México analiza ampliar ofensiva legal contra contratista de municiones de Ejército de EU
La Secretaría de la Defensa Nacional reportó que 47 por ciento de los cartuchos calibre .50 asegurados en México desde 2012 pertenecen a una compañía vinculada a la planta Lake City Army Ammunition Plant, instalación propiedad del Gobierno de Estados Unidos
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su Gobierno evaluó incluir a una empresa contratista privada del Departamento de Defensa de Estados Unidos en las demandas presentadas contra fabricantes y distribuidoras de armas de ese país, luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó que 47 por ciento de los cartuchos calibre .50 asegurados en México desde 2012 pertenecen a esa compañía vinculada a la planta Lake City Army Ammunition Plant. La mandataria nacional subrayó que el propósito de esta revisión jurídica consistió en determinar cómo municiones de uso exclusivo del Ejército estadounidense terminaron en manos de organizaciones criminales en territorio mexicano y fortalecer los argumentos legales que el Estado mexicano ha impulsado desde 2021 contra la industria armamentista de Estados Unidos.
Durante la conferencia matutina del 10 de febrero de 2026, Sheinbaum Pardo explicó que se trató de una firma privada relacionada con la planta Lake City Army Ammunition Plant, instalación propiedad del Gobierno de Estados Unidos y operada por un contratista que produce municiones para las fuerzas armadas de ese país. La titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que la Administración federal revisó que las demandas civiles que México mantiene ante tribunales estadounidenses contra fabricantes y distribuidoras de armas incluyeran a esta empresa, que comercializa cartuchos calibre .50 producidos en esa instalación y vendidos en armerías del sur de Estados Unidos, desde donde son susceptibles de ser adquiridos legalmente para después ser traficados de forma ilícita hacia México.
La Presidenta de la República detalló que la preocupación del Gobierno de México se centró en la forma en que esos cartuchos, considerados de uso exclusivo de las fuerzas armadas conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ingresaron al mercado civil estadounidense y fueron posteriormente traficados hacia el País por redes dedicadas al contrabando de armamento. Según la mandataria nacional, la investigación oficial buscó establecer responsabilidades en la cadena de producción, distribución y desvío de estas municiones hacia grupos de la delincuencia organizada que operan en distintas entidades federativas, en continuidad con la estrategia jurídica y diplomática que el Estado mexicano ha desarrollado contra la industria armamentista desde 2021.
“Estamos evaluando que las demandas que tenemos contra las armadoras incluyan esta parte. Es una empresa privada que comercializa estos armamentos, aunque sean del uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos. Entonces, es muy importante que se investigue cómo estas armas que comercializa esta empresa privada llegan a manos de la delincuencia organizada en nuestro país”, afirmó Sheinbaum Pardo. El planteamiento se produjo en el contexto de investigaciones periodísticas internacionales que documentaron el uso de munición calibre .50 producida en la planta Lake City Army Ammunition Plant por parte de organizaciones criminales mexicanas y el hallazgo de cartuchos de ese origen en diversos hechos de violencia.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que, desde 2012 y hasta el 10 de febrero de 2026, las fuerzas armadas aseguraron 137 mil cartuchos calibre .50 en distintas regiones del País, de los cuales 47 por ciento fueron comercializados en armerías del sur de Estados Unidos por la empresa vinculada a la planta Lake City Army Ammunition Plant. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, precisó que estas municiones de alto poder se utilizaron en enfrentamientos armados por organizaciones criminales en contra de corporaciones de seguridad y que su decomiso se concentró en operativos militares y conjuntos con autoridades civiles.
Trevilla indicó que la mayor parte de los cartuchos calibre .50 decomisados se concentró en los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, mientras que en Michoacán y Guerrero se registró una cantidad menor de aseguramientos. El funcionario federal añadió que, en lo que va de la actual Administración, las autoridades aseguraron 18 mil armas largas y cortas, de las cuales entre 77 y 78 por ciento tuvieron origen en Estados Unidos, además de 215 fusiles calibre .50, 20 lanzagranadas calibre 40, 13 lanzacohetes y 273 ametralladoras de distintos calibres, lo que refuerza el diagnóstico de que la mayoría del armamento utilizado por organizaciones criminales en México proviene del mercado estadounidense.
El anuncio de la posible ampliación de la estrategia jurídica mexicana se dio después de que el Gobierno federal presentó, desde 2021, diversas demandas en tribunales estadounidenses contra fabricantes y distribuidoras de armas, al argumentar que sus prácticas comerciales facilitaron el tráfico ilícito hacia México y contribuyeron a la violencia vinculada con organizaciones delictivas. El 4 de agosto de 2021, el Gobierno de México demandó a 11 grandes fabricantes y distribuidores de armas en una Corte Federal del Distrito de Massachusetts, en Boston, acusándolos de prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos eran traficados ilegalmente a territorio mexicano, en un litigio en el que se reclamó una compensación de hasta 10 mil millones de dólares.
