García Harfuch informa que FGR gestiona el traslado a México de Gómez Mont, detenida en EU

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana desconoce si el proceso se concretará mediante una extradición o una deportación

El Secretario de Seguridad y Protección Civil, Omar García Harfuch, informó que la Fiscalía General de la República realiza gestiones para trasladar a México a la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, detenida en Estados Unidos, y reconoció que desconoce si el regreso se concretaría mediante extradición o deportación.

El caso fue abordado durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

“El caso lo tiene FGR, sabemos que está detenida allá y que FGR está haciendo los trámites para traer a México”, respondió García Harfuch.

Cuestionado respecto al mecanismo legal que se aplicaría, señaló que no contaba con esa información y que la dependencia a su cargo pediría una aclaración.

“Desconozco, pero solicitamos a la FGR que informe”, indicó.

Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, por autoridades migratorias estadounidenses, luego de permanecer varios años fuera de México.

Su defensa presentó en ese país un recurso judicial para solicitar su liberación de la detención migratoria.

Las declaraciones del titular de la SSPC ocurrieron ocho días después de que Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, informara el 2 de noviembre que la ex conductora enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes, todas libradas por jueces federales mexicanos, y que las autoridades mexicanas solicitaron su detención provisional con fines de extradición desde septiembre de 2025.

Una de esas órdenes fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por la probable participación de Gómez Mont en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las otras dos fueron promovidas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial por defraudación fiscal equiparada.

La FGR ha señalado que las investigaciones se relacionan con un presunto esquema de desvío de recursos públicos mediante empresas fantasma y operaciones financieras para ocultar el destino del dinero.

Según la Fiscalía, las operaciones investigadas incluyen contratos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos vinculados con el sistema penitenciario federal, además de presuntas omisiones fiscales por más de 13 millones de pesos, relacionadas con ingresos declarados en 2014 y 2016.