Destituyen a delegado de FGR Guanajuato tras falso ‘megadecomiso’ de huachicol
La empresa SIMSA afirmó que el combustible pertenecía a otras firmas con permisos; la planta reanudó operaciones el 10 de septiembre
Juan Francisco Vera fue destituido como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, según informó el diario Reforma el 24 de septiembre de 2026. La salida se anunció el día 23 del mismo mes y año, tras el presunto aseguramiento “histórico” de combustible ilegal en San José Iturbide, cuya ilegalidad no ha sido acreditada.
El 17 de septiembre de 2026, un día antes de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Guanajuato, la Policía estatal y la propia FGR anunciaron el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible presuntamente ilegal en una planta de almacenamiento de la empresa SIMSA.
La compañía sostuvo que el combustible no era de su propiedad, sino de otras firmas, y que contaba con los permisos correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han acreditado su procedencia ilícita.
Según la información publicada, aunque el aseguramiento se reportó el 17 de septiembre, lo ocurrido en realidad fue una visita a la planta el día 4 del mismo mes y año. La instalación retomó sus actividades normales el día 10.
El 19 de septiembre de 2026, la FGR informó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atraería el caso. Con esa decisión, la dependencia admitió que el operativo se realizó bajo la responsabilidad de Vera en su calidad de delegado estatal.
Vera asumió la delegación de la FGR en Guanajuato en enero de 2026. Ocupó el cargo que quedó vacante tras la salida de Gerardo Vázquez Alatriste, actual fiscal del estado durante la administración de la gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo.
Antes de llegar a la FGR, Vera encabezó la dirección de Análisis Criminal, Apoyo a la Investigación y Persecución del Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia a cargo de Omar Hamid García Harfuch.
La atracción del caso por parte de la FEMDO dejará en manos de la fiscalía especializada la determinación sobre la legalidad de los 59 millones de litros de combustible y las responsabilidades derivadas del operativo.