Investigación de MCCI revela que Gobierno de Rocha Moya realizó pagos a empresa señalada por EU por presuntos vínculos con el CJNG
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que Preecasin transfirió 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution, empresa identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una presunta red de lavado de dinero y huachicol fiscal relacionada con el CJNG
Una investigación de la Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que durante la administración del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, la empresa pública Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) realizó tres transferencias por un monto total de 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution, una comercializadora de petrolíferos que fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como integrante de una presunta red de lavado de dinero y huachicol fiscal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
La investigación, publicada por MCCI, se basa en documentos internos de Preecasin, organismo descentralizado del Gobierno de Sinaloa que originalmente fue creado como productor de materiales para la construcción y que desde hace alrededor de 15 años opera como ejecutor de obra pública estatal.
De acuerdo con dichos registros, las transferencias fueron realizadas entre el 4 y el 23 de abril de 2024 desde una cuenta bancaria de Banorte a nombre de la dependencia.
Según la documentación consultada por MCCI, los tres movimientos bancarios aparecen registrados únicamente con la descripción “pago de factura”, sin que se especifique el concepto de la operación ni el bien o servicio adquirido por la dependencia estatal.
La organización periodística señala que esa falta de información impide conocer con precisión el motivo de los pagos efectuados a la empresa.
Como parte de su revisión, MCCI buscó evidencia documental que respaldara las operaciones y encontró que Ahavat Logistics Solution no aparece inscrita en el padrón de proveedores del Gobierno de Sinaloa ni existen registros de contratos, licitaciones o adjudicaciones directas a su favor en Compranet.
Debido a ello, la organización periodística señala que no fue posible localizar documentación pública que explique o sustente las transferencias realizadas por Preecasin.
La investigación refiere que Ahavat Logistics Solution fue constituida en febrero de 2017 en Toluca, Estado de México, y que en junio de 2020 obtuvo de la Comisión Reguladora de Energía un permiso para la comercialización de petrolíferos.
MCCI agrega que durante los trámites realizados ante esa autoridad reguladora la empresa reportó domicilios en Acambay y posteriormente en Metepec; sin embargo, al revisar otra documentación relacionada con su actividad comercial encontró que utilizó como dirección un edificio ubicado en la calle Pablo Villaseñor, en Guadalajara.
De acuerdo con MCCI, ese mismo inmueble fue utilizado por Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa incluida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dentro de la misma red de presunto lavado de dinero y huachicol fiscal.
La coincidencia de domicilios constituye uno de los elementos considerados en la investigación periodística para establecer la relación entre ambas compañías.
La publicación también señala que Ahavat Logistics Solution y Jomadi Logistics & Cargo compartieron como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez.
Conforme a la información difundida por MCCI, el empresario aparece igualmente en las sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependencia del Departamento del Tesoro encargada de aplicar medidas económicas contra personas y empresas relacionadas con actividades ilícitas.
MCCI expone que, además de las sanciones de OFAC, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) identifica a José Refugio Ruiz Villagómez como presunto operador de una red dedicada al contrabando de combustibles y al lavado de dinero.
En el documento citado por la organización periodística, las autoridades estadounidenses sostienen que Ahavat Logistics Solution y Jomadi Logistics & Cargo realizaron operaciones financieras por decenas de millones de dólares a través del sistema bancario estadounidense con terceros presuntamente vinculados al CJNG.
La investigación de MCCI también refiere que FinCEN acusa a ambas empresas de introducir combustible desde Estados Unidos hacia México sin los permisos correspondientes, además de presuntamente realizar pagos a organizaciones criminales que controlan diversos cruces fronterizos para facilitar esas operaciones.
Asimismo, recuerda que autoridades mexicanas ya habían señalado a Jomadi Logistics & Cargo por su presunta participación en esquemas de huachicol fiscal.
En el caso específico de Jomadi Logistics & Cargo, MCCI añade que la empresa obtuvo en 2017 un permiso para importar hasta nueve mil millones de litros de diésel y que posteriormente fue relacionada con operaciones internacionales de intercambio de petróleo provenientes de Venezuela, hechos que incluso fueron objeto de investigaciones federales en Estados Unidos.
Respecto de los pagos realizados desde Sinaloa, la investigación enfatiza que ocurrieron en abril de 2024, es decir, durante la administración de Rubén Rocha Moya al frente del Gobierno del Estado.
La investigación es publicada en un contexto en el que Rocha Moya se mantiene con licencia a su cargo, debido a que es sujeto de una investigación por parte del Gobierno de los Estados Unidos por presuntamente ser parte de una red política que favoreció estructuras del crimen organizado en Sinaloa, específicamente a Los Chapitos.