Denuncias penales no verificadas no bastan para cambiar la custodia de menores, determina la SCJN
La Corte determinó que la sola presentación de una denuncia penal por violencia familiar no es suficiente para modificar la custodia de un menor y ordenó la reintegración gradual de un niño con su madre, luego de revocar una resolución que había otorgado la guarda y custodia al padre
Por unanimidad de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó una resolución judicial que otorgó la custodia de un infante a su padre basándose únicamente en una carpeta de investigación por supuesta violencia intrafamiliar, y ordenó la reintegración paulatina del menor con la madre.
En su fallo, el máximo tribunal del país determinó que la sola presentación de una carpeta de investigación en materia penal no constituye prueba suficiente para modificar de forma automática la guarda y custodia del menor ni para interrumpir su convivencia con uno de sus progenitores.
Antecedentes del caso de custodia de menores
El origen del litigio se remonta a un juicio de divorcio finalizado en 2019, en el cual ambos progenitores firmaron un convenio, aprobado judicialmente con carácter de cosa juzgada, para ejercer la guarda y custodia compartida de su hijo, fijando la residencia habitual en el domicilio materno.
En 2024, tras denuncias penales recíprocas entre las partes, entre ellas una carpeta iniciada por el padre derivada de un altercado en un evento escolar imputado a familiares de la madre, un juez de lo familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México cambió la residencia del niño al domicilio paterno como medida provisional.
Dicha determinación fue confirmada en apelación mientras la Segunda Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México recababa información sobre las investigaciones penales.
Al revisar las constancias del expediente, la Suprema Corte constató que en las narraciones contenidas en la carpeta de investigación exhibida por el progenitor no se describían agresiones directas de la madre hacia el menor ni elementos indiciarios que acreditaran una situación de peligro inminente atribuible a ella.
Estándar de la SCJN en derecho familiar y denuncias penales
Al estudiar el amparo en revisión 85/2026, la SCJN estableció que las medidas precautorias (órdenes provisionales dictadas por un juez para resguardar a las partes en un juicio) no pueden alterar el esquema de vida de un menor sin que exista una evaluación que demuestre un riesgo real, directo y verificado para su integridad.
“Las actuaciones penales pueden ser alertas para el juez familiar, pero su sola exhibición no otorga valor probatorio pleno para acreditar los hechos narrados, ni condiciona la vía civil”, señaló la ministra Yasmín Esquivel Mossa al presentar el proyecto de sentencia elaborado por su ponencia.
Asimismo, la ministra ponente puntualizó en el Pleno que “la denuncia es solo un dicho que debe probarse. No es una prueba en sí misma”.
Durante la discusión, el ministro Giovanni Figueroa Mejía coincidió con el criterio fijado en el proyecto al manifestar que la propuesta de sentencia “aborda de manera muy adecuada la problemática con base en los enfoques tanto de género como de niñez, lo que le permite llegar a la conclusión de que la sola denuncia por el probable delito de violencia familiar no conduce en automático a fijar una medida provisional de guarda y custodia, pues para ello la autoridad judicial debe valorar en su conjunto la totalidad de las pruebas a fin de determinar si se actualiza un riesgo real, actual e inminente en perjuicio de la persona menor de edad involucrada”.
Medidas de restitución y protección al menor dictadas por la SCJN
Para restablecer los derechos vulnerados, la SCJN dictó una serie de lineamientos de cumplimiento obligatorio para las autoridades locales.
Por ejemplo, se ordenó que la reincorporación del menor al domicilio materno se realice de forma gradual a través de un programa diseñado por especialistas del Centro de Convivencia Familiar Supervisada (CCFS), fijando un plazo máximo de tres meses para su conclusión material.
Además, se ordenó la fijación inmediata de un esquema de visitas para que la madre conviva con su hijo durante el periodo de transición. Ante el conflicto de intereses entre ambos padres, se dispuso que la Procuraduría de Protección Estatal asuma la representación en suplencia (un mecanismo de defensa legal independiente del interés de los progenitores) para garantizar la tutela exclusiva de los derechos del menor.
Finalmente, la opinión del niño se recabará únicamente si él lo expresa voluntariamente, debiendo evaluarse en todo momento la posible presencia de manipulación parental para evitar su revictimización.
Perspectiva de género e investigación de oficio en juzgados familiares
El fallo determina que las controversias en materia familiar deben juzgarse vinculando el interés superior de la infancia con la perspectiva de género, lo que exige a los tribunales analizar posibles asimetrías de poder y evaluar la distribución de las cargas de cuidado.
Adicionalmente, el Pleno ordenó que las autoridades judiciales investiguen de oficio las imputaciones sobre violencia intrafamiliar o vicaria surgidas durante el procedimiento.
Como parte de los efectos finales de la ejecutoria, el Pleno de la SCJN también ordenó elaborar una versión de la sentencia en formato de lectura fácil e ilustrada adaptada para el menor.