Plataforma ciudadana documenta más de 2 mil cuerpos exhumados; FGR adeuda Registro Nacional de Fosas
Las discrepancias entre las cifras de fosas comunes y clandestinas reportadas por diferentes autoridades evidencian ausencia de trazabilidad en los datos y falta de coordinación entre las dependencias responsables; la FGR incumple su obligación de generar un registro nacional
Ante la ausencia de una versión pública del Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, que la Fiscalía General de la República adeuda desde la entrada en vigor de la Ley General en materia de desaparición, la plataforma ciudadana de fosas impulsada por organizaciones de la sociedad civil hoy documenta al menos 2 mil 17 cuerpos más exhumados entre 2023 y 2024 en todo el País.
A esto se suman 2 mil 719 fragmentos óseos hallados en el mismo periodo. Ambos datos provienen de los reportes de medios de comunicación, dada la discrepancia que existe entre estos y los registros de las fiscalías estatales y de la propia FGR.
Hasta hoy, no existe un registro nacional público, al que está obligada esa dependencia. Además, la Comisión Nacional de Búsqueda retiró un mapa de localización de fosas clandestinas que había emprendido años atrás.
Dadas esas inconsistencias y considerando que algunas fosas o cuerpos pudieron haber sido reportados por más de una de las fuentes, entre 2023 y 2024, años que se agregan en la nueva actualización de la plataforma, en medios de comunicación se reportaron en total mil 6 hallazgos de fosas, las fiscalías estatales registraron mil 451 y la Fiscalía General de la República solo documentó 94.
De la misma manera, las entidades con mayor número de hallazgos varían según la fuente.
Por ejemplo, las entidades con el mayor número de hallazgos reportados en 2023 y 2024 por las fiscalías estatales fueron Sonora (317), Colima (95), Baja California (91), Coahuila (61) y Jalisco (59), explicó Andrea Horcasitas, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
En cambio, los estados con más fosas reportadas por medios de comunicación en ambos años son Sonora (174), Guanajuato (91), donde la fiscalía reporta un número mucho menor, Colima (86), Jalisco (83) y Chihuahua (78).
Por otro lado, en estados como Ciudad de México, Querétaro y Yucatán hubo reportes que llegaron a medios de comunicación, pero no fueron registrados por las fiscalías, particularmente en la Ciudad de México que no considera el concepto fosa clandestina, sino de enterramientos ilegales con al menos 10 puntos de hallazgo.
En tanto, de las 2 mil 017 exhumaciones de cuerpos y 2 mil 719 fragmentos óseos reportados por medios de comunicación entre 2023 y 2024, las entidades con más cuerpos son Sonora (272), Michoacán (249), Jalisco (224), Guanajuato (217) y Colima (205). Horcasitas hizo énfasis en que, por lo general, los medios reportan más cuerpos y restos óseos que las fiscalías, tanto las estatales como la general.
La Plataforma, iniciativa de Data Cívica, Artículo 19 y el Programa de Derechos Humanos de la Ibero, se alimenta de fuentes oficiales y abiertas, solicitudes de información a las fiscalías locales, la Comisión Nacional de Búsqueda y la FGR, así como medios de comunicación. En esta se pueden consultar el número de fosas por entidad, municipio, número de cuerpos, de fragmentos óseos y en los casos que fue posible, el sexo de las víctimas.
Las discrepancias que persisten entre las cifras reportadas por las diferentes autoridades hablan de una falta de trazabilidad en los datos y coordinación entre las dependencias responsables; además, dificultan conocer la magnitud de la crisis forense, señaló Jessica Alcázar, de Artículo 19.
A esto se suma que la iniciativa ciudadana no alcanza para lograr un panorama completo, pues algunos estados se negaron a entregar la información, lo que también pone de relieve una opacidad permanente, sin que hoy exista un órgano que obligue a entregarlos. Este punto preocupa particularmente en Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Morelos y Veracruz.
La Ley General en materia de desaparición describe el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas como aquel que debe concentrar la información respecto de las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del país, así como de las fosas clandestinas localizadas por la FGR, fiscalías y procuradurías locales.