En enero de 2024, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito resolvió que México había alegado de manera suficiente que las empresas demandadas ayudaron e instigaron el tráfico ilegal de armas hacia el País, lo que permitió que el caso avanzara y que, por primera vez, se superara parcialmente la protección que otorga a esas empresas la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos (PLCAA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el 5 de junio de 2025, en un fallo unánime, la Suprema Corte de Estados Unidos desestimó esa demanda al considerar que México no acreditó de manera plausible que los fabricantes de armas hubieran ayudado e instigado a distribuidores a vender ilegalmente armamento a traficantes mexicanos, por lo que la PLCAA impedía la acción civil.
El máximo tribunal estadounidense subrayó que la demanda no se refirió a transacciones delictivas específicas en las que las empresas hubieran prestado ayuda directa, sino que formuló una acusación general sobre una supuesta asistencia sistémica a comerciantes de armas sin escrúpulos, lo que elevó la carga probatoria del Gobierno de México. De manera paralela, la Suprema Corte de Estados Unidos enfatizó que la estructura comercial del sector armamentista se sustenta en intermediarios mayoristas, por lo que la acusación de que los fabricantes abastecen deliberadamente a tiendas concretas que facilitan el acceso de los cárteles carecía, a juicio del tribunal, de elementos suficientes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó el fallo y reiteró que México continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles para frenar el tráfico ilícito de armas, al sostener que las empresas fabricantes y distribuidoras han ocasionado daño al País al permitir que el flujo de armamento siga alimentando la violencia y fortaleciendo a grupos delictivos. La Cancillería subrayó que esta resolución no afecta el curso de una segunda demanda presentada en 2022 ante una Corte Federal en Tucson, Arizona, en contra de cinco tiendas distribuidoras de armas, en la que un tribunal federal permitió que México siguiera adelante con el litigio al considerar que esas empresas no podían ampararse plenamente en la PLCAA.
En esa causa, una jueza federal en Arizona dictaminó el 25 de marzo de 2024 que el Gobierno mexicano podía continuar con su demanda contra empresas vendedoras de armamento acusadas de participar en el tráfico de armas y municiones hacia cárteles del narcotráfico en México. La resolución rechazó los argumentos de los distribuidores, que alegaron inmunidad procesal con base en la PLCAA, y abrió la puerta para que México buscara responsabilidades civiles frente a tiendas que, según la demanda, habrían facilitado la adquisición de armas por parte de compradores que actuaban como prestanombres de organizaciones criminales.
En paralelo al frente judicial, Sheinbaum Pardo ha impulsado una agenda bilateral que coloca el flujo de armas desde Estados Unidos hacia México como uno de los temas centrales de la relación. El 29 de septiembre de 2025, la presidenta informó que, por primera vez, el Gobierno de Estados Unidos aceptó rastrear las armas que ingresan ilegalmente a México hasta los vendedores que las comercializan en territorio estadounidense, mediante el uso de herramientas como eTrace y plataformas de intercambio de información balística y aduanera entre ambos países.
Según la mandataria nacional, el acuerdo alcanzado en septiembre de 2025, tras la visita a México de Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés), permitió crear el Grupo de Implementación de Seguridad entre Estados Unidos y México, con sede inicial en McAllen, Texas. Este mecanismo bilateral se enfocó en desmantelar redes de narcotráfico, frenar el flujo de fentanilo y otros estupefacientes, combatir el financiamiento ilícito y, de manera destacada, contener el tráfico de armas y municiones a través de la frontera, mediante la intensificación de inspecciones, el intercambio de información sobre envíos sospechosos y la cooperación en materia de decomiso de activos.
La Administración encabezada por Sheinbaum Pardo recalcó que, en esta nueva etapa, el tema central de la agenda de seguridad bilateral dejó de ser únicamente el tráfico de drogas y la migración, para incorporar como prioridad el flujo de armas estadounidenses hacia territorio mexicano. En ese contexto, el Gobierno de Estados Unidos anunció la puesta en marcha de la Misión Firewall Unidos Contra el Tráfico de Armas de Fuego, dirigida a desmantelar el tráfico ilícito de armamento a través de la frontera, ampliar el uso de sistemas de rastreo en los 32 estados de la República mexicana y robustecer las investigaciones y procesos judiciales contra redes de contrabando.
