Exhiben control 'zeta' en penal de Piedras Negras
"Penal de Piedras era hotel, salón de fiestas, crematorios, fábrica. Y todo de Los Zetas: investigadores"
UNIV / SinEmbargo.mx
MÉXICO (UNIV / Sinembargo.MX)._ El informe "El yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011", presentado en el Colegio de México, exhibió que el cártel de Los Zetas hizo del penal de Piedras Negras su centro de negocios, en donde no sólo asesinaban y desaparecían a sus víctimas, sino que usaban las instalaciones como hotel para hacer "grandes bacanales" y los talleres de rehabilitación para los presos en la adaptación de sus vehículos para pasar droga a Estados Unidos, todo bajo el ojo del Gobierno federal y del estatal,
Los resultados del estudio, llevado a cabo por Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, se basan en el expediente APP 005/2014-BIS, que consta de mil 535 folios y que fue facilitado por la Fiscalía General del Estado de Coahuila en la primera etapa de su investigación del Penal. Contiene declaraciones de 11 miembros de Los Zetas, 49 internos, 21 custodios y 18 empleados del centro penitenciario.
La investigación revela que los Zetas operaban por completo el Penal de Piedras Negras y detalla que contaban con un "jefe de cárcel", quien se encargaba de "manejar la plaza adentro del penal para que todo estuviera tranquilo y que funcionara bien la venta de drogas entre los internos", explicó el mismo criminal.
Toda una industria
Además, el grupo criminal utilizaba los talleres del centro penitenciario. El de hojalatería y pintura lo usaban para arreglar vehículos y adaptarlos con compartimientos secretos para esconder droga y transportarla a los Estados Unidos para su venta y distribución, mientras que en el de costura fabricaban uniformes militares falsos y en el de soldadura hacían estrellas o picos para ponchar llantas.
"Fueron un chingo y de todas marcas y modelo", señaló un interno que trabajó en hojalatería y pintura, quien dijo haber arreglado "alrededor de 150 o más (vehículos), la mayoría de origen americano".
De acuerdo con testimonios del "jefe de cárcel", que llevó a cabo esa labor entre 2009 y 2012, el Penal de Piedras Negras también era un centro de consumo.
"La droga me la entregaba un contador que trabajaba para los Zetas... los celadores lo dejaban entrar por la puerta principal del penal y me entregaba una mochila [que] contenía sobres de mariguana y cocaína en bolsitas y piedra de la misma cocaína".
Recaudación a fuerzas
Los delincuentes además usaban el Penal para resguardar a personas que habían sido secuestradas fuera del centro penitenciario para negociar sus rescates.
En 2010, asegura el informe, altos mandos de la organización delictiva ordenaron al jefe de cárcel incrementar los ingresos en el interior del Penal. Aunque no estaba de acuerdo en perjudicar a los internos que no estuvieran ligados a los Zetas, terminó cumpliendo la orden y empezó a los reos la renta de sus celdas.
"Terminó haciendo lo que le pedían y ordenó que todos los internos debían dar una cuota semanal de 25 pesos que luego aumentó a 50 pesos. Es decir, rentaban las celdas construidas y mantenidas por el Estado", afirma el documento.
Además, los criminales empezaron a cobrar mil pesos quincenales a los internos "que se veía que tenían dinero", 50 pesos por noche en el área conyugal, una cuota por los servicios de luz y agua con intereses para los morosos. También manejaban la venta de tarjetas telefónicas, chicharrones, refrescos, dulces y cigarros.
"Cuando el hospital recibía medicinas las confiscaban para luego venderlas a los internos. También obtenían ingresos de los talleres", asegura el informe.
Una parte de los ingresos que obtenía el grupo delictivo, eran destinados a pagar al personal directivo y de seguridad del Penal de Piedras Negras. Erogaban alrededor de 1.5 millones de pesos anuales, es decir, 125 mil pesos mensuales.
Escondite perfecto
El análisis señala que hay indicios de que, por lo menos uno de los dos hermanos que controlaban la región, Omar Treviño Morales, el Z-42, se escondía en el Penal de Piedras Negras cuando la Marina realizaba operativos para capturarlo, pues era el lugar más seguro para criminales perseguidos por federales que estaban fuera de su nómina.
"En ocasiones entraban los jefes grandes y hacían fiestas [con música y mujeres]. La fiesta podía durar todo el día y toda la noche y en algunas ocasiones llevaban vacas y las mataban adentro del penal para darle de comer a toda la raza", señala una declaración hecha ante las autoridades.
