PAN abre tres frentes contra Rocha Moya: juicio político, desaparición de poderes en Sinaloa y Corte Penal Internacional
El partido blanquiazul busca impedir que el gobernador con licencia regrese al cargo o conserve protección constitucional
El Partido Acción Nacional presentó en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra Rubén Rocha Moya, Gobernador con licencia de Sinaloa, para buscar su separación definitiva del cargo, impedir que pueda regresar al gobierno estatal y solicitar su inhabilitación por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La ofensiva panista contra el gobernador con licencia de Sinaloa incluye tres rutas: el juicio político en la Cámara de Diputados, una solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa ante la Comisión Permanente y una denuncia ante la Corte Penal Internacional, en La Haya, por presuntos delitos de lesa humanidad.
El anuncio ocurre después de que una acusación presentada en una Corte del Distrito Sur de Nueva York señaló a Rocha Moya y a otros funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia Estados Unidos.
Como parte de sus argumentos, los panistas retomaron señalamientos sobre la elección de Sinaloa de 2021 y citaron los casos de la entonces candidata Paola Gárate, de Héctor Melesio Cuén y de una candidata en Badiraguato para sostener que ya existían denuncias sobre la presunta intervención del crimen organizado en favor de Morena desde ese proceso electoral.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, sostuvo que el caso no debe tratarse como un conflicto de soberanía, sino como un asunto de justicia, porque, afirmó, Estados Unidos no está atacando al Estado mexicano, sino solicitando la extradición de personas señaladas por delitos.
“No es una cuestión de soberanía, es una cuestión de justicia”.
El panista acusó que el gobierno federal responde con una estrategia de protección cuando los señalamientos involucran a integrantes de Morena, pues, dijo, su reacción es “negarlo en automático. Encubrir en automático. Proteger en automático. Pedir pruebas en automático”. Por lo que apuntó que su partido ejercerá “todos los recursos legales” a su alcance para evitar que el caso quede impune.
El coordinador de los Diputados federales del PAN, Elías Lixa, explicó que la solicitud de juicio político se basa en los artículos 109 y 110 de la Constitución, que permiten sancionar a servidores públicos por violaciones graves a la Constitución.
Sostuvo que en Sinaloa se afectaron la soberanía popular, la forma de gobierno republicano y las elecciones libres porque, según acusó, el crimen organizado intervino en la vida pública del Estado.
El coordinador panista afirmó que el juicio político busca cerrar la posibilidad de que el político morenista vuelva al cargo y reactive su fuero, por lo que Acción Nacional solicita “la separación definitiva del cargo de Rubén Rocha Moya” para que no pueda reincorporarse al gobierno ni pedir protección constitucional.
Lixa dijo que la solicitud también busca la sanción máxima prevista en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que Rocha Moya quede inhabilitado y esa medida se aplique a cualquier servidor público que se coluda con el crimen organizado.
En la ronda de preguntas, Lixa precisó que, por ahora, la solicitud de juicio político es solo contra Rocha Moya, aunque dijo que el PAN está abierto a denunciar a cualquier otro gobernante señalado por vínculos con el crimen organizado.
Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, afirmó que Acción Nacional presentó denuncias desde 2021 y rechazó que no existan pruebas contra Rocha Moya, pues “es una absoluta aberración” decir que no hay elementos sobre su presunto involucramiento con el crimen organizado, porque, sostuvo, “hay una tonelada de pruebas”.
El legislador explicó que el PAN eligió la vía del juicio político porque Rocha Moya pidió licencia y, según dijo, existe el riesgo de que pueda regresar al cargo y recuperar protección constitucional, pues “basta que Rubén Rocha Moya hoy escriba en una servilleta que regresa al cargo para que se le active al fuero”.
Anaya detalló que entre los elementos presentados por el PAN están los hechos denunciados en la elección de 2021.
Señaló que a Paola Gárate, entonces candidata de la alianza opositora, “la secuestraron el crimen organizado para favorecer a Morena”, y agregó que también hubo operadores retenidos durante ese proceso electoral.
El senador también mencionó el caso de Héctor Melecio Cuén y acusó que su asesinato estuvo relacionado con una reunión a la que, según dijo, acudiría con Rocha Moya e Ismael “El Mayo” Zambada. Además, citó el caso de Badiraguato, donde, afirmó, una candidata fue obligada a declinar después de que su hermano fue secuestrado.
Anaya defendió la ruta de extradición al señalar que México tiene un tratado vigente con Estados Unidos y que, una vez solicitada la detención provisional con fines de extradición, se abre un plazo de 60 días para remitir el expediente completo.
“Lo procedente es, uno, la detención inmediata de Rocha Moya, basado en la solicitud de detención provisional con fines de extradición; segundo, que empiecen a correr los 60 días, que llegue el expediente y que se le extradite a Estados Unidos”, dijo Anaya.
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero rechazó que pidan una intervención extranjera y sostuvo que su exigencia es que se cumpla la ley en México, porque “los problemas de México tiene que resolverlos México”, pero este caso, dijo, es uno más entre los procesos de extradición que existen.
El dirigente panista también acusó que el verdadero blindaje político en México es pertenecer a Morena. “Por hoy, ese es el verdadero fuero para las fiscalías en México, ser militante de Morena”, afirmó.
Sobre la desaparición de poderes en Sinaloa, Romero dijo que la solicitud se formalizará el próximo miércoles ante la Comisión Permanente, cuya sede corresponde al Senado de la República.
El dirigente panista argumentó que, para Acción Nacional, los poderes estatales llegaron de forma ilegítima porque, acusó, “llegaron con el apoyo del crimen organizado”.
Al cierre de la conferencia, el Diputado panista, Germán Martínez, advirtió que el PAN mantendrá la presión incluso si el juicio político no prospera y dijo que, en ese caso, llamarán “narcocómplices a los diputados”.