Jueza de Sonora deja cargo al descubrirse que también tenía puesto en Morena
Había sido electa en la elección judicial local de 2025, donde fue sancionada por presentar el informe financiero con retraso
Blanca Diva Ponce Caro, Jueza Penal del Distrito Judicial Dos de Sonora, presentó su renuncia definitiva al Poder Judicial del estado el 24 de mayo y fue simultáneamente dada de baja del padrón de militantes de Morena, luego de que trascendiera que ejercía de forma paralela como secretaria de un comité seccional del partido en Cajeme, lo que generó un amplio cuestionamiento sobre la imparcialidad del Poder Judicial en plena implementación de la reforma judicial.
La doble función de Ponce Caro quedó al descubierto tras su participación el 24 de mayo en un acto encabezado por el dirigente estatal de Morena en Sonora, David Mendoza, durante el cual se tomó protesta a 246 presidentes y secretarios de comités seccionales, entre ellos la propia juzgadora, designada secretaria de la sección 899 en Ciudad Obregón.
En ese mismo evento quedó formalmente instalado el Consejo Municipal de Morena en Cajeme, del que también formaba parte.
La polémica derivó en una reacción inmediata de la dirigencia estatal del partido.
El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora emitió un boletín oficial en el que informó que Ponce Caro fue relevada de sus funciones partidistas debido a que su cargo en el Poder Judicial representaba una “responsabilidad administrativa” incompatible con la actividad intrapartidaria.
El comunicado precisó que también se procedería a darla de baja del padrón de militantes y que la medida sería notificada al Instituto Electoral del estado.
En su lugar, Georgina López Zepeda, quien había quedado en tercer lugar en el proceso de elección seccional, ocupará la secretaría.
Esa misma noche, a las 21:00 horas del 24 de mayo, Ponce Caro presentó ante el Órgano de Administración del Poder Judicial de Sonora su renuncia formal, de carácter definitivo e irrevocable.
En su escrito, la ahora ex juzgadora argumentó que la decisión buscaba preservar la confianza ciudadana en las instituciones. “Esta decisión tiene como propósito evitar interpretaciones o señalamientos derivados de mi participación reciente en actividades partidistas y actuar con plena responsabilidad pública”, señaló, y añadió que actuaba con la convicción de que “las instituciones deben estar siempre por encima de las personas”.
Durante su campaña en mayo de 2025, Ponce Caro, entonces aspirante, aseguró que transformaría el Poder Judicial para castigar los delitos con “todo el peso de la ley”.
En junio de ese año recibió la constancia que la acreditó como jueza penal del Circuito 2.
Meses después, el Instituto Nacional Electoral le impuso una sanción económica por presentar con retraso y con errores la documentación requerida para fiscalizar sus gastos de campaña.