‘Con y sin Carlos Manzo, en Uruapan sigue el problema de la extorsión’: comerciantes viven entre cuotas y amenazas

A un año del asesinato de Carlos Manzo, Animal Político hizo un recorrido nocturno por Uruapan para entrevistar a dueños de restaurantes y locales. Entre retenes y patrullas, reconocieron menos abusos de policías y agentes de tránsito, pero relatan amenazas, ataques y cobros del crimen organizado

El cigarrillo desprende delgados hilos de humo azulado desde un cenicero con varias colillas. De fondo suenan Cerati y Soda Stereo. Pasan de las diez de la noche del 21 de octubre y don Fede, un empresario veterano de la noche de Uruapan, habla sentado en un rincón apartado de su local. Tiene una sonrisita casi permanente, de suficiencia, como si le diera flojera explicarle al periodista lo que todo el mundo sabe: aquí el narco cobra por dejarte trabajar.

Lo llamaremos don Fede. Pide reservar su nombre, el de su establecimiento y su ubicación. No quiere problemas con la maña.

“Mira, intentos de extorsión por llamada hay mínimo uno o dos por semana. Y hay gente que sí cae, aunque va a la baja porque cada vez es más sabido ese modus operandi. Yo aquí ya les tengo dicho a mis muchachos y muchachas que solo cuelguen y ya. Que no caigan”, explica envuelto en una nebulosa violácea.

Las llamadas, dice, se pueden cortar. Lo que realmente da miedo es que los hombres lleguen a la puerta.

“Esa gente te llega aquí a la puerta de tu establecimiento, con camionetas y toda la cosa, y se bajan unos chavos armados y te dicen: a ver, cabrón, somos tal y te vamos a cobrar tanto. Y no le puedes pagar a nadie más que no sea a nosotros”.

El problema se complica cuando después llega otro grupo. Y luego otro. Don Fede dice que, asfixiados por los cobros de piso, hay empresarios que terminan por cerrar e irse de Uruapan.

“Antes había más orden dentro del desorden. Cuando solo era un grupo o dos, pero ahora son muchísimos”.

Un año antes, el especialista en seguridad David Saucedo había identificado en entrevistas con Animal Político la presencia de cuatro grupos en Uruapan: el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, Los Viagras y Los Blancos de Troya. La cobertura señalaba al primero como el de mayor presencia. Los comerciantes y taxistas ya denunciaban entonces que distintos grupos les cobraban por separado.

Ha pasado un año desde que asesinaron a Carlos Manzo, el Alcalde que se hizo conocido por salir con chaleco antibalas a los operativos y denunciar públicamente a los grupos criminales. Lo mataron el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de Velas, en la Alameda, delante de su familia y de los ciudadanos que acudieron al evento.

Después del asesinato, Grecia Quiroz, la viuda de Manzo, asumió la presidencia municipal. El Gobierno federal lanzó el Plan Michoacán, con refuerzos militares, acciones contra la extorsión y programas de desarrollo. En los recorridos por la ciudad hay retenes y patrullas. Los comerciantes reconocen algunos cambios, como la disminución de los cobros de policías y agentes de Tránsito. Pero la extorsión del crimen organizado sigue siendo la queja recurrente.

’Con Carlos Manzo y sin Carlos Manzo, sigue la extorsión’

Dos noches antes, el 19 de octubre, el periodista llega a un pequeño restaurante a las 21:13 horas. En el trayecto pasó por varios retenes del Ejército y la Guardia Nacional. Los agentes, en silencio, le dieron el paso sin detener el coche.

Dentro del local se escucha ruido de sartenes. El dueño baja la voz cuando alguien entra o bien cuando la mesera se acerca a preguntar si todo está bien. También pide que se reserve su identidad y la del local. Lo llamaremos Carlos.

“Tuve que cerrar un tiempo. Porque ya van dos intentos de levantarme”.

Cuenta que los hombres llegaron primero cuando él no estaba. Les dijeron a sus empleados que no podían trabajar hasta que pagara. Volvieron un sábado para insistir. El lunes, cuando fue a abrir, encontró el restaurante baleado. l ataque ocurrió en marzo pasado.

“Después del aviso llegaron otra vez y ya me pedían 50 mil bolas al mes”.

Se ríe con desgana mientras juguetea con sus manos. El recuerdo lo pone inquieto.

“Nambre, eso era una locura. Les di 20 de entrada y luego tres al mes. Les dije que no podía más y ni modo. Por suerte, lo aceptaron porque ellos también saben que este localito no da para esa cantidad desorbitada de dinero”.