Al jefe de cárcel también le encomendaban la incineración de los cuerpos de personas asesinadas (niños y ancianos incluidos) por el grupo delictivo en el exterior del centro penitenciario y "quemaban" los cuerpos en el interior del Penal, justo frente a una torre de vigilancia. Un terreno baldío cercano al "Laguito Mexicano", un basurero municipal y un campo de futbol cercano al Penal, eran otros centros de exterminio utilizados por los Zetas.
Por otro lado, el Penal de Piedras también era para los Zetas el lugar ideal para reclutar sicarios, por lo que a veces sacaban hasta a 100 reos para trabajar con ellos. Además simulaban fugas de reos, como la que ocurrió en septiembre del 2012, donde supuestamente se fugaron 129 internos, casi una quinta parte de la población total del centro penitenciario.
Según los testimonios recogidos por la Fiscalía General del Estado, esa fuga fue planeada, pues el jefe de cárcel, que en ese entonces ya estaba recluido en Saltillo "necesitaba gente para trabajar". De los 129 fugados, 80 han sido recapturados y están internados en Ceresos (cárceles federales), 20 fueron abatidos y 29 siguen prófugos.
El documento concluye que entre el 2010 y el 2011 el control de los Zetas en el norte de Coahuila era total y las autoridades estaban enteradas.
"Unas dos o tres veces por año llegaron a venir a este Cereso autoridades de Saltillo. Conocieron la problemática que había, pues las personas que estuvieron como directores en el tiempo que yo estuve se los hacían ver a ellos, las visitas eran únicamente del estacionamiento a la oficina del director y de la oficina al estacionamiento, raras veces llegaron a entrar al Cereso pero era visita muy rápido, no se tardaba nada, nunca cuestionaron nada, siempre se mantuvieron al margen y como en las demás ocasiones no se hizo nada por cambiar lo que aquí pasaba", declaró un ex custodio.
Mil 400 llamadas de emergencia
Entre el 18 y el 22 de marzo del 2011, días en que ocurrieron un número indeterminado de desapariciones y asesinatos en los municipios de Allende y Piedras Negras principalmente, el C4 reportó a la Fiscalía General del Estado haber recibido solo una llamada con un reporte en el que una mujer aseguraba que Allende era un pueblo sin control.
Sin embargo, un Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al C4 las llamadas que se hicieron en Allende y Piedras Negras en esas fechas y se descubrió que en realidad de realizaron mil 451 llamadas, de las cuales 26 se originaron en Allende y mil 425 en Piedras Negras.
"Algo muy grave debió haber ocurrido en Piedras Negras. De estas llamadas, 100 son para reportar 42 distintos incendios en Piedras Negras y 9 en Allende sobre 4 incendios. Demasiados incendios para tan pocos días. Sobre todo porque en algunos sitios se reporta más de un incendio el mismo día o en días consecutivos, incluso después de haberse extinguido el fuego", señala el informe.
Pese a que el Gobierno del Estado señala que el número de víctimas fue de 28, los investigadores aseguran que existe la posibilidad de que la cifra sea mayor a 100 e incluso alcance los 300, como se manejó en un principio.
Responsabilidad de los EU
En el informe, Dayán y Aguayo replican la versión de que las muertes y desapariciones en Allende y Piedras Negras se dieron por una venganza de los Zetas contra un ex colaborador del grupo criminal que otorgó a la DEA los números de teléfono rastreables de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, cabecillas de la organización delictiva, para su localización, pero éstos se enteraron.
"La displicencia con la cual transmitieron información tan delicada es típica de la informalidad que caracteriza las relaciones sobre seguridad entre México y Estados Unidos", afirma el documento.
El Estado Mexicano frente al enclave criminal
"Hay evidencia de que el gobierno de Coahuila y la Federación sí supieron que algo grave había pasado en el norte de Coahuila".
"En los tres niveles de Gobierno supieron que la cárcel estaba controlada por el crimen organizado. La CNDH lo había informado públicamente y algunos funcionarios fueron testigos presenciales de un secreto a voces. Al ignorarlo permitieron que, según el expediente revisado, en la prisión de Piedras Negras se cometieran al menos 27 delitos distintos tipificados en el Código Penal del Estado de Coahuila y diez en códigos federales", señala el estudio.
Los testimonios recabados por las autoridades coinciden en que los Zetas tenían controlados a los policías municipales del norte de Coahuila. Además, el informe concluye que los gobiernos municipales no contaron con el respaldo del gobierno estatal y federal.
