Niega SRE notificación oficial sobre presunta cancelación de visas a gobernadores
Roberto Velasco asegura que el Gobierno de Estados Unidos no ha informado oficialmente sobre la supuesta revocación de visas a mandatarios estatales mexicanos, pese a versiones periodísticas difundidas en días recientes
El Gobierno de Estados Unidos no ha notificado una presunta cancelación de visas a gobernadores mexicanos, afirmó Roberto Velasco Álvarez, Secretario de Relaciones Exteriores.
“No tenemos ninguna comunicación oficial al respecto ni extraoficial. No es un tema sobre el que haya alguna comunicación por parte del Gobierno de Estados Unidos”, afirmó el funcionario en conferencia de prensa en la Cancillería, realizada junto con Johann Wadephul, titular de la Cancillería Federal de Alemania, quien realizó una visita oficial al País.
Velasco Álvarez precisó que mantiene comunicación cotidiana con el embajador de EU en México, Ronald Johnson, y con funcionarios del Departamento de Estado de ese país.
Las declaraciones del canciller se produjeron un día después de que el diario Los Angeles Times señaló que el Gobierno estadounidense habría revocado las visas de los gobernadores morenistas de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Esa misma jornada, fuentes del Departamento de Estado de EU confirmaron al semanario ZETA de Tijuana que las visas de ambos mandatarios se encuentran efectivamente revocadas en el sistema, contradiciendo sus negativas públicas.
Las fuentes explicaron que los gobernadores conservan físicamente sus documentos porque aún no han intentado cruzar a territorio estadounidense.
Con las de Durazo Montaño y Villarreal Anaya, sumarían ya tres las gubernaturas morenistas con visa cancelada por parte del Gobierno de Donald Trump, luego del precedente establecido por Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de Baja California, quien confirmó la cancelación de su visa en mayo de 2025.
En conferencia de prensa realizada en Tijuana, Baja California, el 12 de mayo de ese año, Ávila Olmeda calificó la medida como “una decisión administrativa, no una acusación”.
Su entonces esposo, Carlos Torres Torres, enfrentaba además una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República por presunta participación en una red de narcotráfico vinculada al cártel de Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa.
Ante el escenario, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló este 3 de junio que Durazo Montaño y Villarreal Anaya deben aclarar su situación migratoria ante la opinión pública, aunque cuestionó la intención política detrás de las acciones de Washington.
“¿Qué interés con quitar la visa, y además hacerlo público?”, planteó la Mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde descartó que su Gobierno busque un enfrentamiento con la administración de Trump.
Sheinbaum Pardo ha insistido en que cualquier proceso anticorrupción estadounidense contra funcionarios mexicanos debe estar respaldado por evidencias verificables y comunicado a la FGR a través de los canales institucionales correspondientes.
La crisis de visas también alcanzó este mismo día a Brighite Granados de la Rosa, presidenta estatal de Morena en Chihuahua, quien confirmó que autoridades migratorias de EU le cancelaron la visa el 29 de mayo pasado al intentar ingresar a ese país, hecho que atribuyó a una infracción de tránsito cometida hace aproximadamente una década en el estado de Nuevo México.
El DOS no emitió declaración oficial al respecto, siguiendo su práctica de no ofrecer explicaciones formales sobre las cancelaciones de visas.
En tanto, el Diputado federal del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, negó que le hayan cancelado su visa y acusó al Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, de difundir información falsa a través de medios locales.
Por su parte, Durazo Montaño negó en conferencia de prensa que las autoridades estadounidenses le hubieran revocado la visa y calificó el reporte del Los Angeles Times como “una infamia” y “una nota sin fuentes”.
El Mandatario sonorense señaló que ha mantenido comunicación reciente con cónsules estadounidenses en Sonora.
El gobierno de Tamaulipas también rechazó los señalamientos, aunque Villarreal Anaya no asistió ese día a la reunión de seguridad habitual que encabeza en Ciudad Victoria y realizó en cambio una gira de trabajo en municipios rurales cuya transmisión no se difundió por los canales oficiales del Gobierno estatal, como suele ocurrir en ese tipo de actividades.
Según el reporte del Los Angeles Times, la investigación contra Durazo Montaño derivó en la cancelación de su visa el año anterior, y el Mandatario viaja a EU para recibir tratamiento médico mediante un programa de libertad condicional por beneficio público significativo —denominado en inglés Significant Public Benefit Parole—, mecanismo reservado para personas no ciudadanas que cooperan con autoridades en investigaciones o procesos judiciales.
En el caso de Villarreal Anaya, la investigación estaría relacionada con el contrabando de hidrocarburo ilegal conocido como huachicol, y también contaría con ese permiso especial, por lo que funcionarios estadounidenses lo escoltarían en sus cruces fronterizos.
La ofensiva se inscribe en una escalada de presión que la administración de Trump sostiene desde 2025 contra funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado.
Según reportó la agencia Reuters el 14 de octubre de 2025, el Gobierno de EU había revocado ya visas al menos a 50 políticos y funcionarios mexicanos, la mayoría militantes o ligados a Morena.
A ese escenario se añade el caso del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, contra quien el Departamento de Justicia de EU presentó cargos formales por narcotráfico en mayo de 2026 ante el Distrito Sur de Nueva York, así como advertencias del procurador general interino de EU, Todd Blanche, en el sentido de que la cooperación de líderes del narcotráfico extraditados podría derivar en nuevas acusaciones contra políticos mexicanos.
Marco Antonio Rubio García, titular del DOS, ha reiterado en distintas ocasiones que contar con una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho.