FGR investiga a ex esposo de Gobernadora de BC, por presuntos nexos con el crimen organizado

Según un reporte de Nmás, las investigaciones se relacionan con vínculos con una red que está relacionada con un grupo delictivo

La Fiscalía General de la República inició una investigación contra Carlos Alberto Torres Torres, ex esposo de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por su presunta responsabilidad en una red criminal dedicada a la extorsión, tráfico de armas y lavado de dinero, reveló Nmás el martes.

Según el expediente FED/FEMDO/FEIDMHDARV-BC/0000556/2025, el ex funcionario habría facilitado las operaciones de la facción delictiva Los Rusos, vinculada al Cártel de Sinaloa, en Baja California.

La denuncia presentada ante la Fiscalía en Materia de Delincuencia Organizada el 11 de junio de 2025 indica que Torres Torres presuntamente percibía pagos de 150 mil dólares mensuales.

Estos recursos eran entregados por Pedro Ariel Mendívil García, ex Secretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, con la finalidad de permitir el despliegue de actividades ilícitas del grupo criminal en la región norte del País.

Dentro de la estructura bajo investigación, Luis Alfonso Torres Torres, hermano del imputado, es señalado como el presunto líder operativo de la red.

Según las indagatorias federales, Luis Alfonso Torres Torres dirigía las operaciones administrativas de fondos ilícitos a través de diversas empresas y canalizaba recursos hacia campañas políticas en México.

El esquema incluía la extorsión de mercancías y envíos en las aduanas estatales, cuyos beneficios económicos eran presuntamente enviados a Ulises Ramírez Loya, quien ejerce como notario en Baja California.

El proceso judicial de la FGR involucra a diversos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria de Baja California, entre ellos Gustavo Santos Hernández, titular de la dependencia; Juan Manuel Quiñones Espinoza, titular de la Dirección de Auditoría, y Omar Vicente Franco, titular de la Dirección de Auditoría de Comercio Exterior.

Asimismo, se investiga la participación de Armando Ayala Robles, Senador de la República y ex Presidente Municipal de Ensenada, y de Arnulfo Guerrero León, Secretario de Gobierno de Tijuana.

Como antecedente a las pesquisas en México, el 10 de mayo de 2025, el Gobierno de Estados Unidos notificó a Torres Torres sobre la revocación de su visa de no inmigrante.

Una semana antes, las autoridades de Estados Unidos procedieron a la cancelación de su tarjeta SENTRI, documento que permite agilizar los cruces fronterizos para viajeros confiables.

Ante estas acciones, el político manifestó que se trataba de procedimientos administrativos sin relación con investigaciones penales, afirmando que se sentía tranquilo respecto a su situación legal.

Torres Torres renunció a su cargo como titular de la Coordinación de Proyectos Estratégicos del Gobierno de Baja California el 3 de junio de 2025, tras la difusión de los señalamientos en su contra.

El investigado cuenta con una amplia carrera política en Baja California, donde se desempeñó como Diputado local entre 2016 y 2019, Diputado federal y candidato a la Presidencia Municipal de Tijuana, Baja California, por el Partido Acción Nacional.

El 29 de octubre de 2025, las autoridades emitieron citatorios para que los funcionarios implicados comparecieran ante el Ministerio Público Federal.

La FGR continúa con el análisis del flujo de capitales que, según la denuncia, habrían sido invertidos en propiedades inmobiliarias en Estados Unidos como parte del proceso de blanqueo de activos de la organización criminal.