FGR establece que el contrabando masivo no habría sido posible sin la “intervención activa” de los agentes aduanales. La investigación concluye que agentes como Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Víctor José Carretero Zardeneta fueron “pieza clave para que la mercancía ingresara de manera ilícita a territorio nacional”, ya que se encargaron de hacer los trámites y estamparon su firma electrónica en decenas de pedimentos falsos.

Para la fiscalía, estos agentes no cometieron un simple error como externos, sino que actuaron con un propósito consciente, conformando una “coautoría funcional dentro de la estructura de delincuencia organizada”.