‘Grave amenaza a la libertad de expresión’: vinculación a proceso de periodista, una escalada del acoso, dice Artículo 19
Artículo 19 aseguró que el proceso penal contra Rodolfo Ruiz no puede analizarse de manera aislada, pues su origen se encuentra en un contexto de cobertura periodística crítica sobre presuntos actos de corrupción y abuso de poder relacionados con autoridades de Puebla
Ante la vinculación a proceso del periodista Rodolfo Ruiz, director del medio e-consulta, la organización Artículo 19 advirtió que el uso del derecho penal para perseguir a periodistas es una grave amenaza a la libertad de expresión, por lo que es una escalada de acoso.
En un comunicado, exigió el cese “inmediato” del uso del derecho penal como herramienta de represalia contra periodistas y medios de comunicación.
Recordó que las autoridades están obligadas a crear un entorno seguro y propicio para el ejercicio del periodismo, no a profundizar su criminalización.
“La labor informativa, aun cuando resulte crítica o incómoda, está protegida por la Constitución mexicana y por los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, reiteró.
Pidió a las autoridades del estado de Puebla y del Poder Judicial para que se garantice de manera plena el debido proceso, incluyendo el acceso efectivo a la defensa, la publicidad de las audiencias y el respeto estricto a los principios de legalidad y presunción de inocencia.
“La vinculación a proceso se produce pese a que la defensa ha sostenido la licitud de los ingresos de Ruiz y ha señalado diversas irregularidades procesales, entre ellas obstáculos para acceder de manera plena y oportuna a la carpeta de investigación, lo que compromete el derecho a una defensa adecuada”, señaló.
Explicó que el proceso penal contra Ruiz no puede analizarse de manera aislada, pues su origen se encuentra en un contexto de cobertura periodística crítica sobre presuntos actos de corrupción y abuso de poder relacionados con autoridades de Puebla, incluidas instancias de procuración de justicia.
“La reactivación y judicialización del caso ocurre en un escenario donde el periodista ha investigado directamente a la institución que hoy lo acusa, lo que genera preocupaciones legítimas sobre represalias, conflicto de interés y uso indebido del poder”, aseguró.
Estigmatización y criminalización hacia la prensa
Artículo 19 recordó que, en abril de 2025, emitió una alerta en la que exigió al gobierno de Puebla cesar el uso de la tribuna pública para estigmatizar y criminalizar a la prensa, particularmente en contra de Rodolfo Ruiz.
“En una conferencia del 7 de abril de 2025, el gobernador Alejandro Armenta Mier utilizó un discurso estigmatizante al acusar al periodista de dirigir “una red de delincuencia cibernética”, lo que ARTICLE 19 advirtió como una práctica contraria a los estándares de libertad de expresión y con un efecto claramente intimidatorio sobre el ejercicio periodístico”, mencionó.
Artículo 19 advirtió que el uso de figuras penales complejas, como los delitos financieros contra periodistas críticos constituye una forma de censura indirecta, prohibida por los estándares internacionales de derechos humanos.
“Busca desgastar, intimidar y disuadir la labor informativa mediante procesos largos, costosos y estigmatizantes, aun cuando no exista una sentencia condenatoria.
Impacto en la libertad de expresión
Destacó que la vinculación a proceso de un periodista por hechos relacionados con su actividad profesional tiene un efecto inhibidor que trasciende a la persona directamente afectada.
“Este tipo de acciones envía un mensaje intimidatorio al gremio periodístico y a la sociedad en general, al normalizar el uso del aparato penal como respuesta a investigaciones incómodas para el poder. En un país donde la violencia contra la prensa convive con altos niveles de impunidad, la judicialización indebida profundiza el cierre del espacio cívico y debilita el derecho colectivo a estar informado”, aclaró.
El Estado mexicano tiene la obligación reforzada de garantizar que ninguna autoridad utilice el sistema de justicia para castigar o inhibir el ejercicio de la libertad de expresión, particularmente cuando se trata de periodistas que investigan asuntos de interés público.
Vinculación a proceso
El periodista Rodolfo Ruiz fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de manejo de recursos de procedencia ilícita; el juez le impuso además las medidas cautelares de firma periódica y la prohibición de salir del país.
En entrevista con Animal Político, Rodolfo Ruiz dijo que “quienes entraron a la audiencia pudieron darse cuenta de que el Ministerio Público no logró acreditar nada, se basaba en suposiciones”. Agregó que fue una audiencia “absolutamente parcial, donde el juez Joel Daniel Baltazar hizo suyas las acusaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla; parecía el Ministerio Público corregido y aumentado”.
Después de un receso que duró casi cuatro horas el juez “dio por ciertos todos los supuestos en que se basa la acusación del Ministerio Público. ¿En qué se basa la acusación?, en que el dinero con el que le pagué al abogado de mi defensa, Raúl Argüelles, procede de recursos de procedencia ilícita”.
De acuerdo con el director del periódico digital e-consulta, tanto la fiscalía como el juez suponen que le pagó en efectivo a su defensa y que esos recursos son de procedencia ilícita, “pese a que mi abogado aclaró cómo y cuánto le pagué”.
Ruiz asegura que la intención ha sido, desde el principio, “vincularme a proceso, para presionarme a mí y al medio. Estoy en el banquillo de los acusados por lo que he publicado, por lo que he escrito y documentado: corrupción en las licitaciones del gobierno del estado, en los contratos de obras y servicios, no por recursos de procedencia ilícita”.