FGR aprehende a ex administrador de Grandes Contribuyentes del SAT acusado de enriquecimiento ilícito
Héctor Taurino Landa Cabrera fue detenido en una investigación por enriquecimiento ilícito en la que autoridades judiciales han señalado un incremento patrimonial superior a 50.5 millones de pesos durante su paso por el servicio público
La Fiscalía General de la República informó este sábado la detención de Héctor Taurino Landa Cabrera, ex administrador central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria.
El detenido es acusado de enriquecimiento ilícito en un caso que involucra la presunta adquisición de tres inmuebles valuados en 21.9 millones de pesos que, según las investigaciones, excedían sus ingresos como funcionario.
De acuerdo con el comunicado difundido por la FGR, elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron trabajos de investigación, análisis patrimonial, verificación de domicilios y labores de inteligencia que permitieron ubicar y detener al ex funcionario.
La dependencia señaló que, con acompañamiento del SAT, obtuvo información que apunta a que Landa Cabrera, quien se desempeñó como funcionario en esa institución entre 2011 y 2018, “posiblemente cometió hechos constitutivos de delito, al incrementar su patrimonio de manera injustificada”, además de que presuntamente recibió un inmueble como pago por un contrato de prestación de servicios que no fue realizado.
Con base en los datos de prueba recabados por la AIC, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción solicitó una orden de aprehensión, la cual fue concedida por una autoridad judicial.
Operativo en Xalapa
La FGR indicó que, tras realizar vigilancias fijas y móviles en distintos días y horarios, se confirmó la presencia del ex funcionario en un domicilio ubicado en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Xalapa, Veracruz.
Posteriormente, con apoyo de autoridades del Gabinete de Seguridad, se desplegó un operativo para ejecutar la orden judicial y poner al detenido a disposición de la autoridad competente.
Antecedentes del caso
El caso de Landa Cabrera se encontraba bajo investigación desde años atrás. El ex funcionario ingresó al SAT en 2011 y ascendió hasta ocupar el cargo de administrador central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes, puesto que desempeñó desde 2013 y hasta 2018.
Las investigaciones derivaron del hallazgo de una residencia con valor comercial de 15 millones de pesos que habría sido entregada por una empresa facturera.
Posteriormente, la FGR revisó su patrimonio y detectó la adquisición de otros inmuebles, con un valor total de 21.9 millones de pesos, monto que, de acuerdo con la acusación, excedía los ingresos que percibió como funcionario público.
Por ello, la Fiscalía formuló una acusación por enriquecimiento ilícito, lo que dio origen a diversos recursos legales promovidos por Landa Cabrera.
La resolución de la Suprema Corte
En mayo de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo promovido por Landa Cabrera, mediante el cual buscaba frenar el proceso penal en su contra y cuestionaba la constitucionalidad del delito de enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224 del Código Penal Federal.
El ex funcionario argumentaba que dicha disposición vulneraba los principios de legalidad y presunción de inocencia; sin embargo, el proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue aprobado por la Primera Sala de la Corte.
La resolución sostuvo que el señalamiento de una discrepancia entre los bienes de un servidor público y sus ingresos no implica prejuzgar sobre el origen ilícito de esos recursos.
En ese sentido, el proyecto aprobado estableció: “En conclusión, la porción normativa impugnada no impone una carga de probar la inocencia, sino que señala la forma en que puede hacerse frente, si así lo desea la persona servidora pública, a una acusación en su contra por un enriquecimiento que se presume ilícito”.
Durante la discusión de ese asunto, la ministra Margarita Ríos Farjat solicitó ser declarada impedida para participar en la votación, al señalar que conoció el caso cuando estuvo al frente del SAT en 2019. La petición fue aceptada por los integrantes de la Primera Sala.
Otro revés judicial en 2023
Además del amparo resuelto por la Suprema Corte, Landa Cabrera enfrentó otro procedimiento judicial relacionado con el mismo caso. El 31 de agosto de 2023, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el amparo en revisión 83/2022, mediante el cual el ex funcionario buscaba impugnar la confirmación de su auto de vinculación a proceso por enriquecimiento ilícito.
En ese asunto, la defensa también cuestionó la obtención de declaraciones patrimoniales utilizadas por la Fiscalía en la investigación; sin embargo, el Tribunal recordó que los aspectos constitucionales ya habían sido analizados previamente por la Suprema Corte, que determinó la validez de las normas aplicables al considerar que los servidores públicos asumen obligaciones de transparencia respecto de sus ingresos y patrimonio al desempeñar un cargo público.
Por ello, los magistrados se concentraron en revisar los aspectos de legalidad del caso y concluyeron que los argumentos de la defensa carecían de sustento para revocar la vinculación a proceso. Tras analizar las constancias del expediente y la videograbación de la audiencia inicial, determinaron que existían elementos suficientes para mantener abierto el proceso penal.
Entre los datos de prueba valorados por el órgano jurisdiccional figuraban dictámenes contables e informes bancarios que, según la resolución, mostraban una diferencia entre los ingresos obtenidos por el ex funcionario y el crecimiento de su patrimonio.
De acuerdo con el fallo, durante un periodo de cinco años Landa Cabrera percibió un sueldo neto superior a 7.4 millones de pesos, mientras que el incremento patrimonial analizado rebasó los 50.5 millones de pesos.
La resolución también hizo referencia a la adquisición de tres inmuebles con un valor conjunto de 21.9 millones de pesos, así como a la compra de vehículos y a diversos depósitos bancarios que formaban parte de los elementos examinados por las autoridades ministeriales y judiciales.
De acuerdo con el fallo, parte de esos movimientos fueron detectados tanto en cuentas del ex funcionario como de su esposa, quien aparecía registrada como su dependiente económica y sin ingresos propios, circunstancia que fue considerada dentro del análisis efectuado por el tribunal.
Tras revisar el expediente, el Primer Tribunal Colegiado resolvió por unanimidad confirmar la sentencia recurrida y negar la protección de la justicia federal a Héctor Taurino Landa Cabrera, con lo que quedó firme la determinación que mantuvo vigente su vinculación a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito.