Jorge Luis Lavalle es, hasta ahora, el único vinculado a proceso por caso Odebrecht

Carlos Álvarez
13 abril 2021

Durante una audiencia que se prolongó por más de 20 horas, el Juez también fijó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria

Un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, vinculó a proceso y ratificó la prisión preventiva justificada solicitada por la Fiscalía General de la República, al ex Senador panista Jorge Luis Lavalle Maury, ex presidente de la Comisión de Administración del Senado.

Ello, por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, derivados de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, tras las acusaciones que hizo en su contra el ex director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Ricardo Lozoya Austin.

Durante una audiencia que se prolongó por más de 20 horas, el Juez también fijó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria, periodo de tiempo en el que la defensa del ex senador y la FGR reunirán datos de prueba para dicho caso.

La Fiscalía General de la República presentó 37 datos de prueba contra el político campechano, mientras que la defensa del ex senador alrededor de 20. Sin embargo, el juez federal sólo consideró los dichos de Lozoya Austin y de Rafael Caraveo Opengo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado.

Fuerte Tapia desestimó los testimonios de Rodrigo Arteaga Santoyo, secretario particular de Lozoya Austin y de Francisco Olascoaga Rodríguez, jefe del Departamento Administrativo del director de PEMEX, quienes desmintieron al ex director general de PEMEX, al afirmar que ellos operaron bajo sus órdenes la entrega de sobornos a los legisladores para la aprobación de la reforma energética.

A pesar de que las declaraciones de lo dos ex colaboradores de Lozoya Austin fueron agregados a la carpeta de investigación y entregados a lo fiscales, el juez federal dijo que como se trata de declaraciones rendidas ante la defensa y no ante el Ministerio Público, no tienen el mismo valor que los obtenidos por la FGR.

El 11 de agosto de 2020, cuando presentó su denuncia de hechos por los supuestos sobornos para la aprobación de la reforma energética, Lozoya Austin señaló que Arteaga Santoyo y Olascoaga Rodríguez fueron quienes, por instrucción suya, entregaron las maletas de dinero a los representantes de los legisladores e incluso los grabaron en video, como es el caso de Caraveo Opengo.

El 9 de abril, el juez federal Fuerte Tapia concluyó que sí existe el riesgo de que el ex senador Lavalle Maury pueda darse a la fuga, al no contar con un domicilio fijo, no ser reconocido por sus vecinos, contar con los recursos suficientes y tener registros de viajes al extranjero.

Durante una larga audiencia, Fuerte Tapia consideró la información que le proporcionó la FGR, en el sentido de que Lavalle carecía de arraigo, ya que tiene domicilios registrados en las Colonias Florida y Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, y en Campeche, de donde es originario.

Sin embargo, el Juez federal no consideró más de 30 datos de prueba ofrecidos por el político campechano, entre los que había incluso audios de conversaciones de un elemento de la FGR a quien le informaron que el domicilio del ex Senador es el localizado en un condominio horizontal del sur la capital de la República, donde los vecinos ubican a Lavalle Maury.

El ex Senador compareció físicamente durante las últimas cinco horas de la audiencia -en presencia de sus abogados, representantes de la FGR, así como dos apoderados de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Senado-, ante el juez Fuerte Tapia, en una sala del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

El político campechano, ex militante del Partido Acción Nacional (PAN), fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México. Según la FGR, Lavalle Maury fue citado a comparecer por la denuncia que presentó Lozoya Austin, el 11 de agosto 2020, quien lo acusó -junto a otros 15 políticos y ex altos funcionarios- de recibir sobornos de hasta 500 millones de pesos, por parte de la constructora brasileña Odebrecht, para aprobar la reforma energética en 2012, impulsada por el ahora ex presidente Enrique Peña Nieto.

El 26 de enero, el Juez federal Fuerte Tapia aplazó la audiencia programada para ese día en la que iba a ser imputado el ex Senador panista, por presuntamente recibir sobornos de Lozoya Austin, para aprobar la reforma energética, derivado del caso Odebrecht.

Hasta el momento, el ex Senador por Campeche -expulsado del Partido Acción Nacional (PAN) en junio del 2018- es el único de los 16 políticos y ex altos funcionarios federales denunciados por Lozoya Austin, a quien la FGR llevó ante los tribunales.