EU contra Rocha Moya: escenarios legales y diplomáticos que se abren tras la acusación del Departamento de Justicia
La detención y posible extradición del Gobernador de Sinaloa, acusado junto con sus allegados de presuntos vínculos con el narco, dependería de un proceso de desafuero, solidez en las pruebas y una decisión política. Sheinbaum garantiza investigación, pero advierte: sin pruebas irrefutables, los fines son políticos
La acusación formal presentada por Estados Unidos en contra del Gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado abre escenarios jurídicos y diplomáticos complejos en ambos lados de la frontera.
Especialistas advierten que el proceso enfrentará obstáculos constitucionales, debates sobre las pruebas y una fuerte presión política del gobierno estadounidense en los próximos meses. En ese lapso, México deberá definir si detiene o no al Gobernador de Sinaloa y sus allegados para extraditarlos a solicitud de las autoridades de justicia de Estados Unidos.
Escenario: fuero e inmunidad procesal
El primer paso en México, ante la solicitud de detención con fines de extradición, choca con una figura jurídica conocida como “fuero o inmunidad procesal”, una protección con la que cuentan gobernadores y legisladores para evitar ser procesados durante sus periodos en funciones.
Víctor Manuel Sánchez, experto en seguridad pública y colaborador de Animal Político, subraya que debido a que Rocha Moya está en funciones, goza de esta protección constitucional.
“Hay diferentes opciones. Una sería que en México, precisamente, se inicien investigaciones, pero hay que recordar que Rubén Rocha Moya es Gobernador y tiene fuero, lo que implica que tendría que pasar por un proceso de desafuero en el que se le retire esta protección jurídica para que pudiera enfrentar, ya como un ciudadano normal, su proceso”, señala el también investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).
Desde el miércoles en que se dio a conocer el proceso penal contra Rocha Moya iniciado en Estados Unidos, la Fiscalía General de la República anunció que iniciará su propia investigación para evaluar la viabilidad de la extradición.
Sin embargo, la dependencia a cargo de la Fiscal Ernestina Godoy Ramos reiteró la postura que el Gobierno de México ha sostenido desde que se supo la noticia: la solicitud de extradición de Estados Unidos “no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes”.
En un mensaje a medios, Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, también recordó que para proceder penalmente contra un Gobernador o Senador en funciones, la legislación mexicana exige llevar a cabo un “juicio de procedencia” para retirarles la inmunidad procesal o fuero.
Escenario: las pruebas de EU
Para la doctora Virginia Petrova Georgieva, investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, la viabilidad de una posible extradición recae también en la evaluación que la FGR haga respecto de las pruebas de Estados Unidos contra el Gobernador de Sinaloa.
Aunque el Gobierno de México adelantó que los documentos recibidos no contienen elementos suficientes, Petrova Georgieva recuerda que el artículo 12 del tratado bilateral entre ambos países permite a las autoridades mexicanas solicitar más evidencias.
“Es muy difícil que únicamente por falta de pruebas se niegue una extradición. Siempre existe la posibilidad de pedir información adicional”, puntualizó la académica en un artículo publicado por la Ibero.
Víctor Manuel Sánchez considera poco probable que la justicia estadounidense haya actuado sin sustento.
“Dudo mucho que el Gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, corra el riesgo de poner eso en papel si no tiene una prueba fehaciente”, dijo al referirse a los señalamientos puntuales sobre supuestos pagos y un pacto político-criminal entre el actual Gobernador y el Cártel de Sinaloa durante las elecciones de 2021.
Escenario: decisión política
Si la solicitud avanza y un juez determina que no hay impedimentos legales para frenar la solicitud de extradición contra Rocha Moya y los demás funcionarios acusados, la última palabra podría ser una decisión política, de acuerdo con el principio internacional de “juzgar o extraditar”.
Virginia Petrova considera que la determinación no sería entonces propiamente del Poder Judicial Federal (PJF), sino que la decisión final correspondería al Ejecutivo, o sea, a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
“Si el gobierno mexicano participó en la investigación y hay pruebas suficientes, entonces no podría simplemente negar la extradición y dejar el caso sin consecuencias jurídicas”, señala la especialista.
En este escenario, añade, México estaría obligado a procesarlo penalmente a nivel local si es que rechaza entregarlo a la justicia estadounidense.
Escenario en EU: ¿se repetirá el “caso Cienfuegos”?
De concretarse la extradición, el Gobernador Rocha Moya quedaría a disposición del sistema judicial de Estados Unidos.
Allí, podría enfrentar un juicio en el que “puede declararse culpable o inocente, o incluso negociar algún tipo de beneficio judicial y recibir alguna sentencia”, explica Víctor Manuel Sánchez.
El analista descarta que este episodio pueda resolverse como ocurrió con el general Salvador Cienfuegos.
El Secretario de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto fue detenido en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico cuando gobernaba Andrés Manuel López Obrador, y luego fue devuelto a México.
La investigación contra el general terminó siendo desestimada por las autoridades estadounidenses que habían iniciado el caso, para que fuera la FGR quien llevara a cabo las investigaciones correspondientes.
La dependencia finalmente determinó el no ejercicio de la acción penal tras concluir que Salvador Cienfuegos nunca tuvo encuentro alguno con integrantes de la organización delictiva investigada, ni comunicación alguna con ellos.
Un escenario así es improbable porque en este caso “no se trata de una persona, sino de 10”, advierte Sánchez, quien prevé que Estados Unidos presionará firmemente para que se concrete la extradición de todos los acusados.
De hecho, tras el anuncio de los cargos presentados por EU contra el Gobernador de Sinaloa, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de ese país lanzó una advertencia.
“Los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado. Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si estás implicado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, te haremos rendir cuentas. Esto es solo el comienzo”, fue el mensaje difundido en la red social X por el Comité legislativo.
Impacto diplomático y la renegociación del T-MEC
El caso tiene también un fuerte impacto diplomático en la relación entre México y Estados Unidos. Para Sánchez no es casualidad que la acusación ocurra ahora.
“Van a utilizar esto, esta evidencia que tienen, estas acusaciones, como una manera de ir presionando al Gobierno mexicano para ir cediendo en cuestiones de seguridad o en cuestiones de comercio exterior”, afirma el experto.
La tensión se da en un momento enmarcado por los cuestionamientos del Presidente Donald Trump y su entorno hacia México por la situación de seguridad y la corrupción política y en vísperas de la renegociación del tratado comercial de América del Norte, el T-MEC.
Este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que si las autoridades estadounidenses no presentan pruebas irrefutables, “es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
“Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un Gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición”, señaló la Mandataria.