Madres buscadoras demandan a Ernestina Godoy y a 32 fiscales por omisión forense
El amparo involucra a 33 instancias de procuración de justicia y pide suspensión para forzar interconexión inmediata de registros forenses
Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, madres de víctimas de desaparición, promovieron una demanda de amparo indirecto contra Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), y contra los titulares de las 32 fiscalías estatales del país, así como contra sus respectivas fiscalías especializadas en desaparición forzada. El litigio constituye, hasta ahora, el más amplio que enfrenta el aparato de procuración de justicia mexicano en esta materia.
Las promoventes reclaman la omisión de garantizar que el Banco Nacional de Datos Forenses opere con interconexión en tiempo real con las bases de datos de las 32 entidades federativas, una obligación que, según el escrito, permanece incumplida pese a los compromisos formales asumidos por las autoridades señaladas.
Según la demanda, en diciembre de 2022 se firmaron las Bases de Colaboración que obligaban a esa interconexión, y en mayo de 2023 el Diario Oficial de la Federación publicó el inicio de operaciones del Banco Nacional de Datos Forenses. A la fecha no existe información pública sobre su funcionamiento y el sitio oficial del sistema no se encuentra operativo.
La consecuencia directa de esa omisión, según el planteamiento de las quejosas, es que las fiscalías especializadas deben cruzar manualmente la información mediante oficios entre dependencias, un procedimiento que con frecuencia se retrasa o que simplemente no se realiza.
El efecto final recae sobre las familias: cuerpos y restos localizados que no logran identificarse ni ser entregados, y que permanecen en servicios forenses o en fosas comunes mientras las víctimas continúan contabilizadas como desaparecidas.
López Pérez y Valenzuela Gil solicitaron la suspensión del acto reclamado, con el propósito de obligar a todas las autoridades señaladas a interconectar de inmediato sus sistemas con el Banco Nacional de Datos Forenses. En su argumentación sostienen que cada día de omisión prolonga un sufrimiento que equiparan a actos de tortura para los familiares de personas desaparecidas.
Ambas promoventes se han convertido en un referente en la defensa de los derechos de los familiares de personas desaparecidas, y su recurso coloca por primera vez en una sola vía jurisdiccional a la totalidad de las instancias de procuración de justicia del país respecto a la operación del sistema nacional de identificación forense.
La resolución sobre la suspensión solicitada definirá si las fiscalías federales y estatales quedan obligadas en el corto plazo a integrar sus registros forenses en una plataforma única, o si la identificación de restos continuará dependiendo del intercambio manual de oficios entre entidades.