A continuación, toma uno de los celulares que tiene sobre la mesa y muestra una grabación de las cámaras del establecimiento. En las imágenes, tres jóvenes se acercan a la entrada. Uno lleva un polo azul marino y gorra. Antes de entrar, otros se anudan paliacates para taparse el rostro.

Carlos dice que llegaron armados.

“Estos perros son los que están por todo Uruapan”.

Habla también de un vecino al que, según supo, fueron a cobrarle la semana anterior a esta entrevista. No quiere saber cuánto le pidieron ni involucrarse.

“Con Carlos Manzo y sin Carlos Manzo, en Uruapan sigue el problema de la extorsión. Es el gran problema que seguimos teniendo. Te dicen que denuncies, pero yo lo hice y jamás pasó nada. Al contrario, me puse más en riesgo”.

En las bases municipales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Uruapan acumuló 74 registros de extorsión entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, frente a 62 en los mismos once meses anteriores: un aumento del 19.4 por ciento.

Pero esas cifras apenas muestran una parte del problema. La extorsión es uno de los delitos con mayor cifra negra en México. De hecho, cuando se les mencionan los números oficiales, los empresarios y encargados de locales entrevistados sueltan una risa unánime: aseguran que son muchos más. Hablan del miedo a las represalias, del control de los grupos criminales y de la desconfianza en las autoridades. Pagar y callar, explican, es menos peligroso que denunciar.

Grecia Quiroz reconoce que el problema persiste. En entrevista con Animal Político, el 20 de octubre, afirma que lo plantea cuando participa en las mesas de seguridad, a las que, dice, no siempre la invitan.

“Son los propios ciudadanos los que se quejan, los que dicen que la extorsión sigue y que hay algo que se debe hacer”.

La Alcaldesa sostiene que su administración realiza los operativos que le corresponden y atiende la seguridad de proximidad. “Es un tema en el que nosotros no hemos quitado el dedo del renglón”.

Víctor Hugo de la Cruz, regidor del Movimiento del Sombrero, conocido como ‘Saladitas’, tampoco niega las extorsiones.

“No podemos decir que todo está bien porque sería caer tanto en el egocentrismo como en querer maquillar cosas, y es algo que no vamos a hacer”.

El Regidor reconoce que para un comerciante amenazado, el Ayuntamiento es la autoridad más cercana, pero insiste en que hay que denunciar los delitos. Acto seguido, cuenta el caso de una comerciante que sufrió asaltos y tardó en avisar por miedo. Después, relata, reclamó en una reunión con empresarios que no le hubieran resuelto el problema, pero seguía sin presentar una denuncia. Para él, la colaboración es indispensable.

“Claro que tenemos miedo, claro que hay situaciones de miedo en diferentes ciudadanos. Pero si no colaboran, si no ponen las denuncias, es atar de manos a la autoridad municipal”.

Carlos, el restaurantero, asegura que sí denunció. Pero, aún así, su relato termina con el pago a la delincuencia.

’La economía perversa del narco’

A las 22:10 horas de ese mismo 19 de octubre, otro encargado de un establecimiento nocturno habla afuera de su local. Lo llamaremos Jorge. Mira a su alrededor, pendiente de los coches y taxis que se acercan. No quiere a sus empleados cerca. No confía en nadie, dice por lo bajo.

Su experiencia con los agentes municipales ha cambiado.

“Antes de Grecia y de Carlos, a mí me paraban por cualquier cosa la policía local o los tránsitos de acá y te extorsionaban. Antes hasta te seguían para extorsionarte. Ahora eso ya no es así. Eso sí ha cambiado, al menos según mi experiencia”.

Jorge también comenta ver más patrullas municipales. De Grecia piensa que hace lo que puede con lo que tiene: “Claro que todos quisiéramos que se hiciera más, pero es lo que tenemos”.

Juan Daniel Manzo, hermano de Carlos y subsecretario de Gobernación del gobierno morenista de Michoacán, reconoce un cambio parecido durante la administración de su hermano.

“Tampoco con Carlos se resolvió el problema de la extorsión, pero de alguna manera se atendió. Lo que se resolvió fue la extorsión institucionalizada, la de los agentes de policía local y tránsito”.

Actualmente, Juan Daniel es uno de los críticos más duros de Quiroz. Sostiene que la extorsión continúa y que los testimonios de ciudadanos denunciando cobros de agentes de Tránsito están regresando. Conrado Paz, diputado local del PRD elegido con el Movimiento del Sombrero y después separado de él, también denuncia ese regreso.

