ONU estima que 96% de las mujeres que participaron en la elección de 2024 sufrieron violencia política
Un estudio realizado con 615 aspirantes documentó agresiones psicológicas, económicas, sexuales y físicas, además de obstáculos para acceder a la justicia
Hasta el 96 por ciento de las candidatas que compitieron en las elecciones del 2024 en México sufrieron violencia psicológica, económica, sexual y física, estimó la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres en un estudio para el cual realizó encuestas, entrevistas a profundidad y grupos focales con 615 aspirantes que participaron en ese proceso electoral.
“Para las mujeres que fueron candidatas en este proceso electoral, la violencia fue una parte habitual de la competencia política, más que una experiencia excepcional que afectara únicamente a una minoría expuesta”, concluyó el organismo internacional en su estudio “Mujeres que se postulan, mujeres que narran sus historias”.
ONU Mujeres publicó su informe en el marco del 73 aniversario del reconocimiento constitucional de derecho de ellas a votar y ser votadas en México, pero sus hallazgos también cobran relevancia porque el próximo año se celebrarán unas elecciones intermedias para renovar la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, y miles de cargos estatales y municipales.
El organismo internacional estimó que la violencia fue generalizada y sistemática en las pasadas elecciones en contra de las candidatas a cargos federales, estatales y municipales, al igual que entre quienes compitieron por puestos en el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo.
De igual forma, ONU Mujeres detectó que las agresiones afectaron por igual a candidatas que anteriormente ya habían ocupado un cargo público anteriormente y que contaban con recursos económicos importantes para sus campañas. Es decir, ni siquiera estos elementos las protegieron de sufrir violencia política.
Violencia psicológica y en territorio, las más comunes
La violencia psicológica fue la que afectó más. El 94 por ciento de las competidoras por un cargo en el Senado y la Cámara de Diputados sufrió este tipo de agresión, al igual que el 95 por ciento de las que participaron por un puesto en los congresos locales. Lo mismo ocurrió con el 93 por ciento de quienes concursaron en las elecciones municipales.
La violencia psicológica tiene que ver con “conductas orientadas a menoscabar la autoestima y la sensación de seguridad de las candidatas. Incluye amenazas, intimidación, chantaje emocional y campañas de desprestigio”, según la definición de ONU Mujeres.
Las agresiones sexuales, económicas y físicas fueron los otros tres tipos de agresiones que las mujeres sufrieron con mayor frecuencia al competir por cargos en la Cámara de Diputados, el Senado de la República y por puestos a nivel municipal.
El organismo internacional consideró en su informe que esta violencia política no está aislada de la realidad que en general ellas enfrentan en México: “Las mujeres contienden por cargos públicos en un contexto en el que la violencia contra las mujeres permea la familia, el trabajo y la comunidad, y en el que gran parte del país registra altos niveles de violencia criminal. Este contexto ayuda a explicar por qué casi todas las candidatas reportaron alguna experiencia de violencia”.
La violencia política contra ellas se registró con más fuerza en el entorno territorial, es decir, cuando salieron a campo a realizar mítines, hablar con la gente y pedir el respaldo de la población para ocupar un cargo público. El 80 por ciento de las candidatas a un cargo en el Congreso federal sufrieron agresiones en ese momento de las elecciones, lo mismo que el 84 por ciento de las aspirantes a un cargo en los congresos estatales y el 84 por ciento a puestos municipales.
La violencia política luego se extendió con más frecuencia en el entorno digital, en los medios de comunicación tradicionales y dentro del propio partido político al que pertenecían las candidatas.
Impunidad por violencia política contra mujeres
A pesar de que la violencia política contra las mujeres fue recurrente en las elecciones del 2024, la gran mayoría de los casos no fueron denunciados por las aspirantes, y buena parte de los que sí llegaron a las fiscalías quedaron en impunidad.
Apenas el 15.6 por ciento de las mujeres que compitieron por un cargo federal, y el 19 por ciento de las aspirantes a un cargo estatal, presentaron una denuncia por las agresiones que recibieron. Las candidatas que sí recurrieron a alguna autoridad lo hicieron principalmente ante el ministerio público, los institutos electorales y los tribunales electorales.
Casi la mitad de estas denuncias presentadas fueron archivadas o no se produjo actuación alguna por parte de la autoridad. Solo uno de cada cinco casos fueron resueltos a favor de las candidatas, pero la mayoría de ellas no consideraron que esto fuera suficiente por la violencia que sufrieron, según el informe de ONU Mujeres.
“Las pocas candidatas que llegaron al final del procedimiento rara vez quedaron satisfechas. Seis de cada diez denunciantes consideraron inadecuada la respuesta institucional. La queja más frecuente fue que las autoridades no habían hecho nada, seguida de la revictimización durante el procedimiento, la desestimación de pruebas, la resolución de improcedencia, las demoras en la atención, la ausencia de perspectiva de género y la falta de protección”, señaló el organismo.
Ante la falta de respuesta de las autoridades, las aspirantes optaron por recurrir a redes de apoyo familiares, de amistad y dentro de su partido político para contar lo que les había sucedido y tratar de seguir adelante con su campaña electoral.
ONU Mujeres da recomendaciones
Ante el contexto que enfrentan las mujeres mexicanas que participan en política, la ONU Mujeres dio una serie de recomendaciones a partidos políticos, institutos electorales, tribunales electorales, congresos estatales y federal, autoridades de gobierno y de seguridad del país, empresas de plataformas digitales y medios de comunicación, y hasta organizaciones sociales.
El organismo recomendó distintas cosas a cada actor, pero hay dos temas que consideró transversales: “Primero, la protección no puede presuponer un único perfil de víctima vulnerable: la exposición se concentró entre mujeres con recursos políticos y liderazgo independiente, por lo que los criterios de protección deben reconocer la autonomía misma como un factor de riesgo. Segundo, cuando el detalle operativo de una medida aún deba definirse, los actores involucrados deben participar en su definición”.
Por ejemplo, a partidos políticos la ONU Mujeres recomendó establecer procedimientos internos de respuesta expedita ante denuncias por violencia política; simplificar las normas para presentar denuncias y brindar formación a los hombres para que no incurran en agresiones; diseñar criterios objetivos para la entrega de recursos públicos para las campañas electorales, de manera que el dinero no se entregue solo a quienes son leales a un líder partidista.
A autoridades electorales, la ONU Mujeres pidió supervisar la competitividad de las candidatas en los distritos electorales en los que son postuladas, para evitar simulaciones, y verificar que la distribución de los recursos públicos sea equitativa entre las aspirantes y los hombres.
A los tribunales electorales, el organismo pidió facilitar el acceso a la justicia a través de desarrollar criterios probatorios que sirvan para investigar las agresiones y sancionar a los responsables, especialmente en el entorno digital donde son frecuentes las cuentas anónimas y las campañas coordinadas de acoso.