Gobernadora de Baja California confirma investigación contra su ex esposo por presuntos nexos con el narcotráfico

Marina del Pilar Ávila Olmeda manifestó su confianza en la FGR y señaló que la institución llevará a cabo una investigación exhaustiva

Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de Baja California, confirmó la existencia de una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) contra su ex esposo y ex diputado federal Carlos Torres Torres, quien es señalado por su presunta participación en una red de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero vinculada al cártel de Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa.

Durante una conferencia de prensa realizada en Tijuana, Baja California, la mandataria morenista reconoció que estaba al tanto de la denuncia anónima que dio origen al expediente FED/FEMDO/FEIDMHDARV-BC/0000556/2025, el cual había sido difundido por medios de comunicación aproximadamente un mes antes.

“Si conocía esa denuncia, todos la conocíamos, ustedes también la conocían, se trata del mismo tema de hace aproximadamente un mes o mes y medio donde salieron unos citatorios filtrados y demás, que estuvieron en medios de comunicación, es la misma carpeta de una denuncia anónima”, declaró Ávila Olmeda ante la prensa.

La funcionaria manifestó su confianza en la FGR y señaló que la institución llevará a cabo una investigación exhaustiva. “Yo estoy convencida de que la Fiscalía General de la República es una institución muy seria, sumamente seria, que va a hacer una investigación a profundidad y se van a esclarecer los hechos y se va a determinar por parte de la Fiscalía”, expresó.

La denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) el 11 de junio de 2025 señala que Torres Torres habría recibido pagos mensuales de 150 mil dólares por parte de Pedro Ariel Mendívil García, ex titular de la Secretaría de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, con el propósito de facilitar las operaciones de Los Rusos en territorio bajacaliforniano.

Según la investigación difundida por N+Focus el 20 de enero de 2026, Luis Alfonso Torres Torres, hermano del investigado, aparece señalado como el presunto líder operativo de la red. El expediente indica que Luis Alfonso Torres Torres dirigía operaciones administrativas de fondos ilícitos a través de diversas empresas y canalizaba recursos hacia campañas políticas en México. El esquema incluía extorsión de mercancías y envíos en las aduanas estatales, cuyos beneficios económicos eran presuntamente enviados a Ulises Ramírez Loya, quien ejerce como notario en Baja California.

El proceso judicial involucra a diversos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SAT BC), entre ellos Gustavo Santos Hernández, titular de la dependencia; Juan Manuel Quiñones Espinoza, titular de la Dirección de Auditoría, y Omar Vicente Franco, titular de la Dirección de Auditoría de Comercio Exterior. La investigación también incluye a Armando Ayala Robles, senador de la República y expresidente municipal de Ensenada, y Arnulfo Guerrero León, titular de la Secretaría de Gobierno de Tijuana.

Carlos Torres Torres emitió un pronunciamiento la noche del 20 de enero de 2026 en el que confirmó estar al tanto del proceso, aunque minimizó la validez de los cargos al calificarlos como un “procedimiento protocolario” derivado de un señalamiento “sin rostro”.

“El origen de dicha información es una denuncia anónima. Es vital distinguir que no se trata de una investigación basada en hechos, sino de un procedimiento protocolario ante un dicho sin rostro”, expuso el ex funcionario.

“Respeto profundamente el trabajo de las instituciones y el debido proceso. Por ello, manifiesto mi total disposición para esclarecer estas calumnias anónimas: no tengo nada que ocultar”, subrayó Torres Torres.

Como antecedente, el 10 de mayo de 2025 el Gobierno de Estados Unidos notificó a Torres Torres sobre la revocación de su visa de no inmigrante. Una semana antes, las autoridades estadounidenses procedieron a la cancelación de su tarjeta SENTRI, documento que permite agilizar los cruces fronterizos para viajeros confiables. El político manifestó en ese momento que se trataba de procedimientos administrativos sin relación con investigaciones penales.