"La evidencia abunda. En la investigación sobre Allende encontramos que desde 2009, la dirección de la policía municipal ya estaba involucrada con la delincuencia organizada y que en el 2010 el sometimiento era total. En Piedras Negras y otros municipios de la región sucedía algo similar aunque todavía falta establecerlo con mayor precisión".
El Gobierno del Estado y la cárcel
El análisis de los investigadores concluye que los funcionarios encargados de las cárceles de Coahuila estaban enterados y lejos de actuar contra ello, colaboraban con las operaciones de la organización criminal de los Zetas.
Según un agente penitenciario, los responsables de turno y el director "nos dijeron a mí y a mis otros compañeros que no nos metiéramos en problemas, que a esos señores no se les molestaba. En pocas palabras, que los criminales tenían el control del Cereso".
En el Penal de Piedras Negras se hacían los compartimientos secretos para introducir narcóticos para meterlos de contrabando en los Estados Unidos y se tienen indicios de que el centro penitenciario era un depósito desde donde se repartía mercancía en Piedras Negras. Los responsables de turno incluso entregaban las cajas con droga para su distribución.
Además, el jefe de cárcel declaró que en ocasiones, cuando requería salir del Penal para ocuparse de sus asuntos, se llevaba con él a personal del centro penitenciario para su protección, a manera de escoltas.
Por otro lado, el informe concluye con base en los reportes que recibió el C4 el 22 de marzo, que las autoridades estaban enteradas de lo que ocurría por lo menos en el municipio de Allende.
Frenaban revisiones
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debe entrar a los penales de todo el país para evitar otro caso como el del penal de Piedras Negras, dijo Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora del organismo autónomo en la presentación de la investigación "El yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011", presentado en el Colegio de México.
"No deja de llamar la atención que estamos hablando de un suceso de 2011, en donde no pudo entrar los derechos humanos. No es suficiente que se haya dado una calificación cero, no pudieron entrar. Estamos en 2017 y nadie le dio importancia a ese suceso. Pareciera que es normal que entremos los visitadores y si no entraban, no pasaba nada y únicamente sacaban cero. Esto tiene que ser visto con toda su magnitud: a todos los centros se tiene que ingresar, no puede ser que las personas no puedan ver lo que sucede adentro. Vamos a entrar, ¿cómo? Como se tenga que entrar", dijo.
La tercera visitadora de la CNDH, organismo que participó junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Colegio de México en la realización de la investigación, precisó que debe haber personas pendientes, que supervisen y que observen a todas las prisiones del país.
"Esto no debe presentarse jamás, no se debe de olvidar. No es posible que se quede olvidado, como no pasó nada. No está bien porque esto no ha sido observado como se tiene que ver, con un enfoque de derechos humanos. Los visitadores no supieron que pasaba en este centro[...], el sistema penitenciario se tiene que mejorar, se tiene que optimizar, no únicamente decir ‘está mal’. Es lo delicado y riesgoso de normalizar algo: hay sobrepoblación, autogobierno, violencia. Esto no puede quedar impune", argumentó la visitadora.
Gobierno omiso
El informe señaló que, aunque la cárcel de Piedras Negras recibió una calificación de cero en el diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2011, ningún nivel de Gobierno lo atendió.
"A pesar de que a nivel estatal y federal se sabía que era un enclave zeta, no se hizo nada. Estaba bajo el control total de los Zetas, lo hacían con la protección de los custodios, el resto de presos eran súbditos de los Zetas, los empleados del penal desde custodios hasta directores eran amenazados y eran pagados. El penal era utilizado como hotel, como un lugar donde se hacían grandes bacanales, había tortura en la zona de máxima seguridad del penal", explicó.
Campo de exterminio
El investigador agregó que el penal era utilizado como una casa de seguridad, en donde el cártel vendían desde droga hasta golosinas: "Los Zetas rentaban las instalaciones del Estado". Los talleres de hojalatería, costura, carpintería, soldadura y hasta los cocineros, eran usados por los criminales como parte de su negocio.
"Era usado como campo de exterminio, llevaban personas para quemarlas y desaparecer sus restos, frente a las torre de vigilancia número 6. Hasta ahora se dice que fueron desaparecidos en meses y meses entre 10 y 40. Eran ejecutadas personas que traicionaban a los Zetas, que les debían dinero, hasta gente que no tenía vínculos con actividades criminales: hombres,mujeres, menores de edad e incluso niños y una mujer embarazada de siete meses", reveló.
