Empresa que daba seguridad a estación del INM también tiene contratos con IPN

CAMSA, a la que el gobierno federal atribuye al menos nueve omisiones, tiene contratos con el IPN para brindar seguridad a un plantel en Querétaro. Las autoridades buscan rescindir sus contratos con Migración y revocarle el permiso

Grupo de Seguridad Privada CAMSA, la empresa que daba seguridad a la estación migratoria incendiada en Ciudad Juárez —y que incurrió en al menos nueve omisiones graves, según el gobierno federal—, también tiene ocho contratos con el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

De acuerdo con registros disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia y el portal de compras públicas Compranet, se trata de contrataciones que han tenido como fin el “servicio de vigilancia para el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CITACA), unidad Querétaro”, de 2019 y hasta 2022.

Esta semana, luego del incendio de la estación migratoria en el que murieron 39 migrantes, la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, informó que se inició un proceso penal y un proceso administrativo en contra de CAMSA, por haber incurrido en omisiones que derivaron en la muerte de las personas ubicadas en el lugar.

Entre estas omisiones, Rodríguez mencionó que la empresa incurrió en ofrecer servicios diferentes a los autorizados y bajo el nombre de Grupo Tank Seguridad Privada Profesional.

“Estamos hablando de que, a pesar de haber reportado trabajar con solo cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes y no tener permiso de portación de armas, en realidad realizaba tareas de seguridad intramuros, con escoltas o elementos armados, protección a funcionarios, rastreo y localización satelital (GPS), custodia de mercancías, seguridad para eventos especiales, capacitación en materia de seguridad (de personal privado), consultoría en seguridad y asesoría en sistemas de seguridad electrónica, controles de acceso, sistemas de intrusión y sistemas de videovigilancia (CCTV)”, dijo la secretaria esta semana en conferencia de prensa.

En tanto, los contratos que CAMSA ha celebrado con el IPN —obtenidos mediante adjudicación directa por un total de 1 millón 939 mil 339.41 pesos— iniciaron desde el 1 de enero de 2019 y continuaban vigentes al menos hasta el 15 de mayo de 2022.

Contratos con Migración, hasta por 355 mdp

Ayer, al transparentar el contrato entre CAMSA y el Instituto Nacional de Migración (INM) para el “servicio de seguridad y vigilancia” en 23 estados de la República, la secretaria informó que el contrato para 2023 fue celebrado con un monto mínimo de 76 millones de pesos y un monto máximo de 190 millones de pesos.

“Este contrato será rescindido”, dijo.

Previamente, también había informado que las autoridades tenían identificados a los socios: David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail. Asimismo, se ubicó a los representantes y apoderados legales, información que ya fue proporcionada a la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

No obstante, la funcionaria omitió informar que desde 2022 esta empresa recibió un primer contrato para cuidar instalaciones migratorias por un monto total de 178 millones 584 mil 80.50 pesos, lo que da una cifra mínima de ganancias para esta empresa por 254 millones de pesos y una máxima por 355 millones en tan solo dos años.

La secretaria dijo que, por las faltas administrativas de la empresa, se inició un proceso administrativo sancionador para revocarle el permiso, imponer una multa y rescindir el contrato con el INM, razón por la que elementos del Servicio de Protección Federal asumirán las labores que la compañía realiza.

“En el caso de otras subsidiarias u otros servicios que esta empresa pudiera haber tenido, es parte de la investigación y lo vamos a hacer, incluso con la UIF y con la Procuraduría Fiscal, y vamos a llegar a fondo”, señaló.

En enero de 2021, tanto Salazar Gasca como Mcphail constituyeron otra empresa de seguridad: Grupo de Seguridad Privada CAMCP JAL, en Guadalajara, Jalisco, aunque no se tiene registro de que preste servicios para el gobierno.

Omisiones de la SSPC

En la conferencia de prensa del jueves 30 de marzo, la secretaria informó que una primera revisión del expediente de la empresa también derivó en el hallazgo de una primera irregularidad, ya que la compañía solo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes.

Sin embargo, el contrato con el INM era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados.

Un día después, la secretaria especificó que entre las otras faltas de la empresa también está su omisión para actualizar el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada relativo a sus sucursales, así como fallar en evitar en todo momento actos de tortura, malos tratos, actos crueles, inhumanos o degradantes por parte de su personal.

Otra irregularidad fue su omisión para inscribir, capacitar y presentar a su personal operativo ante las autoridades para los exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos.

Por este motivo, la funcionaria reconoció: “Yo digo que hay omisiones de servidores públicos de diferentes instancias, incluyendo de la propia Secretaría de Seguridad, también de los que hacen los contratos, los convenios, sin checar verdaderamente en qué consisten. Entonces, todo eso está llegando a una investigación a fondo, no se van a quedar las cosas así”.

Esto, debido a que la Dirección General de Seguridad Privada, que forma parte de la SSPC, es la instancia encargada de verificar que estas empresas cumplan con todos los requisitos para poder operar en el país.

De acuerdo con la información presentada por la secretaria, CAMSA tiene una solicitud de registro con autorización vigente hasta febrero de 2024.