FGR gana juicio y se queda con residencia de Lozoya, valuada en más de $51 millones
La institución informó que un tribunal federal validó que el inmueble, ubicado en la Ciudad de México, fue adquirido con recursos de procedencia ilícita
La Fiscalía General de la República obtuvo este 8 de mayo una resolución judicial favorable que confirmó como procedente la acción de extinción de dominio sobre una residencia ubicada en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, valuada en más de 51 millones de pesos y que era propiedad de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos.
La resolución fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, en el marco del juicio de amparo promovido por Lozoya Austin, y ratificó la sentencia de segunda instancia en la que ya se había declarado procedente la extinción de dominio respecto al inmueble.
Según el comunicado de la FGR, las pruebas recabadas por ministerios públicos de la institución acreditaron que la residencia fue adquirida con recursos de procedencia ilícita, vinculados a la venta a sobrecosto de una planta durante la gestión de Lozoya Austin al frente de Pemex.
El procedimiento legal tuvo su origen en 2021, cuando la FGR presentó la demanda de extinción de dominio. En primera instancia, la Juez Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio determinó que la acción no era procedente.
Ante esa resolución, la Fiscalía General de la República interpuso un recurso de apelación, el cual fue resuelto favorablemente por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Civil, que revocó la sentencia inicial y declaró procedente la extinción de dominio.
La defensa del proceso a cargo del Estado correspondió al Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especial en Materia de Extinción de Dominio, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional, instancia que interpuso el recurso de apelación del que derivó el fallo favorable para la Fiscalía.
Con esta determinación, la FGR reafirmó su postura institucional de impulsar acciones en materia de extinción de dominio para desarticular estructuras financieras de la delincuencia e incorporar al patrimonio del Estado los bienes adquiridos de manera ilícita.