Piden a Gobernadora de Baja California separarse del cargo por investigación contra su ex esposo
El Sistema Nacional Anticorrupción y comités ciudadanos solicitaron a Marina del Pilar Ávila pedir licencia temporal, tras confirmarse una investigación de la FGR contra Carlos Torres por presuntos delitos de alto impacto.
Después de que Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó la existencia de una investigación de la Fiscalía General de la República contra su ex esposo, Carlos Torres Torres, por su probable participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero, el Sistema Nacional Anticorrupción pidió a la Gobernadora de Baja California Solicitar licencia y separarse temporalmente del cargo
Según el posicionamiento difundido, la presidenta del SNA, Vania Pérez Morales, sostuvo que la separación del cargo respondería a razones de integridad pública, congruencia democrática y responsabilidad institucional, con el objetivo de garantizar condiciones de transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
Además, planteó que la medida tendría carácter preventivo y no implicaría una condena ni una determinación de responsabilidad penal.
De manera paralela, integrantes de los Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Estatales Anticorrupción, así como del propio SNA y diversas organizaciones de la sociedad civil, llamaron también a la Gobernadora a solicitar licencia y apartarse temporalmente del cargo en tanto la FGR realiza las diligencias y determina lo procedente.
En el documento conjunto se subrayó que la solicitud se dirigió a proteger el interés público frente a posibles conflictos de interés, así como a preservar la legitimidad en el ejercicio del poder ante la existencia de una carpeta de investigación contra un familiar directo de Ávila Olmeda.
En el pronunciamiento, los firmantes señalaron que la petición no constituye una condena ni una afirmación de culpabilidad, sino una medida prudencial ante la investigación abierta.
Indicaron que, sin prejuzgar ni imputar delitos y respetando la presunción de inocencia de Torres Torres, consideraron indispensable adoptar medidas preventivas cuando una investigación penal pudiera afectar, por percepción pública o por eventuales interferencias, la confianza en las instituciones y en los servidores públicos responsables de la conducción del Gobierno estatal.
El posicionamiento destacó que el llamado se sustenta en principios democráticos mínimos, como el derecho de la población a vivir en un entorno libre de corrupción y el derecho a un buen gobierno, así como en la obligación de los poderes públicos de garantizar controles y contrapesos efectivos.
Los colectivos anticorrupción insistieron en que la separación temporal de la Gobernadora facilitaría que la investigación de la FGR se desarrollara sin cuestionamientos respecto a eventuales influencias políticas o presiones sobre las autoridades encargadas del caso.
En el mismo contexto, las organizaciones y los comités ciudadanos exhortaron a las autoridades competentes a conducir la investigación con celeridad, imparcialidad, rigor, legalidad y transparencia, garantizando en todo momento el debido proceso para las personas involucradas.
Señalaron que el desenlace del caso tendría impacto directo en la confianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de la procuración de justicia y hacia los mecanismos del Sistema Nacional Anticorrupción.
El comunicado concluyó con un llamado a preservar la estabilidad institucional mediante decisiones que privilegien el interés público y la fortaleza del Estado de derecho.
Los firmantes advirtieron que el país requiere certezas institucionales y funcionarios comprometidos con los principios de legalidad y rendición de cuentas, por lo que consideraron que la separación temporal de Marina del Pilar Ávila representaría una medida adecuada mientras la FGR define la situación jurídica de Carlos Torres Torres.