Crean comité plural para exigir la liberación de Ernesto Ruffo

El grupo, integrado por más de 44 personas, anuncia que acudirá a organismos internacionales para solicitar medidas cautelares a favor del ex Gobernador de Baja California, como el arresto domiciliario

Representantes de la sociedad civil, ex funcionarios y miembros de partidos políticos anunciaron este miércoles, en la Ciudad de México, la creación del Comité Plural por la Liberación de Ernesto Ruffo, integrado por más de 44 personas con el objetivo de que el ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, enfrente su proceso penal en arresto domiciliario y no en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano.

El comité será encabezado por Verónica Ruffo, hija del ex Mandatario estatal, y promoverá acciones ante instancias internacionales para obtener medidas cautelares que permitan la salida de Ruffo Appel de ese penal y que obliguen al Estado mexicano a garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso.

Verónica Ruffo manifestó que no confía en el proceso penal seguido contra su padre, acusado de pertenecer a una red de contrabando de hidrocarburos, por las inconsistencias y los abusos que, sostuvo, se han cometido en su contra.

Destacó que en el comité podrán participar todas las personas que han preguntado de qué manera pueden apoyar la causa.

“Este Comité cumple con ese propósito de unión y de organización de todas aquellas personas que alzaron la voz y que se siguen sumando para lograr justicia para mi padre”, afirmó.

Mariclaire Acosta, ex representante en México de Amnistía Internacional y fundadora de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, anunció que acudirán al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, instancia que, según explicó, puede emitir una respuesta rápida respecto al caso.

“La detención como la que se hizo contra Ruffo sucedía antes de que tuviéramos una transición a la democracia, era una práctica usual inventar cargos, crear responsabilidades. Todo esto se hace de nuevo con un despliegue masivo de propaganda gubernamental”, señaló durante la conferencia de prensa.

Agregó que la movilización lograda constituye el principal capital del comité y que se recurrirá a todos los mecanismos internacionales incorporados a la legislación interna.

Jorge G. Castañeda Gutman, ex Secretaria de Relaciones Exteriores, resaltó que por medio de la denuncia internacional pueden detenerse los abusos registrados en el caso y adelantó que también se acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de obtener medidas cautelares que protejan la integridad física y los derechos del ex Gobernador.

Además, cuestionó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunciara respecto a la culpabilidad del ex Mandatario estatal, cuando se impidió que fuera pública la audiencia en la que la Fiscalía General de la República presentó el caso ante la juzgadora.

“Indebidamente, ilegalmente, dijo la Presidenta que había muchas pruebas. A ver si alguien puede preguntar en las mañaneras: ¿cómo supo ella que había muchísimas pruebas?”, advirtió, al señalar irregularidades en el debido proceso.

Castañeda Gutman añadió que Sheinbaum Pardo no tiene derecho a conocer si existen pocas pruebas, muchas o ninguna.

Emilio Álvarez Icaza Longoria, integrante de Somos México y ex secretario ejecutivo de la CIDH, remarcó que corresponde a la autoridad demostrar la culpabilidad del imputado y no a la defensa o a la familia acreditar su inocencia.

“Se presume por mandato constitucional la inocencia y es la autoridad la que tiene que demostrar su culpabilidad”, expresó.

El ex funcionario internacional sostuvo que las audiencias debieron celebrarse de manera pública y que lo ocurrido constituye un manto de opacidad y discrecionalidad. Señaló que el abogado defensor ha planteado que lo expuesto en la audiencia no corresponde con lo que la FGR difunde públicamente.

“Yo tengo la absoluta convicción, porque tengo información, de que no es solo un inocente, sino que está siendo víctima de un abuso y de una persecución política”, declaró.

Álvarez Icaza Longoria explicó que se formarán comités de defensa en diversos estados y ciudades, particularmente en Tijuana, Mexicali y Ensenada, en Baja California, donde han solicitado sumarse a la defensa. También habrá un despliegue informativo en la Ciudad de México para exponer los hechos del caso.

Remarcó que se buscará que el ex gobernador lleve el proceso penal en su domicilio, por tratarse de una persona de 74 años que, según argumentó, no representa una amenaza para la seguridad nacional ni constituye un reo de alta peligrosidad.

Entre los integrantes del comité figuran el ex Presidente Vicente Fox Quesada, Alberto Cárdenas Jiménez, Carlos Medina Plascencia, Clara Jusidman, Edmundo Jacobo, Elena Chávez, Federico Döring, Fernando Canales Clariond, Francisco Javier Ramírez Acuña, Francisco Valdés Ugarte y Guadalupe Acosta Naranjo. También lo integran Israel Rivas, Jorge Triana, José Guadalupe Osuna Millán, José Ignacio Peralta, Juan José Rodríguez Pratts y Rubén Moreira Valdez, entre otros.

Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio pasado en Ensenada, Baja California, y vinculado a proceso el 23 del mismo mes junto con otras siete personas, por delincuencia organizada, contrabando y un delito en materia de hidrocarburos.

La FGR ha descrito el entramado como la mayor red de contrabando de hidrocarburos operada por vía férrea detectada en el País, con una imputación formal por 166 millones 466 mil 735.26 pesos y un daño que la institución busca acreditar por encima de los 4 mil millones de pesos.