La Presidenta de la República recordó que, durante años, las autoridades estadounidenses se resistieron a reconocer el impacto del tráfico de armas hacia México y que incluso implementaron el operativo Rápido y Furioso, durante las administraciones de Barack Obama y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, mediante el cual se vendieron armas equipadas con chips de rastreo que fueron enviadas a México y terminaron en manos de grupos delictivos. Sheinbaum Pardo señaló que los grupos criminales retiraron esos dispositivos, utilizaron el armamento para fortalecer su capacidad de fuego y que nunca se llegó al fondo de la investigación, a pesar de que hubo agentes estadounidenses que perdieron la vida como consecuencia de ese operativo.
El 15 de julio de 2025, la mandataria nacional reprochó que el Gobierno de Estados Unidos hubiera realizado únicamente un gran operativo contra el tráfico de armas hacia México, mientras que en territorio mexicano las fuerzas federales aseguraban armamento y destruían laboratorios de droga de forma cotidiana. La titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en que Estados Unidos debía incrementar sus operativos para disminuir el tráfico de armas hacia México, al subrayar que cuenta con numerosos elementos de seguridad en la frontera y con herramientas tecnológicas que le permiten realizar revisiones y acciones de control más estrictas.
En este contexto, la Sedena informó también que el Gobierno de México adquirió municiones producidas en la planta Lake City Army Ammunition Plant para uso de las fuerzas armadas nacionales, en el marco de convenios de cooperación y suministro de equipo militar, lo que añadió un componente adicional al análisis respecto a la regulación y trazabilidad de estos cartuchos. De manera paralela, autoridades mexicanas han insistido en foros bilaterales y multilaterales en que el flujo ilícito de armas y municiones desde Estados Unidos hacia México constituye un factor central en la capacidad de fuego de las organizaciones criminales, por lo que plantean fortalecer los mecanismos de control, rastreo y sanción a quienes participan en el tráfico, tanto en el ámbito interno como en la relación con Washington.
Por otro lado, Trevilla expuso que por lo menos cuatro entidades federativas solicitaron autorización a la Sedena para que sus corporaciones policiacas utilizaran armamento de uso exclusivo del Ejército, como ametralladoras calibre 7.62 y 5.56, con el argumento de enfrentar a grupos delictivos que emplean equipo de alto poder. El secretario de la Defensa Nacional explicó que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos contempla que, cuando los gobiernos estatales lo solicitan y justifican la necesidad, la dependencia puede analizar y autorizar el uso de determinado armamento por parte de policías estatales, siempre que se cumplan requisitos de capacitación, control y supervisión.
A pregunta expresa, Trevilla detalló que Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua recibieron autorización para utilizar ametralladoras de uso exclusivo del Ejército en calibres 7.62 y 5.56, en el marco de las disposiciones legales vigentes. El titular de la Sedena subrayó que los fusiles automáticos no pueden ser empleados de manera generalizada por policías, salvo bajo condiciones específicas previstas en la normatividad, por lo que las corporaciones locales se encuentran limitadas principalmente a armas semiautomáticas, con excepciones autorizadas caso por caso y sujetas a supervisión militar.
Respecto a la iniciativa aprobada en el Congreso de Chiapas para permitir que policías utilicen armas de mayor calibre, Sheinbaum Pardo advirtió que el combate a la delincuencia no depende de incrementar la potencia del armamento, sino de fortalecer tareas de inteligencia e investigación. “No es un asunto de armas más letales, es un asunto más de inteligencia e investigación”, sostuvo la presidenta de la República, al remarcar que la estrategia de seguridad del Gobierno Federal prioriza la coordinación entre autoridades civiles y militares, el intercambio de información y el desmantelamiento de estructuras financieras y operativas de grupos delictivos, en paralelo con la ofensiva jurídica y diplomática contra el tráfico de armas desde Estados Unidos.
En los próximos meses, el Gobierno de México definirá si incorpora formalmente a la empresa contratista vinculada a la planta Lake City Army Ammunition Plant en sus acciones legales contra fabricantes de armas en Estados Unidos, lo que podría abrir una nueva etapa en la cooperación y en los litigios bilaterales respecto al tráfico de armas y municiones. De concretarse, esta decisión establecería un precedente sobre la responsabilidad de empresas que operan instalaciones militares en la cadena de suministro de municiones que terminan en manos de organizaciones criminales en México, al tiempo que mantendría el énfasis del Gobierno Federal en combinar acciones jurídicas externas con medidas internas de control, aseguramiento y destrucción de armamento ilegal, así como con mecanismos de cooperación binacional que buscan rastrear cada arma y cada cartucho desde su origen hasta su destino final.