Torres Torres renunció a su cargo como titular de la Coordinación de Proyectos Estratégicos del Gobierno de Baja California el 3 de junio de 2025, tras la difusión de los señalamientos en su contra. El investigado cuenta con una amplia carrera política en Baja California, donde se desempeñó como diputado local entre 2016 y 2019, diputado federal y candidato a la presidencia municipal de Tijuana por el Partido Acción Nacional (PAN).

Después de que el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a Torres Torres, la gobernadora de Baja California reveló la madrugada del 11 de mayo de 2025 que ella también recibió una notificación “similar”, aunque no confirmó explícitamente que le hubiera sido retirado su permiso para entrar a Estados Unidos como extranjera.

“En estos días he sido testigo, una vez más, de lo que verdaderamente significa el amor, la entereza y la lealtad. Mi esposo, Carlos, ha enfrentado una situación, y como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado. Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar”, indicó Ávila Olmeda en su cuenta de la red social Facebook.

El 29 de octubre de 2025, las autoridades emitieron citatorios para que los funcionarios implicados comparecieran ante el Ministerio Público Federal. La FGR continúa con el análisis del flujo de capitales que, según la denuncia, habrían sido invertidos en propiedades inmobiliarias en Estados Unidos como parte del proceso de blanqueo de activos de la organización criminal.

El 8 de octubre de 2025, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó públicamente que se encontraba en proceso de divorcio de Carlos Torres Torres. “Estamos en proceso de divorcio. Yo respeto mucho a Carlos. Es un gran hombre, un gran papá. Y lo estamos haciendo con mucho cariño y con mucho respeto. Estamos en ese proceso”, respondió la mandataria durante su conferencia matinal realizada en Mexicali.

La pareja contrajo nupcias el 20 de septiembre de 2019, en un enlace al que acudió el entonces gobernador en funciones Jaime Bonilla Valdez. La boda fue días antes de que Ávila Olmeda entrara en funciones como alcaldesa del municipio de Mexicali, el 30 de septiembre de 2019.

Torres Torres, de 49 años de edad y oriundo de Mexicali, es Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Fue secretario de Acción Juvenil del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California de 1996 a 2000. De 2001 a 2004 fungió como Secretario Nacional de Acción Juvenil. Se desempeñó como Director del Programa de Juventud del Ayuntamiento de Tijuana de 1998 a 2001.

Fue diputado federal por el PAN, cargo al que accedió por representación proporcional y que ocupó del 1 de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2009. En 2010 fue candidato del PAN a presidente municipal de Tijuana, pero perdió ante Carlos Bustamante Anchondo, candidato de la coalición Por un Gobierno Responsable. En 2019 fue expulsado del PAN por apoyar la denominada “Ley Bonilla”, para prolongar de dos a cinco años el mandato del entonces gobernador Bonilla Valdez, la cual finalmente fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se afilió a Morena el 6 de febrero de 2025.

El cártel de Los Rusos es una célula criminal liderada por Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, quien se desempeña como brazo armado de la facción de Ismael Zambada García, alias El Mayo, histórico capo del Cártel de Sinaloa actualmente detenido en Estados Unidos. Los Rusos operan principalmente en Baja California y controlan el corredor de narcotráfico de Mexicali. El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por la captura de El Ruso, quien enfrenta cargos por conspiración para formar una organización criminal, delitos violentos relacionados con crimen organizado, conspiración para distribuir sustancias controladas, toma de rehenes, conspiración para lavar dinero y portación y uso de arma de fuego para cometer delitos violentos ligados al narcotráfico.

La Administración encabezada por el Presidente Donald Trump ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, la mayoría militantes o ligados al partido Morena, según reportó la agencia británica Reuters el 14 de octubre de 2025, basada en las declaraciones de dos funcionarios mexicanos que prefirieron el anonimato.

Ávila Olmeda manifestó el 21 de enero de 2026 que la Fiscalía tiene la responsabilidad de investigar cualquier denuncia, incluso las anónimas. “La Fiscalía tiene la responsabilidad de investigar cualquier denuncia, así se trate de denuncias anónimas, entonces, pues la Fiscalía está haciendo su trabajo; confiamos en el trabajo de la Fiscalía y pues que se atienda esta investigación conforme a derecho y como debe de ser”, añadió la gobernadora de Baja California.