Indagan sobreprecio por edificio del INE

"El ex contralor general del instituto, Gregorio Guerrero Pozas, concluyó su encargo el miércoles pero antes confirmó que las querellas siguen su curso, aunque no ofreció detalles sobre su evolución"

MÉXICO (UNIV)._ La Contraloría General del Instituto Nacional Electoral impuso sanciones económicas de 124.6 millones de pesos por diversas irregularidades en la adquisición del inmueble del organismo ubicado en la Colonia Ex Hacienda Coapa, delegación Tlalpan. 

Por este caso siguen su curso sendas denuncias de hechos presentadas ante la PGR por presunto daño patrimonial al Instituto Federal Electoral —antecesor del INE— por 124 millones de pesos. 

Las anomalías se centran en que se pagó de más por el inmueble, que alberga áreas como el Centro Nacional de Control y Monitoreo, el Centro de Verificación y Monitoreo del Distrito Federal, la Dirección de Sistemas de la Unicom, el sistema de consulta Ifetel, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Unidad de Fiscalización de los recursos de los partidos. 

El ex contralor general del instituto, Gregorio Guerrero Pozas, concluyó su encargo el miércoles pero antes confirmó que las querellas siguen su curso, aunque no ofreció detalles sobre su evolución. 

En el caso se investiga un pago de más por el edificio, entre otras razones porque de tres avalúos realizados antes de adquirirlo, se prefirió el de mayor monto. 

Los avalúos fueron de 118 millones de pesos, otro de 125 millones y uno más de 269 millones; el inmueble se compró por 225 millones de pesos. 

El caso de la compra del edificio quedó heredado al INE, aunque desde el 20 de marzo de 2013 el Consejo General del entonces IFE resolvió por unanimidad que no hubo irregularidades y por ello determinó la improcedencia de las sanciones que habían sido propuestas por Guerrero Pozas en contra de ex funcionarios del instituto. 

La principal anomalía habría ocurrido, según el ex contralor, durante la gestión de Fernando Miguel Santos Madrigal como director ejecutivo de Administración del IFE en 2009, año en que se adquirió el inmueble, y a quien señaló de presuntas conductas y omisiones que habrían ocasionado el quebranto.

EL CASO EN PROCESO
AUNQUE penalmente está pendiente el caso, según la Contraloría General rendido ante el Consejo General del INE, el 28 de marzo ya procedieron sanciones administrativas contra cuatro ex funcionarios, contra los que no era necesario el aval del pleno, pues el 7 junio de 2013 se emitió "resolución definitiva en el expediente CG/SAJ-R".