Inexpugnable... para el Estado
Sergio Aguayo, coautor de la investigación, explicó que el caso de la cárcel de Piedras Negras muestra lo que sucede en muchas prisiones del país.
"Evidentemente estamos hablando de docenas de cárceles que tienen autogobierno, que son controladas de diferente manera por el crimen organizado […], el caso de la prisión de Piedras Negras era una pieza fundamental en el engranaje de contrabando y secuestro de toda la región. Era una fortaleza protegida por el Estado; no podía entrar ni la Marina y el Ejército sin que hubiera una petición del director de la cárcel, que nombraban los Zetas", dijo el investigador.
Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, consideró que en la "realidad de nuestro país el yugo Zeta, no podría estar más cerca", pues sus prácticas han afectado a individuos, familias y comunidades enteras, con consecuencias a mediano y largo plazo que aún están por definirse.
"Han victimizado a generaciones de personas. A estas víctimas el Estado tiene la obligación de acompañarlas", dijo.
Cientos de muertos por los errores de EU y México
El estudio plantea que en la violencia de México ha influido la sociedad y el gobierno de Estados Unidos, el cual fue fundamental para la "venganza Zeta" en marzo de 2011 cuando el cártel asesinó a hombres, mujeres, niños y viejos y a todo aquel que "olieran a Poncho Cuéllar" y a José Luis Gaytán Garza.
La investigación plantea que Los Zetas armaron un operativo en Allende, Piedras Negras, Ciudad Acuña , Morelos, Nava, Zaragoza y Villa Unión para vengarse de un "soplón" que huyó a Estados Unidos y dio información sobre el cártel.
"En la violencia que asola a México han influido la sociedad y el gobierno de Estados Unidos. La venganza Zeta fue responsabilidad de la Administración para el Control de Drogas, y la Policía Federal que seis años después se niega a revelar la identidad de los responsables", plantea una de las conclusiones de la investigación.
De acuerdo con la investigación la responsabilidad de Estados Unidos se dio por la falta de protocolos al momento de enviar información delicada desde México sobre el cártel, la cuya por la corrupción que impera en el país cayó en manos de los narcotraficantes.
"En la trama revelada por Ginger Thompson, un jefe de la DEA envió información muy delicada sobre los jefes Zeta a la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal. Él pensaba que "tenía un amigo ahí en quien podía confiar". Alguien de la Unidad informó a los Zetas del riesgo que corrían. Los Treviño Morales ordenaron la venganza", dice el documento.
Matanzas calladas
Entre los errores que se cometieron por parte de Estados Unidos y México al compartir información sensible destacan: la ausencia o indiferencia de protocolos para compartir información que Estados Unidos sí aplica en países como Colombia; falta de un rendición de cuentas, lo que se confirma que la falta de investigación al interior de la DEA y la Policía Federal por la filtración que costó la vida de "centenares de personas" y "el esfuerzo deliberado de los gobiernos por ocultar información y negar su responsabilidad".
Los investigadores resaltaron la importancia de dejar de llamar a los sucedido entre el 18 y el 22 de marzo "la matanza de Allende", pues corroboraron en base al análisis de los expedientes que la masacre fue más mortífera en Piedras Negras, en donde no sólo incineraron a personas en la cárcel, sino en la ciudad en lugares en donde se reportaron al C4 en esos dos días 42 incendios a través de 100 llamadas.
Ariadna García, activista de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, que en Piedras Negras representa a 800 víctimas directas e indirectas, dijo en la presentación del informe que las familias aún padecen las secuelas de la matanza de Los Zetas.
"Al ir avanzando con el tema de las investigaciones sobre las desapariciones forzadas, llegamos al caso de Allende y empezamos a trabajar con las familias. En una reunión con cinco familias era muy sorprendente darse cuenta que las familias no podían ni siquiera voltearse a ver, pensando que entre ellos mismos se encontraba alguno de los perpetradores de la desaparición de su ser querido", narró.
La activista aclaró que aunque el Gobierno del Estado ha dicho que se han localizado 4 mil personas, las familias de Allende y Piedras Negras continúan reclamando a sus desaparecidos.
"Se han entregado supuestas cenizas a los familiares, pero desafortunadamente no existen tales cenizas; se les fue entregada tierra de los supuestos lugares donde fueron asesinadas a las personas. Se les han entregado actas de defunción sin el cuerpo de su ser querido", dijo.