Congreso avalará esta semana cuatro reformas judiciales y electorales que redefinirán elecciones en México

El INE advierte que no puede determinar por sí solo vínculos de aspirantes con el crimen organizado, pese al nuevo mecanismo de integridad electoral

El Congreso de la Unión se perfiló para aprobar en un periodo extraordinario de sesiones cuatro iniciativas de reforma —dos presidenciales y dos legislativas— que posponen al primer domingo de junio de 2028 la segunda elección del Poder Judicial de la Federación (PJF), crean un mecanismo para impedir candidaturas con vínculos al crimen organizado, establecen la nulidad de comicios por intervención extranjera y modifican el sistema de medios de impugnación electoral, todo ello con los votos de Morena y sus aliados parlamentarios.

La apertura del periodo extraordinario se convocó para el martes 26 de mayo de 2026 a las 16:00 horas, con sesión de Congreso General, seguida una hora después de sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para dar primera lectura a las reformas constitucionales. El plan legislativo prevé que el miércoles 27 del mismo mes y año se aprueben en San Lázaro tanto las modificaciones constitucionales como las leyes secundarias, para que las minutas sean remitidas al Senado de la República al día siguiente. Posteriormente, las minutas pasarán a los congresos locales para su aprobación en un procedimiento expedito, con miras a la declaratoria de constitucionalidad y su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La primera iniciativa presidencial reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial de la Federación. La propuesta, enviada formalmente al Congreso de la Unión el 20 de mayo de 2026 por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), pospone la renovación de 463 magistrados de circuito, 385 jueces de distrito y centenares de cargos locales en 25 estados de la República. En el ámbito federal, también estaría en disputa la renovación de cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con una vacante pendiente desde que la magistrada Janine Otálora no aceptó la ampliación de su encargo. La iniciativa plantea asimismo la creación de una Comisión Coordinadora para homologar criterios de evaluación entre los comités del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y simplificar las boletas al incluir únicamente dos candidatos por cargo y especialidad, frente a las listas extensas que caracterizaron la elección judicial de 2025.

La segunda iniciativa presidencial reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, organismo adscrito al Instituto Nacional Electoral (INE) con el objetivo de impedir que aspirantes con posibles vínculos con la delincuencia organizada participen en los comicios de 2027. Según detalló Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), el nuevo órgano estará integrado por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE para un periodo de tres años. La participación de los partidos políticos en el mecanismo sería voluntaria: los institutos políticos entregarían a la comisión las listas de sus aspirantes a candidatos, la comisión las remitiría a la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y estas dependencias determinarían si existe o no un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada. Con base en esa información, cada partido decidiría de forma autónoma si registra o no la candidatura.

La iniciativa surgió de los hallazgos de la Operación Enjambre, mediante la que fueron detenidos alcaldes y ex alcaldes acusados de haber recibido apoyo del crimen organizado para ganar sus elecciones. Entre los casos derivados de dicha operación destaca el del individuo identificado como “El Barbas”, señalado de haberse reunido con los alcaldes de Atlatlahuacan y Cuautla —ambos municipios del estado de Morelos— electos en los comicios de 2024. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había presentado la propuesta el 21 de mayo de 2026 durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, y subrayó que la iniciativa alcanzaría a “cualquier partido político” con el propósito de que no figurara en la boleta de 2027 “algún candidato o candidata que hubiera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”.

Sin embargo, Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del INE, advirtió públicamente el 25 de mayo de 2026 que la autoridad electoral no cuenta con atribuciones ministeriales ni judiciales para determinar por sí misma si un aspirante representa un riesgo de vínculos con organizaciones criminales. Taddei Zavala demandó a los legisladores que el texto de la reforma delimite con claridad que el INE actuará únicamente como intermediario entre los partidos y las cuatro dependencias de seguridad e inteligencia competentes, sin emitir diagnóstico alguno. “El Instituto Nacional Electoral es una autoridad estrictamente administrativa, no es un órgano ministerial ni judicial”, declaró la funcionaria, quien alertó además que en la elección de 2027 estarán en disputa alrededor de 20 mil cargos de elección popular, con más de 140 mil personas como aspirantes a candidatos.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, presentó por su parte dos iniciativas complementarias. La primera reforma el artículo 41 constitucional y la legislación secundaria para establecer la nulidad de elecciones cuando se acredite la participación de gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros en el proceso electoral, incluyendo financiamiento ilegal, manipulación digital, desinformación sistemática o presión política o diplomática. La segunda modifica el sistema de medios de impugnación en materia electoral. Monreal Ávila calificó el paquete reformador como una demanda “casi unánime” entre actores electorales e institucionales, y adelantó que la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro dictaminaría las iniciativas el martes 26 de mayo de 2026 para someterlas al pleno de la Cámara de Diputados el miércoles del mismo mes y año.

Las cuatro iniciativas se inscriben en un contexto legislativo de intensa actividad reformadora que abarcó los últimos meses. La Cámara de Diputados declaró constitucional el 14 de abril de 2026 el denominado Plan B en materia electoral, impulsado por la presidenta Sheinbaum Pardo, luego de que 19 legislaturas estatales —Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México— avalaran los cambios a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución.

Dicha reforma fija en 15 el número máximo de regidurías en los ayuntamientos, topa en 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad los recursos anuales de los congresos locales, establece que los consejeros electorales, magistrados electorales y altos funcionarios del INE, organismos electorales locales y tribunales electorales no podrán percibir remuneraciones superiores a las de la presidenta de la República, y ordena que a partir de 2027 el presupuesto del Senado de la República se reduzca progresivamente hasta alcanzar una disminución acumulada del 15 por ciento en cuatro años respecto al presupuesto de 2026.

El debate respecto a las remuneraciones del Poder Judicial que antecedió a la reforma estructural de 2024 tuvo como uno de sus detonadores la exhibición pública de tablas con los ingresos mensuales de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cifras que según las proyecciones oficiales del entonces Gobierno Federal ascendían a 792 mil 258 pesos en el caso de un ministro, incluyendo sueldo base y una amplia gama de prestaciones adicionales. El PJF sostuvo en su momento que ninguno de sus 14 fideicomisos beneficiaba directamente a los ministros del máximo tribunal, sino que servían para cubrir derechos laborales de más de 55 mil trabajadores judiciales, entre ellos pensiones complementarias, apoyos médicos y fondos de retiro. La extinción de 13 de esos 14 fideicomisos, aprobada por el Congreso de la Unión a partir del 17 de octubre de 2023, desató una cadena de suspensiones judiciales, paros laborales y acciones legales que se prolongaron durante meses, hasta que la reforma judicial de 2024 reconfiguró de manera estructural el sistema de nombramiento de juzgadores en el país.

Una vez aprobadas por el Senado de la República, las cuatro reformas del periodo extraordinario deberán ser ratificadas por las legislaturas locales y publicadas en el DOF, proceso que el oficialismo aspira a completar en el menor tiempo posible para dotar de certidumbre jurídica al proceso electoral de 2027 y al nuevo ciclo de renovación del Poder Judicial previsto para junio de 2028.