‘Es morir en vida’: familias de Ayotzinapa vuelven a la CDMX a 12 años de la desaparición de los 43
Después de 12 años de exigir respuestas a las autoridades, madres y padres de Ayotzinapa regresaron a las calles de la Ciudad de México. Frente a la CNDH, rechazaron la más reciente recomendación sobre el caso, que, consideran, representa un retroceso en la investigación
“Vivir así es morir en vida”. La frase sale de los labios de Hilda Legideño Vargas cuando habla desde el desgaste de 12 años de caminar en busca de justicia para su hijo Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, perseguidos, atacados y desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 septiembre de 2014.
Jorge tenía 20 años y era originario de Tixtla, Guerrero. Trabajaba como chofer y había ingresado a la normal con la intención de convertirse en maestro. También era padre de una niña que hoy es casi una adolescente.
—Ya es un desgaste físico y emocional por parte de todos los padres, dice Hilda. Han pasado gobiernos e investigaciones pero las familias siguen sin conocer el paradero de sus hijos. “A un hijo no se puede dejar en el camino y no podemos olvidarlo”, afirma.
Este jueves, Hilda volvió a la Ciudad de México junto con otras madres y padres de los 43. Su llegada coincidió con la de cientos de estudiantes de distintas escuelas normales rurales del país. Decenas de autobuses llegaron a la capital como parte de la jornada “Ayotzinapa: 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”, que comenzó con movilizaciones en Guerrero y continuará hasta el 27 de septiembre.
Reclaman que CNDH excluyera al Ejército en recomendación sobre Ayotzinapa
La jornada inició el pasado 21 de septiembre en la Normal de Ayotzinapa, en Tixtla. Al día siguiente, los contingentes se movilizaron en Chilpancingo y el 23 realizaron actividades en Iguala. En la capital del país, su primera parada fue para reclamar una deuda reciente que tienen pendiente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Afuera de las instalaciones del organismo, madres, padres y estudiantes realizaron un mitin y pidieron ser recibidos por la presidenta de la comisión, Rosario Piedra Ibarra.
La protesta se concentró en el contenido de la recomendación 208VG/2026, emitida por la CNDH en julio de este año. Para las familias, el documento representa un retroceso y una postura injustificada porque “descarta” la responsabilidad institucional del Ejército en la desaparición y cuestiona investigaciones realizadas por las y los especialistas internacionales del GIEI, así como por organizaciones que les han acompañado durante estos años.
También reclamaron la entrega de documentos de inteligencia militar y el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos trabajos fueron fundamentales para cuestionar aspectos centrales de la llamada “verdad histórica”, como se conoce —por la frase pronunciada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam— a las primeras conclusiones de la investigación que llevó a cabo el gobierno de Enrique Peña Nieto
La CNDH ha sostenido desde la presentación de su más reciente recomendación, que el documento no busca exonerar a las Fuerzas Armadas, sino que concluye que no existen elementos suficientes para acreditar una participación institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional en la desaparición de los estudiantes. La comisión también ha señalado que no le corresponde determinar responsabilidades penales, facultad que pertenece estrictamente a las autoridades ministeriales y judiciales.
La discusión sobre la participación del Ejército la noche de la desaparición no es nueva. Desde los primeros años de la investigación, las familias y estudiantes sobrevivientes han señalado el papel de militares y han exigido que se profundice en esa línea. Durante el mitin de este jueves, los normalistas que tomaron el micrófono cuestionaron que después de más de una década no haya militares de alto rango procesados por su posible participación en los hechos.
En tanto, la detención y posterior vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, acusado de ocultar pruebas y obstruir la investigación, no resultó algo tan sorpresivo para ellos. Durante la protesta señalaron que su posible responsabilidad siempre estuvo entre sus reclamos; el pendiente histórico sigue siendo que se esclarezca qué ocurrió con los estudiantes y determinar la responsabilidad de toda la cadena de mando.
Para Hilda, el debate institucional y los comunicados oficiales no cambian lo esencial de su lucha . “Es un hijo que buscamos, no es una cosa material”. También pidió que se entreguen los folios que las familias consideran relevantes para conocer el destino de los estudiantes y que regresen los expertos independientes que los han apoyado
Después de tres horas de protesta, madres y padres se retiraron sin ser recibidos por Piedra Ibarra ni por personal de la Comisión. Los familiares acudieron para pedir una explicación sobre el informe y reclamar compromisos que consideran pendientes desde su último encuentro con la presidenta de la CNDH en marzo de 2022. El abogado de las familias, Isidoro Vicario, señaló que las familias sólo han tenido dos reuniones con Piedra Ibarra en todo el sexenio, en 2021 y 2022.
Al finalizar la jornada, los contingentes gritaron el pase de lista de los desaparecidos. Frente a las oficinas de la CNDH, el conteo numérico se hizo una sola voz que retumbó en el Periférico Sur; ni el ruido del tráfico pesado pudo quebrar el eco. Con los puños en alto, Hilda y las demás familias caminaron de vuelta a los autobuses. Antes de subir, ella repitió la promesa que la sostiene desde hace más de una década:
“Lo que más anhelamos como padres y madres sería volver a encontrar a nuestros hijos”.