Ernesto Ruffo consigue suspensión: abre la puerta a posible prisión domiciliaria
Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, obtuvo una suspensión definitiva que abre la puerta a revisar su solicitud de prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años. No obstante, las autoridades judiciales aclararon que la medida no implica su liberación inmediata y los alcances de la decisión están por definirse formalmente, mientras continúa el proceso penal en su contra por presunta delincuencia organizada y contrabando millonario de hidrocarburos
El Juzgado Segundo de Distrito en Toluca concedió la suspensión definitiva dentro del amparo promovido por la defensa de Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, contra la negativa de otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria. Sin embargo, aún está por verse si se le será concedido el cambio de medida cautelar y permanece en el penal del Altiplano.
Juan Marcos Gutiérrez González, integrante del equipo de defensa de Ruffo Appel, confirmó este martes la resolución y señaló que, de acuerdo con la determinación judicial, se protege el derecho de una persona mayor de 70 años a enfrentar su proceso desde su domicilio.
Pero el abogado aclaró que la defensa mantiene prudencia y está a la espera de recibir la notificación formal de la resolución, con el propósito de conocer de manera íntegra sus alcances y los términos en que deberá cumplirse.
“Está confirmada la concesión de la suspensión definitiva”, informó Gutiérrez González, quien precisó que la resolución corresponde al amparo 889/2026, radicado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Toluca.
Qué dicen las autoridades
El propio Órgano de Administración Judicial (OAJ) aclaró este martes que la suspensión definitiva se concedió “sólo para el efecto de que la persona quede a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar donde se encuentra interna o haya sido internada, por lo que se refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que le corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación”.
Lo anterior, subrayó el OAJ, “sin que esta juzgadora esté en aptitud de conceder la suspensión con efectos distintos a los previstos en la norma”.
Verónica Ruffo y la defensa piden esperar el alcance formal
El abogado del exgobernador panista, por su parte, explicó que la suspensión fue solicitada en contra de la negativa de conceder a Ruffo Appel la prisión domiciliaria y que la medida judicial está relacionada con su derecho, como persona mayor de 70 años, a enfrentar el proceso desde su domicilio.
No obstante, puntualizó que será hasta contar con la notificación formal cuando la defensa podrá establecer con precisión los efectos y alcances de la resolución emitida este martes.
La resolución ocurre luego de que la defensa recurriera a la vía de amparo para controvertir la negativa de otorgar la prisión domiciliaria al exgobernador bajacaliforniano.
Por su parte, Verónica Ruffo, hija del exgobernador, reiteró lo dicho por la defensa. Señaló en entrevista con Animal Político Baja California que “hasta el día de mañana notifican”, es decir, este miércoles, “entonces aún no sabemos el alcance de la suspensión”.
El caso Ruffo Appel: el exgobernador procesado por “huachicol fiscal”
El ex gobernador fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada, Baja California, y posteriormente vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
La empresa Ingemar S.A. de C.V., vinculada al ex gobernador de Baja California, operó con cinco permisos del gobierno federal que le permitieron importar hasta 498 millones de litros de combustibles entre 2023 y 2024. De acuerdo con autoridades del sector energético, estas importaciones tenían un valor estimado de 4 mil 700 millones de pesos.
A pesar de contar con esta estructura legal para la importación de combustibles, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a la empresa de formar parte de la “más grande red de contrabando de combustible procedente de Estados Unidos y distribución ilegal en el país”.
El esquema, denominado “huachicol fiscal”, consistía en introducir combustible con declaraciones falsas o incompletas en las aduanas, reportando volúmenes menores a los reales o declarando productos distintos para evadir impuestos.