Hija de Ruffo denuncia ante CNDH violaciones al debido proceso de su padre
La queja ante la CNDH abre una vía paralela de defensa mientras el caso escala al terreno diplomático y electoral
Verónica Ruffo, hija del ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, presentó el 27 de julio de 2026 una queja ante la sede en Tijuana, Baja California, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por presuntas violaciones al debido proceso en el caso que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue contra su padre por un presunto caso de huachicol fiscal.
Acompañada por un grupo de simpatizantes, Verónica Ruffo subió a un templete para dirigir un mensaje en el que relató lo que su padre le expresó durante una visita en prisión. “Mi papá es un preso político”, afirmó, y agregó: “Pude sentir lo que es una persecución política, lo sentí. Es necesario que escuchen el mensaje de mi papá. Mi papá es inquebrantable”.
Según su relato, Ruffo Appel llamó a la reflexión y a la unidad nacional en torno a los comicios intermedios de 2027. “Me dijo que debíamos reflexionar, que quería unión. ‘Quiero la unión de la nación. No quiero ataques’. Ruffo quiere la unión y quiere que todos reflexionemos. Pero también me dijo que vienen días mucho más difíciles. Vienen días de organización y de defender el voto”, contó.
Los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) Lizbeth Mata y Cuauhtémoc Cardona destacaron que Ruffo Appel había sido el primer gobernador emanado de la Oposición y, según señalaron, también el primero en ser un “preso político”.
El mismo 27 de julio de 2026, el ex presidente Vicente Fox Quesada dio a conocer en redes sociales la Declaración sobre la Criminalización Política en México, suscrita por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), integrada por 25 ex jefes de Estado. El documento denunció una “persecución política” contra el ex mandatario estatal, recluido en el Penal del Altiplano desde diez días antes.
“El desmantelamiento, por iniciativa gubernamental, del Sistema Judicial mexicano y la designación masiva de jueces mediante elecciones populares en las que privó la consideración partidaria e ideológica, ahora determina que se haya privado de libertad y se esté persiguiendo, sin respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia”, expresaron los firmantes, quienes calificaron el caso como un acto de venganza política contra el primer gobernador democráticamente electo de la oposición en la historia de México.
Los ex mandatarios sostuvieron que cuando la privación de la libertad se emplea para castigar la disidencia y convertir el aparato de justicia en mecanismo de intimidación, la condición de preso político se transforma en una denuncia sobre el deterioro del Estado de derecho. Además de Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, firmaron Óscar Arias, José María Aznar, Mariano Rajoy, Alfredo Cristiani, Iván Duque, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Eduardo Frei, Mauricio Macri, Lenín Moreno, Mireya Moscoso y Juan Carlos Wasmosy.
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió que el posicionamiento constituye un acto de solidaridad entre antiguas élites cuyo objetivo es presionar políticamente a las instituciones mexicanas en asuntos que corresponden a las autoridades y a los tribunales nacionales. Aseguró que los firmantes carecen de autoridad moral, porque entre ellos figuran gobernantes cuyas administraciones estuvieron marcadas por la represión social, la intervención electoral, el espionaje contra opositores, la militarización y violaciones a los derechos humanos.
“No pueden presentarse ahora como un tribunal moral quienes nunca aplicaron esos principios con la misma firmeza cuando ejercieron el poder”, expresó la dirigente.
Montiel Reyes reiteró que en el caso se ha actuado dentro del marco de la ley y sostuvo que una trayectoria política, un apellido, una fortuna o una red de relaciones de poder no constituyen un salvoconducto frente a la justicia. Añadió que haber sido el primer gobernador de Oposición, derivado de una concertación política que, según afirmó, avaló el fraude electoral de 1988, no concede inmunidad permanente ni convierte automáticamente una investigación en persecución.
La dirigente morenista señaló que los aliados del ex gobernador buscan desviar la atención de los hechos investigados y disputar en los medios lo que corresponde resolver ante los tribunales. “Pretenden convertir la presunción de inocencia en impunidad, la condición de opositor en fuero y la cercanía partidista en protección”, dijo.
Montiel Reyes reconoció el derecho de los integrantes de IDEA a expresar opiniones, aunque rechazó que puedan sustituir a los tribunales mexicanos, condicionar una investigación o erigirse en instancia supranacional. “El comunicado del Grupo IDEA solo es la solidaridad entre las antiguas élites que pretenden presionar políticamente a las instituciones mexicanas. Pero México ya cambió”, expresó.
El caso escaló así del terreno judicial al político, con la queja ante la CNDH como nueva vía de defensa y con el PAN y grupos de simpatizantes organizados en torno a la exigencia de liberación del ex gobernador.