Decisión del SAT sobre ONG es técnica, no política: Sheinbaum
La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre la revocación de autorizaciones a organizaciones civiles como donatarias responde a criterios técnicos y no a decisiones políticas.
Durante su conferencia matutina, la Mandataria reconoció que no tenía conocimiento previo sobre el conjunto de organizaciones afectadas por estas medidas: “Les voy a ser muy franca, no sabía las organizaciones (...) yo ni siquiera tenía conocimiento de cuántas eran”.
Sheinbaum explicó que este tipo de resoluciones son producto de análisis especializados dentro del organismo fiscal y que no existe intervención directa de la Presidencia en estos procesos. “No es que el SAT me pregunte: ‘Oiga, Presidenta, ¿le quito a esta organización la posibilidad de que no pague impuestos por una donación de una persona?”.
Insistió en que la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos se determina bajo lineamientos estrictamente técnicos e incluso hizo un llamado al organismo a publicar un comunicado al respecto, al reiterar que no se trata de “una decisión política del gobierno”.
Al hablar sobre el tema, la Presidenta también hizo referencia al caso de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, cuya situación, señaló, proviene de la administración anterior, la del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Sobre ese caso, mencionó que el argumento del SAT en su momento fue que la organización recibía financiamiento del extranjero, lo que derivó en la pérdida de su autorización para operar bajo ese esquema fiscal.
En México, más de 100 organizaciones de la sociedad civil han perdido la autorización para recibir donativos, mientras que otras 13 fueron dadas de baja por el SAT, bajo el argumento de que no cumplían con los requisitos legales vigentes.
De acuerdo con Amnistía Internacional, esta situación se inscribe en una tendencia regional en América Latina, donde se han implementado medidas restrictivas hacia organizaciones civiles, lo cual puede afectar su capacidad operativa al reducir recursos destinados a la defensa de derechos humanos, apoyo a víctimas y atención a problemáticas sociales.
Entre las organizaciones afectadas en el país está Morelos Rinde Cuentas, que ha realizado investigaciones en las que documentó actos de corrupción en los gobiernos del perredista Graco Ramírez y los morenistas Cuauhtémoc Blanco y Margarita González.