Gobierno consultará nueva Ley Indígena en más de 16 mil comunidades antes de enviarla al Congreso
El proyecto busca que la iniciativa pueda ser presentada el 12 de octubre ante el Poder Legislativo
El Gobierno federal someterá a consulta la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en 16 mil 728 comunidades del País antes de presentarla al Congreso de la Unión, con miras a enviar la iniciativa al Poder Legislativo el 12 de octubre de 2026, fecha identificada como el Día de la Nación Pluricultural y de la Resistencia Indígena.
Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica de la Presidencia de México, anunció que el proceso busca recoger opiniones, propuestas y observaciones de los titulares de los derechos que reconoce la legislación, correspondientes a 69 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano.
La convocatoria para iniciar el proceso sería publicada ese mismo día, con el proceso organizado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
“Esta ley fue construida por muchas dependencias, llevó muchos meses de trabajo; llegó el momento de consultar a sus titulares”, declaró Alcalde Luján durante la conferencia mañanera, frente a representantes de pueblos originarios convocados al evento.
Según el esquema presentado, la etapa informativa se desarrollará del 1 de julio al 6 de agosto de 2026, periodo en que las autoridades recorrerán las más de 16 mil comunidades registradas en el catálogo nacional para explicar el contenido de la iniciativa mediante materiales elaborados por el INPI.
Del 7 de agosto al 13 de septiembre, cada comunidad deliberará conforme a sus propios sistemas normativos internos. Como parte de esa fase se realizarán 82 asambleas regionales de consulta y siete mesas de trabajo en Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, La Paz y San Pedro.
Las propuestas surgidas durante ese proceso serán analizadas e incorporadas al proyecto de iniciativa entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre de 2026.
En el proceso participarán 21 dependencias federales, además de un comité técnico asesor con representantes de la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y observadores acreditados.
Adelfo Regino Montes, titular del INPI, precisó que la iniciativa desarrolla la reforma al artículo segundo constitucional publicada en septiembre de 2024 y propone un nuevo régimen de justicia para los pueblos indígenas y afromexicanos que incluye un juicio de amparo para proteger derechos colectivos, procedimientos obligatorios de consulta, reconocimiento de personalidad jurídica y patrimonio propio para las comunidades.
“La idea es que los agravios cometidos en su contra sean debidamente sancionados y que sus derechos sean tutelados por el juicio de amparo indígena y afromexicano”, afirmó Regino Montes.
Detalló que el primer libro de la iniciativa reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público; el segundo desarrolla el régimen de libre determinación y autonomía en los ámbitos comunitario, municipal y regional, e incorpora materias como tierras y territorios, propiedad intelectual colectiva y mecanismos de participación.
Otro apartado está dedicado específicamente a los pueblos afromexicanos, mientras que un libro adicional incorpora acciones afirmativas para mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas, con énfasis en participación política, acceso a la tierra y una vida libre de violencia.
La propuesta también establece, por primera vez en una ley general, las bases, metodologías y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado respecto de medidas administrativas y legislativas que puedan afectar a los pueblos y comunidades.
Asimismo, define las competencias de la Federación, estados, municipios y alcaldías para asegurar el cumplimiento de los derechos indígenas y contempla la asignación directa de recursos públicos a las comunidades, mecanismo que ya opera mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
Regino Montes indicó que la iniciativa es resultado de 148 reuniones de trabajo con 35 dependencias federales, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, especialistas y representantes de diversas instituciones, y sostuvo que, de aprobarse, México contendría por primera vez con una ley general en esta materia.