Constructor de la “casa blanca” movió más de 100 millones de dólares: #PanamáPapers
"En la administración mexiquense y posteriormente en la Presidencia de la República, el actual mandatario otorgó alrededor de 60 mil millones de pesos en contratos de obra pública a las empresas de Hinojosa Cantú: Grupo Higa, Grupo Eolo y Constructora Teya, entre otras"
Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario constructor de la “casa blanca” del presidente Enrique Peña Nieto y financiador de la casa de Malinalco del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, movió una fortuna de más de 100 millones de dólares en paraísos fiscales del Caribe hacia Nueva Zelanda, en cuanto la Secretaría de la Función Pública abrió la investigación por conflicto de intereses en la cual estaba involucrado.
Hinojosa Cantú fue presentado ante el gigante en operaciones financieras Mossack Fonseca, especializado en crear empresas fantasmas, como uno de los empresarios más prominentes, de alto perfil y con los contactos necesarios para llevarles clientes mexicanos con más de 30 millones de dólares en inversiones.
A través de un pequeño despacho llamado D’Orleans & Bourbon Associates, con sede en Miami, Estados Unidos y en la Ciudad de México, se armó en apenas diez días una compleja estructura de sociedades internacionales a favor de Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario favorito del presidente de México.
El despacho panameño Mossack Fonseca, una de las cinco firmas más grandes del mundo especializada en la creación de empresas offshore, participó en el diseño del entramado internacional que consistió en la creación de sociedades británicas, integradas por fundaciones holandesas y fideicomisos neozelandeses.
El objetivo era gestionar a través de esta red offshore más de 100 millones de dólares en activos financieros que Hinojosa Cantú posee en distintas instituciones bancarias del planeta, y que le darían un rendimiento de cinco por ciento anual.
Los despachos tenían claro que esa cantidad sólo representaba una “pequeña parte” del patrimonio del contratista tamaulipeco, quien construyó la llamada “casa blanca” de la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera Hurtado, valuada en siete millones de dólares.
Los operadores financieros consideraban que sería una primera etapa en el camino que, en el futuro, les llevaría a administrar la fortuna de Hinojosa Cantú. Después querían que Hinojosa Cantú los presentara con potenciales clientes que manejaran fortunas de más de 30 millones de dólares.
La fortuna del empresario creció del erario y se disparó desde 2005 al amparo de los gobiernos de Enrique Peña Nieto. En la administración mexiquense y posteriormente en la Presidencia de la República, el actual mandatario otorgó alrededor de 60 mil millones de pesos en contratos de obra pública a las empresas de Hinojosa Cantú: Grupo Higa, Grupo Eolo y Constructora Teya, entre otras.
Esta fortuna a pesar de haber perdido un contrato por 3 mil 750 millones de dólares para el primer tren de alta velocidad en México. Después, fue apartado del grupo de empresas nacionales que buscaban ganar la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México en donde hay en juego una inversión de 169 mil millones de pesos, alrededor de 2 mil 783 millones de dólares.
Tras perder estos negocios, los más cuantiosos en su carrera empresarial de 28 años, se abrió la investigación oficial sobre un conflicto de intereses con el presidente Peña Nieto.
Fue entonces cuando Hinojosa Cantú decidió poner a salvo su dinero y usó como prestanombres a su madre, Dora Patricia Cantú Moreno, y a su suegra, María Teresa Cubria Cavazos, ambas de más de 80 años de edad y originarias de Reynosa, Tamaulipas.
Más de 100 millones de dólares de su fortuna circularon a través de siete países, algunos de ellos identificados como paraísos fiscales, hasta llegar a puerto seguro en Nueva Zelanda, de acuerdo con información interna del proveedor de servicios financieros con base en Panamá, Mossack Fonseca.
La investigación
El diario alemán Süddeutsche Zeitung con sede en Munich, recibieron millones de registros de una fuente confidencial y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que convocó a periodistas socios en todo el mundo.
Los más de 100 medios internacionales que participaron de la investigación no pagaron por el acceso a la información, que significa la mayor filtración de datos sobre lavado de dinero a nivel mundial.
Los registros filtrados provienen de la firma Mossack Fonseca, una empresa panameña, con sucursales en 48 ciudades del mundo, conocido por crear y administrar sociedades offshore, fundaciones y fideicomisos en paraísos fiscales.
Entre los mexicanos involucrados se encuentran el empresario mexiquense Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente Ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa.
¿Qué son los Panamá Papers?
376 periodistas, de 76 países, analizaron durante un año de 11.5 millones de documentos filtrados de sociedades en paraísos fiscales. La operatoria de 12 presidentes actuales, además de ex mandatarios nacionales, y así como de un centenar de políticos de todo el mundo, empresarios, celebridades y figuras del deporte.
Los archivos incluyen a no menos de 33 personas y compañías puestas en la lista negra del gobierno de los Estados Unidos por haber hecho negocios con capos de la droga mexicanos y con organizaciones terroristas como Hezbolá.
Los documentos, que van desde 1977 hasta el 2015, dejan en claro que grandes bancos impulsan de manera importante la creación de compañías difíciles de rastrear en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos offshore. Los archivos contienen más de 15 mil 300 compañías de papel, usadas para ocultar clientes de más de 200 países.
Las sociedades offshore son empresas que no registran ninguna actividad económica o comercial real. Si bien no es ilegal tener una firma en un paraíso fiscal, en muchos casos suelen ser utilizadas para transferir dinero, realizar operaciones financieras o abrir cuentas bancarias en el exterior, con atractivos beneficios impositivos y sin que se conozca a sus reales dueños.
Como parte de sus servicios, Mossack Fonseca ofrece la gestión de apertura de esas sociedades o la venta de una ya conformada, además de su administración, a través de un manager propio o de otras sociedades creada por ellos. Los directores, que suelen ser panameños y cumplen un rol formal, y hasta incluso, en algunos casos, los accionistas que van a aparecer en los registros, para evitar que se conozca el nombre real del beneficiario final.
La mayor parte de los servicios que la industria offshore provee son legales si los utilizan quienes obedecen a la ley. Sin embargo, los documentos del Panamá Papers demuestran que bancos, firmas legales y otros actores offshore no siempre siguieron los requerimientos legales para asegurarse de que sus clientes no estén envueltos en, por ejemplo, posibles maniobras de evasión de impuestos o lavado de dinero.
En algunas instancias, según muestran los archivos, intermediarios offshore se protegieron a sí mismos y a sus clientes ocultando transacciones sospechosas o alterando registros oficiales.