Grecia defiende la actuación municipal y recuerda las instrucciones que Carlos dio a los policías al asumir el cargo: “Les dijo que aquí no se iba a robar, no se iba a extorsionar, no iba a haber abuso de autoridad y que no los quería encapuchados. Que ellos, como policías, tenían que presentar su rostro a la ciudadanía para generar confianza”.

El empresario Jorge describe otra forma de presión. A él le ha tocado ver que lleguen a imponer lo que debe venderse en un negocio.

“Llegan y te dicen: tú me vas a comprar mi producto y lo vas a vender en tu local, y luego paso a por las ganancias. O sea, yo vendo esto, cómpramelo. Y no se lo vas a comprar a nadie más”.

A veces, añade, ni siquiera se plantea una compra. “Solo te dicen: aquí te dejo esto, luego paso por el dinero”.

—¿Y si no aceptas, qué pasa? —se le cuestiona.

El hombre sonríe con desgana, un gesto que se repite mucho entre la ciudadanía de Uruapan. Mantiene las manos en los bolsillos del cortavientos y encoge los hombros. Explica que ha habido varios casos de negocios incendiados en los últimos años en la ciudad, e imagina que algunos pueden responder a negativas o desacuerdos con quienes imponen las condiciones. No lo dice expresamente, pero se refiere al crimen organizado.

Don Fede también habla de cómo los cobros alcanzan otras actividades. Dice que los taxistas pagan cuotas y que una parte de ese costo termina trasladándose al pasajero. Se recarga en la silla y suelta otra risotada frente al humo que emana del cenicero.

“Porque al final el perjudicado de siempre es el consumidor. Y lo mismo pasa con las tortillerías o las panaderías, que trasladan el alza por la cuota del narco al ciudadano”.

Vuelve a inclinarse hacia delante y bebe de la botella de cerveza.

“Es una economía perversa. La economía perversa del narco, pues”.

’Todo es Manzo, ¿pero y el municipio?’

Al día siguiente de la entrevista con Grecia, en un café del centro, un ciudadano se pasa una servilleta por la frente. Hace calor. Está molesto por los asaltos que, dice, ocurren a plena luz del día.

Recuerda el de una casa de empeño la semana anterior y cuestiona que la presencia de agentes federales y de la Fiscalía no impida los robos.

“Nadie le pregunta a Grecia por cosas de su gestión. Todo es Carlos Manzo, Carlos Manzo y Carlos Manzo. ¿Pero y el municipio? ¿Y la seguridad? ¿Y las extorsiones?”.

El 16 de octubre, hombres armados asaltaron una casa de empeño en la avenida Francisco Sarabia, en la colonia Morelos. Azteca Noticias reportó que amagaron a empleados y clientes durante el día y que las cámaras grabaron el robo.

Un mes antes, la noche del 19 de septiembre, hombres armados habían robado a clientes y trabajadores del Café La Lucha, en el Paseo Lázaro Cárdenas. Según la cobertura de Quadratín, siete personas recibieron atención por crisis nerviosa. Se trata de uno de los cafés más populares y de mayor solera de Uruapan.

Los registros municipales de robo a negocio pasaron de 125 en los once meses anteriores al asesinato de Manzo a 195 entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026: un aumento del 56%. El aumento se concentra en los clasificados sin violencia, que pasaron de 38 a 114. Los registrados con violencia bajaron ligeramente, de 87 a 81.

Conrado considera insuficiente la respuesta policial del actual gobierno de Grecia Quiroz.

“Tú le puedes llamar a la policía en este momento y no va a llegar. No porque no quieran, sino porque no tienen la capacidad de cubrir las necesidades actualmente. Y esa responsabilidad sí recae en la alcaldía, en la presidenta municipal”.

También describe una extorsión extendida entre los negocios:

“El tema de la extorsión está a tope. Podemos contar los negocios que no están cubriendo una cuota mínima al crimen organizado”.

¿Y el Plan Michoacán?

La noche del martes 20 de octubre, a las 21:11 horas, tres agentes de la Guardia Nacional permanecen frente a la Alameda, junto a una patrulla con el motor encendido y las luces prendidas. A unos pasos está la jardinera donde cayó asesinado Carlos Manzo.

Bajo los portales pasan comerciantes que recogen sus puestos. Algunos saludan a los guardias. Ellos responden con un leve movimiento de cabeza. La farmacia junto a la que están apostados comienza a cerrar con cierta urgencia.

Otro agente vigila desde la batea de la patrulla. Lleva casco y chaleco antibalas y sostiene una ametralladora con ambas manos. Por la calle que rodea la Alameda pasan camionetas con trabajadores de limpia y jardinería que portan chalequitos fluorescentes.

