FGR niega tener testigos protegidos para investigar ‘al hijo de un ex presidente’
La Fiscalía General de la República precisó que el Ministerio Público de la Federación no dispone de ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto
La Fiscalía General de la República (FGR) desmintió el 17 de agosto de 2026 las versiones periodísticas que le atribuyen contar con testigos protegidos cuyos señalamientos permitirían abrir una investigación contra el hijo de un ex presidente de México por delitos en materia de hidrocarburos, al calificar esa información como falsa.
En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial en la red social Facebook, la institución ministerial precisó que el Ministerio Público de la Federación no dispone de ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto.
El posicionamiento de la dependencia encabezada por Ernestina Godoy Ramos no identificó al ex presidente ni al familiar aludidos en las versiones que motivaron el desmentido, tampoco precisó los medios de comunicación que difundieron esa información ni el momento en que fue publicada.
El pronunciamiento se produjo en medio de la controversia política derivada de la revocación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y aspirante a una candidatura a diputación federal por el VI Distrito Electoral de Tabasco, medida que el propio interesado dio a conocer el 13 de agosto de 2026 mediante una carta pública dirigida al presidente Donald John Trump.
López Beltrán rechazó el 12 de agosto de 2026 estar relacionado con actividades delictivas y negó ser propietario de alguna empresa dedicada a la importación de combustibles. “Se me acusa a mí de huachicol fiscal, pero no hay una sola prueba”, declaró durante una entrevista difundida en plataformas digitales, en la que atribuyó los señalamientos a su condición de hijo del ex presidente.
El 11 de agosto de 2026, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, negó haber sostenido conversaciones con alguno de los hijos del ex presidente para frenar las investigaciones respecto a la red de contrabando de combustible atribuida a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. “Nunca he sostenido ningún tipo de conversación con las personas referidas”, afirmó el funcionario federal.
El cuestionamiento planteado al titular de la SSPC Federal se sustentó en el testimonio de Alejandro Torres Joaquín, ex director de la Aduana de Tampico y testigo colaborador de la FGR identificado con la clave “Santo”. Según fragmentos publicados del expediente, otro imputado habría referido al testigo que las indagatorias contra esa estructura obedecían a diferencias políticas entre el funcionario federal y “el hijo del Presidente”. El testimonio no identifica a cuál de los hijos del ex mandatario se refería ni acredita contacto directo alguno.
El Partido Acción Nacional (PAN) demandó el 14 de agosto de 2026, mediante un comunicado, que la FGR citara a López Beltrán para aclarar presuntos vínculos con contrabando de combustibles, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreara cuentas, transferencias y contratos de su círculo cercano.
Ninguno de los señalamientos difundidos respecto al hijo del ex presidente ha sido judicializado en México ni ha derivado en imputación formal por parte de la institución ministerial. El 11 de junio de 2025, la embajada de Estados Unidos en México desmintió una lista difundida en plataformas digitales en la que se afirmaba que López Beltrán y otros políticos mexicanos eran procesados por cargos relacionados con el contrabando de combustible.
La FGR mantiene abiertas diversas investigaciones por el esquema conocido como huachicol fiscal, entre ellas la que derivó en la detención de nueve personas ligadas a una red de contrabando de hidrocarburos por vía férrea, con una imputación formal por 166 millones 466 mil 735.26 pesos y un daño a la hacienda pública que la institución busca acreditar por encima de los 4 mil millones de pesos.