FGR detecta red de contrabando de combustible vinculada a Ernesto Ruffo Appel
Ernestina Godoy, titular de la institución, informa que se identificó la mayor red de contrabando de hidrocarburos detectada hasta ahora, con una presunta evasión fiscal superior a 106 millones de pesos y 25 personas bajo investigación
La Fiscalía General de la República identificó la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta el momento, la cual operaba mediante carros tanque de ferrocarril y estaba vinculada a una empresa fundada por Ernesto Ruffo Appel, ex Gobernador de Baja California, quien fue aprehendido en Ensenada, Baja California, por elementos del Gabinete de Seguridad.
La investigación, resultado del análisis y cruce sistemático de información aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y corporativa, permitió reconstruir la operación logística y financiera utilizada para introducir, distribuir y comercializar hidrocarburos de manera irregular en territorio nacional.
Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, explicó en un mensaje transmitido en vivo y dirigido al pueblo de México que la investigación reveló que esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ruffo Appel.
Las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo; sin embargo, al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los que efectivamente estaban transportando.
El producto provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.
De acuerdo con la investigación, la red declaraba solo el 10 por ciento de la capacidad real de cada carro tanque de ferrocarril: reportaban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil litros.
Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión llamadas espuelas ferroviarias, sin contar con los permisos correspondientes de la autoridad reguladora del sector energético.
En esos puntos, el producto era transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas diferentes, encargadas después de vender y distribuir el combustible en distintas regiones del País.
Como resultado de una primera acción operativa, se generó una afectación económica estimada en 32 millones 808 mil pesos para la organización investigada. Además, se desarticuló uno de sus principales centros de operación y se localizaron decenas de carros tanque de ferrocarril en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí.
Las investigaciones revelaron un perjuicio millonario al fisco derivado de la declaración irregular de hidrocarburos y de la omisión en el pago de impuestos: aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustibles no fueron declarados ante las autoridades, mediante el uso de 162 carros tanque de ferrocarril.
Tan solo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la evasión estimada asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos. A ello se suman 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado. En conjunto, el posible daño causado a la Hacienda Pública por estos impuestos asciende a 106 millones 800 mil 821 pesos.
La investigación también evidenció diferencias significativas entre los volúmenes autorizados para importar combustibles y las cantidades que realmente ingresaron al País: en el caso del diésel, se detectó la importación de volúmenes equivalentes a más de 10 veces de lo autorizado, mientras que, respecto de la gasolina regular, las empresas involucradas introdujeron más de tres veces y media del volumen permitido.
El punto de partida de la investigación fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo, localizados en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, acción en la que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR, Protección Civil, Petróleos Mexicanos y la Agencia Nacional de Aduanas de México.
A partir de ese aseguramiento, la operación fue reconstruida mediante el análisis y cruce de información sobre personas, empresas, representantes legales, socios, domicilios y documentación administrativa, con verificación de domicilios y centros de operación en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México.
La red involucra a 25 objetivos, entre socios de las empresas vinculadas, operadores, agentes aduanales y personal autorizado de agencias aduanales.
Godoy Ramos precisó que, por respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, la información relacionada con la situación jurídica de las personas involucradas será comunicada conforme lo permitan las etapas procesales correspondientes.
La titular de la FGR indicó que la institución continuará investigando y desarticulando las redes que obtienen ganancias mediante el contrabando de hidrocarburos, la evasión fiscal y el uso de estructuras financieras para ocultar recursos de origen ilícito, en coordinación con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.