Hace un año, por esa misma calle, Animal Político vio pasar camionetas con gente en la batea. Entonces tocaban el claxon y gritaban con rabia: “Carlos no murió, el Estado lo mató”. Ahora los vehículos avanzan despacio, en fila, como una procesión. Nadie grita, ni alza la voz. Apenas son las nueve de la noche y en ese tramo del centro de Uruapan el silencio tiene algo de fúnebre.

Grecia afirma que la presencia federal fue uno de los compromisos que obtuvo de la presidenta Claudia Sheinbaum después del asesinato.

“Hubo un despliegue del Ejército y de la Guardia Nacional que hasta hoy puedo decir que siguen aquí”.

Sostiene que la Policía Municipal, el estado y la Federación se coordinan cuando hay operativos o hechos relevantes. “En ese tema, hasta hoy puedo decir que se ha cumplido”.

La plantilla municipal, sin embargo, es motivo de disputa. En septiembre fueron separados 109 policías, según la cifra difundida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Quiroz defendió las bajas porque los agentes no habían acreditado controles de confianza o no cumplían todos los requisitos para permanecer en funciones. El gobierno estatal rechazó haber ordenado las separaciones. Juan Manzo ofrece otra explicación: “Dijeron que no pasaron los controles de confianza, pero en realidad es por la falta de recursos económicos. No tenían para pagarles”. Considera que el despliegue federal no sustituye una policía municipal con capacidad suficiente. “Porque si mañana dicen que se van, se van. Pasa algo en otro lado y se van a tener que ir, ¿y entonces qué hacemos?”.

En tanto, ‘Saladitas’ defiende las compras de patrullas y la gestión de un cuartel con academia de policía. Su respuesta es que están fortaleciendo una corporación que recibieron corrupta y con muy poco equipamiento.

“No vamos a poder erradicar la inseguridad que se vive desde hace 20 años en todo el país, porque no se vive nada más en Uruapan, pero estamos trabajando por mejorarla poco a poco”.

Las cifras muestran cambios distintos según el delito. Los registros de robo de vehículos con y sin violencia sumaron 526 entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, frente a 838 en los once meses anteriores: una reducción del 37.2%. La caída fue mayor en los robos con violencia, que pasaron de 515 a 255.

Los registros de homicidio doloso disminuyeron un 8%, de 125 a 115, mientras los de extorsión y el total de robos a negocio aumentaron.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia fue presentado el 9 de noviembre de 2025. Además del refuerzo de seguridad, incluyó acciones de educación, salud, infraestructura y desarrollo económico. La inversión anunciada superó los 57 mil millones de pesos para el conjunto del plan en el estado. En materia de extorsión, el gobierno prometió subsedes para agilizar las denuncias, unidades especiales y operadores de la línea 089 asignados a Michoacán.

“Todo está igual”

Pero el ciudadano del café dice que no percibe esos cambios en su vida diaria. Hincha el pecho y levanta una mano para imitar el tono solemne de los anuncios de la Presidencia: “Se detuvo a fulano en el marco del Plan Michoacán”, dice. “Se hizo tal cosa por instrucciones de la presidenta y en el marco del Plan Michoacán”, añade.

“Pero la verdad es que la gente aquí vemos que todo está igual de mal que hace un año”.

Grecia Quiroz también transmite una evaluación negativa, aunque la atribuye a lo que escucha de empresarios y ciudadanos.

“Ellos son los que dicen que ese plan simplemente fue una manera de apagar o calmar un poquito las aguas de lo que acababa de suceder con la muerte de Carlos. No han visto avances”.

Otras personas la miran con más comprensión. A las dos de la tarde, un taxista mueve con esfuerzo la palanca de cambios de su viejo Nissan por la carretera Pátzcuaro-Uruapan. Considera que la ciudad está tranquila para quien “anda bien” y distingue esa tranquilidad de los homicidios de los que se entera. Después vuelve a Grecia.

“Yo creo que está haciéndolo bien después de su marido Carlos. Porque sí no está fácil para ella sola”.

En los negocios visitados de noche, las cuentas son más concretas. Carlos, el restaurantero, dice que le exigían 50 mil pesos mensuales y que consiguió pagar menos. En el teléfono guarda la grabación de los jóvenes que entraron al local.

Don Fede lo resume desde su rincón, entre el humo y la música, y su sonrisa irónica:

“A pesar de los militares y de tanta cosa que dicen que están haciendo, mucha gente sigue cerrando negocios o marchándose de Uruapan. Porque muchos ya no trabajan para mantener a sus familias. Con tanta cuota, ya trabajan para la delincuencia organizada”.