Lo anterior permitiría a la FGR cumplir con otra de sus obligaciones: elaborar un Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense derivado del listado de panteones y cementerios del país con los cuerpos inhumados en cada uno, así como los lugares clandestinos, y las metodologías necesarias para la revisión sistemática y exhaustiva de averiguaciones previas, carpetas de investigación y otros documentos oficiales que contengan información que permita construir hipótesis de identificación.
Nada de eso ha cumplido la FGR desde la promulgación de la ley en noviembre de 2017 y su entrada en vigor al año siguiente. Durante la presentación de la plataforma actualizada, las organizaciones hicieron énfasis en la necesidad de distinguir entre fosas clandestinas, que son sitios donde uno o más cuerpos fueron enterrados de forma anónima o ilegal con intención de ocultarlos, y fosas comunes, en panteones o cementerios a cargo del Estado donde se permite el entierro legal de cuerpos no identificados o no reclamados.
Además de la ausencia del Registro Nacional que adeuda la FGR, se calcula que en México existen más de 72 mil cuerpos ya exhumados en resguardo de los servicios forenses aún sin identificar, lo que sitúa a las personas en una doble desaparición, también administrativa, donde las familias son las que encuentran y la autoridad interviene, pero nunca da certeza del proceso de identificación.
Diagnóstico forense en nueva actualización
La actualización de la Plataforma Ciudadana ahora también recoge, para reflejar la situación de los cuerpos en resguardo, la experiencia de distintos colectivos de búsqueda, así como el trabajo de documentación del colectivo Regresando a Casa Morelos, que consiste en 19 tarjetas de identificación forense elaboradas e ilustradas durante procesos de exhumación en ese estado.
Tanto la información en medios de comunicación como la derivada de la experiencia de los colectivos permite tener un punto de contraste frente a la disparidad en las fuentes de información: “Funcionan como una fuente paralela o testigo que da cuenta de lo que ocurre en el territorio, y permite observar patrones que no siempre cuentan con registros oficiales”, recordó Pamela Benítez, de Data Cívica.
Lorena Reza y Edith Torres, de ese colectivo, explicaron que la documentación que se agrega en la sección Diagnóstico Forense recupera el lado histórico de las familias y la ciudadanía, ante una narrativa de las fiscalías que con frecuencia se enfoca en negar la información, pese a que están obligados y enfrentan diversas recomendaciones al respecto.
“Es un trabajo de la sociedad civil, pero lo importante es lo que está debajo de la tierra; exhumación significa sacar a la luz, y es lo que las familias y colectivos tenemos, esa necesidad de saber, pero se nos complica cuando fueron ocultadas personas que son criminalizadas, o que llegan a fiscalía y son enterradas en fosas comunes. Decimos que es una desaparición forzada porque sí tienen que ver las autoridades”, apuntó Torres.
Las fosas no solo ocultan cuerpos, ocultan la verdad y la justicia, recordaron las integrantes del colectivo. La Plataforma resulta así una mirada de la sociedad civil que muestra una parte de la verdad, pero también trata de cambiar la narrativa de las autoridades.
Reza, quien ha atestiguado las exhumaciones de cuerpos y fragmentos óseos desde 2017 en Jojutla, Morelos, contó cómo son las familias quienes se han capacitado y están haciendo todo el trabajo de exigir; su hermano, Juan Carlos Reza Garduño, desaparecido en 2007, ya es un caso de larga data y aún tiene esperanza de hallarlo a través de esas búsquedas, aseguró.
En Morelos, recordó, se han hallado fosas masivas, como en Tetelcingo, donde se exhumaron 116 cuerpos solo de una, que tiene una dimensión y profundidad mayor; o en Jojutla, donde ya se han encontrado más de 150 cuerpos, pues se trata de una megafosa, donde aún se tiene planeado seguir buscando.
Fabrizio Lorusso, de la Plataforma por la Paz en Guanajuato, entidad donde históricamente se han localizado 750 fosas y más de mil 500 cuerpos, añadió que las fosas también son comunes porque nos atañen a todos, y son indecibles porque trastocan la memoria y el territorio. “Eran lugares que antes alimentaban y donde ahora se busca a los desaparecidos. Son una herida abierta y una cicatriz en la comunidad; un espacio doliente y de oquedad”, concluyó.