‘La Presidenta está fuerte y muy segura’: Sheinbaum responde a tensiones con EU en casos de Chihuahua y Sinaloa
La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su Gobierno actuará siempre ‘con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía’ en los casos de Chihuahua y Sinaloa, así como en cualquier otro asunto que enfrente su administración
La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su Gobierno se mantiene firme frente a posibles presiones de Estados Unidos en los casos relacionados con Chihuahua y Sinaloa, al afirmar que “la Presidenta está fuerte, está sólida y muy segura” y que ella se encuentra “tranquila, sin ningún problema”, al tiempo que reiteró que la cooperación bilateral no implica subordinación y que la soberanía nacional “no se negocia”.
Durante la conferencia matutina de este viernes, la Mandataria fue cuestionada sobre una posible dinámica de presión entre el Gobierno estadounidense y autoridades mexicanas a partir de investigaciones y señalamientos que involucran tanto a la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, como al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
En su respuesta, Sheinbaum rechazó la existencia de una narrativa de confrontación que, dijo, busca colocar a su administración “entre la espada y la pared”.
“Están poniendo a la Presidenta entre la espada y la pared. Falso. En México decidimos los mexicanos para empezar, las y los mexicanos”, señaló.
La titular del Ejecutivo federal insistió en que su Gobierno actuará con base en principios de legalidad, justicia y soberanía, y subrayó que la relación con Estados Unidos se mantiene en el marco de la cooperación, pero sin subordinación.
“Nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía en el caso Chihuahua, en el caso Sinaloa y en cualquier otro caso”, dijo.
Y agregó: “Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, pero lo he dicho muchas veces, nunca nos vamos a subordinar, que es un asunto de dignidad del pueblo de México y de la nación”.
Sheinbaum también defendió la estrategia de seguridad de su Gobierno al asegurar que se han logrado reducciones en indicadores delictivos y acciones coordinadas con autoridades estadounidenses en materia de combate al crimen organizado.
“Redujimos los homicidios dolosos en 44 por ciento. El Consejo de Seguridad envió a 94 delincuentes a los Estados Unidos, de todos los grupos delictivos, a petición de los Estados Unidos”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del Inegi muestra una disminución en la percepción de inseguridad y reiteró que el objetivo central de su administración es la protección de la población.
“Nosotros trabajamos por la seguridad de las y los mexicanos”, dijo.
La Presidenta enfatizó el principio de soberanía como eje rector de su política exterior y de seguridad.
“La Presidenta está fuerte, está sólida y muy segura por una sola razón: nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre vamos a defender la soberanía por encima de todo”, expresó.
“Yo estoy tranquila, sin ningún problema, por una cosa: es tiempo de la defensa de los principios. Y hay un principio que se llama soberanía y esa no se negocia”, dijo.
Los casos de Chihuahua y Sinaloa
En Chihuahua, el caso se originó tras un operativo antidrogas realizado el 19 de abril en el que participaron dos elementos de la CIA y que derivó en un accidente fatal donde murieron cuatro personas, entre ellas los agentes extranjeros.
La Gobernadora María Eugenia Campos defendió la actuación de su administración al afirmar que el desmantelamiento de un laboratorio de drogas en la Sierra Tarahumara fue “un logro en la lucha contra el crimen organizado en México”, y sostuvo que la soberanía también se expresa en la capacidad del Estado para garantizar seguridad y paz.
“Así lo hemos hecho y seguimos dando resultados”, dijo Campos, al tiempo que aseguró que las acciones de su Gobierno se realizan “siempre en el marco de la ley y en la coordinación con todas las instituciones”.
En el caso de Sinaloa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el Gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, en la que se describen presuntas pruebas de corrupción, vínculos con el crimen organizado y una red de sobornos documentada con fotografías, registros financieros y comunicaciones.
El expediente incluye referencias a supuestos pagos mensuales a funcionarios estatales, decomisos de drogas en Estados Unidos y evidencia obtenida mediante informantes de la DEA.
Ante ello, el Gobierno de México ha señalado que no existen elementos probatorios suficientes para sostener las acusaciones.
La Fiscalía General de la República advirtió que la solicitud estadounidense no se acompaña de evidencias contundentes, aunque anunció el inicio de una investigación propia para evaluar una eventual solicitud de extradición.
Este jueves, Sheinbaum abordó el tema al afirmar: “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas invitaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
En ese mismo contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvo que los documentos estadounidenses no permiten determinar responsabilidades penales.