Defensa de ex contralmirante revela que Ministerio Público mencionó a ‘Andy’ en audiencia por huachicol fiscal
En audiencia, un testigo habría señalado que una persona identificada con ese nombre ayudó a destrabar una embarcación retenida en Guaymas, Sonora
El abogado defensor del ex contralmirante de la Secretaría de Marina, Fernando “N”, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal, afirmó este 27 de agosto que el Ministerio Público Federal citó durante la audiencia testimonios sobre la presunta intervención de una persona identificada como “Andy” para liberar un buque retenido en Guaymas, Sonora, mediante una llamada telefónica al entonces Secretario de Marina, en hechos atribuidos a la administración federal anterior.
El defensor, identificado como Epigmenio Mendieta, expuso ante medios de comunicación que dos nombres verbalizados por la representación social ya fueron puestos en conocimiento de la jueza de control. Según su versión, uno de los testigos declaró que se recurriría a “Andy” para destrabar la embarcación varada en el puerto sonorense.
El abogado también refirió el señalamiento de un testigo protegido registrado con el dato de identificación “Santo”, quien habría declarado que los muelles 289 y 290, donde arriban las embarcaciones vinculadas al esquema, pertenecerían a un allegado de un político originario de Tabasco. El defensor mencionó a un político “muy importante de Tabasco”, sin precisar su identidad.
Las declaraciones se produjeron tras una segunda audiencia privada y virtual celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. La diligencia se desarrolló sin acceso a la prensa por determinación de la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, a petición de la Fiscalía General de la República. Durante el desahogo, el Ministerio Público habría expuesto 100 datos de prueba.
El ex contralmirante fue vinculado a proceso la mañana del 27 de agosto por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”.
Según las autoridades, la estructura investigada operó en ocho entidades del País y causó un daño al erario superior a los 4 mil millones de pesos. La organización habría utilizado como fachada empresas dedicadas a la importación de derivados del petróleo, servicios portuarios y transporte ferroviario, que introducían mercancías procedentes de Estados Unidos con información alterada ante las autoridades aduaneras: en algunos casos declaraban volúmenes inferiores a los realmente transportados y en otros asentaban productos distintos a los que ingresaban.
Los carros-tanque de ferrocarril constituyeron una pieza central del esquema. Según la FGR, las empresas involucradas reportaban alrededor de 10 mil litros por cada carro-tanque, pese a que las unidades podían trasladar hasta 110 mil litros, con lo que se declaraba cerca de 10 por ciento de la capacidad efectivamente introducida al territorio nacional.
Las autoridades investigan además un presunto acuerdo entre integrantes de la red, agentes aduanales y personal de la Semar, que habría permitido que los cargamentos superaran los filtros de revisión sin las inspecciones correspondientes.
Una vez dentro del País, el combustible no declarado se trasladaba a puntos de conexión ferroviaria conocidos como espuelas, donde era descargado en pipas y tractocamiones de siete empresas para su posterior distribución y comercialización. La FGR sostiene que esas maniobras se realizaron en instalaciones sin las autorizaciones de la autoridad reguladora del sector energético.
El proceso penal continuará con los plazos que fije la jueza de control para el cierre de la investigación complementaria, etapa en la que la FGR deberá consolidar los datos de prueba presentados.