Privan de la libertad a 10 ingenieros de la minera canadiense Vizsla Silver, en Concordia, Sinaloa

Según reportes difundidos por familiares de las víctimas y medios locales, la cifra de trabajadores desaparecidos oscila entre 10 y 14 profesionales, quienes fueron sustraídos por la fuerza desde el fraccionamiento La Clementina, el 23 de enero de 2026

Un grupo de hombres armados privó de la libertad a un grupo de ingenieros y personal técnico que laboraban para la minera de origen canadiense Vizsla Silver Corp. en el municipio de Concordia, Sinaloa, el 23 de enero de 2026, según confirmaron familiares, publicaciones periodísticas y pronunciamientos de organizaciones profesionales.

Según reportes difundidos por familiares de las víctimas y medios locales, la cifra de trabajadores desaparecidos oscila entre 10 y 14 profesionales, quienes fueron sustraídos por la fuerza desde el fraccionamiento La Clementina, inmueble que la empresa minera habría rentado para alojar a su personal en la zona serrana de Concordia.

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) manifestó mediante redes sociales su “profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de Concordia, Sinaloa, desde el pasado 23 de enero”.

Según la versión difundida por familiares de los afectados, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 23 de enero, cuando hombres armados irrumpieron en el fraccionamiento donde estaban hospedados los trabajadores y se los llevaron por la fuerza. Una mujer que se identificó como familiar de uno de los ingenieros desaparecidos precisó que el comando ingresó alrededor de las 6:00 horas al inmueble ubicado en la cabecera municipal de Concordia.

Entre las personas identificadas como desaparecidas figuran Saúl Alberto Ochoa Pérez, de 40 años de edad, originario de Lázaro Cárdenas, municipio de Meoqui, Chihuahua; José Antonio Jiménez Nevárez; Antonio Esparza, quien se desempeñaba como gerente de relaciones comunitarias de Vizsla Silver; José Castañeda, geólogo; Ignacio Salazar; Antonio Jiménez, coordinador operativo de seguridad; Antonio de la O, supervisor de medio ambiente; así como los guardias de seguridad Javier Vargas y Javier Valdez, según información compartida en plataformas digitales y fichas de búsqueda oficiales.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua emitió una ficha de búsqueda para localizar a Saúl Alberto Ochoa Pérez, visto por última vez el 23 de enero en el sitio conocido como La Clementina, en Concordia. La Comisión de Búsqueda de Sonora publicó en redes sociales una ficha de José Antonio Jiménez Nevárez con número de contacto para aportar información sobre su localización.

El vicefiscal en la Zona Sur de Sinaloa, Isaac Aguayo Roacho, confirmó que existe una carpeta de investigación por el caso y que parte de las desapariciones aparecen registradas mediante fichas difundidas para su localización, según medios locales. Sin embargo, hasta el 28 de enero, ninguna autoridad estatal o federal había emitido un pronunciamiento oficial sobre movilizaciones operativas en la zona serrana donde se ubica el proyecto minero.

Según testimonios de familiares recabados por medios de comunicación, al menos siete de los trabajadores privados de su libertad son originarios de Hermosillo, Sonora, mientras que otro es de Chihuahua, y viajaron a Concordia por razones laborales vinculadas al Proyecto Pánuco, que desarrolla Vizsla Silver en la región.

Familiares de los desaparecidos denunciaron que la empresa minera no habría presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Una mujer identificada como familiar de uno de los trabajadores afectados declaró a medios locales que, de manera extraoficial, se presume que la compañía optó por no denunciar legalmente el hecho para evitar afectaciones negativas en su cotización en la bolsa de valores, y que en su lugar buscaría negociar directamente con el grupo armado.

No obstante, hasta el momento ni las familias ni la empresa minera han recibido llamadas ni exigencias por parte de los presuntos captores, ni tampoco han tenido noticias sobre el paradero de los trabajadores desaparecidos. “Para ver si de alguna manera les llamaban ellos, pues el grupo armado que se los llevó y la mina estaba dispuesta a pagar, pero hasta ahorita la mina nos ha dicho que no se han contactado”, declaró un familiar a medios locales.

Pese a que personal de la mina solicitó a las familias mantener el caso en reserva, los familiares decidieron hacerlo público debido a la falta de respuestas y para exigir una mayor intervención de las autoridades estatales y federales en la búsqueda de los trabajadores. Fueron los propios familiares quienes presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, informaron las mismas fuentes.

Hasta el cierre de esta información, la empresa Vizsla Silver Corp. no había emitido un comunicado oficial ni una postura pública respecto a la privación de libertad de sus trabajadores. La compañía canadiense tampoco respondió a solicitudes de información sobre el caso.

Vizsla Silver opera el Proyecto Pánuco en la zona de Concordia, Sinaloa, un desarrollo minero de plata y oro que contempla una inversión de 300 millones de dólares obtenidos mediante notas convertibles con vencimiento en 2031. Según información de la propia empresa y del Gobierno de Sinaloa, el proyecto cuenta con reservas estimadas de 326 millones de onzas de plata equivalente, con una producción diaria proyectada de entre 3 mil 300 y 4 mil toneladas y una vida útil inicial de 10.6 años.

Entre 2021 y 2025, Vizsla Silver invirtió más de 250 millones de dólares en exploración del proyecto y generó alrededor de 230 empleos directos e indirectos en la región. La compañía tenía previsto iniciar operaciones comerciales en 2027, según declaraciones de sus directivos ante autoridades estatales. En mayo de 2025, Vizsla Silver reanudó actividades de trabajo de campo en Pánuco tras una suspensión temporal por problemas de seguridad en la región, según informó la propia empresa en un comunicado corporativo.

El municipio de Concordia se ubica en la parte sur del estado de Sinaloa y colinda al norte con Mazatlán, al sur con Rosario, al este con el estado de Durango y al oeste nuevamente con Mazatlán. La cabecera municipal, una pequeña ciudad colonial ubicada a orillas del Río Presidio, es considerada una región minera desde la época colonial y alberga importantes yacimientos de plata, oro y cobre en su zona serrana.

Los hechos ocurren en un contexto de violencia e inseguridad persistente en Sinaloa, producto de la disputa interna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa — “Los Chapitos” y “La Mayiza”— que se intensificó desde septiembre de 2024 tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en Estados Unidos. Desde el 9 de septiembre de 2024 hasta diciembre de 2025, el estado registró 2 mil 471 homicidios dolosos, 2 mil 942 privaciones de la libertad, 8 mil 696 vehículos robados, 1 mil 982 personas detenidas y 159 presuntos delincuentes muertos en enfrentamientos, según datos oficiales.

Sinaloa cerró 2025 como el año con más desapariciones en su historia, con 2 mil 208 casos reportados, según información de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Concordia, en particular, registró una tasa de 96.4 desapariciones por cada 100 mil habitantes, la más alta entre todos los municipios del estado, muy por encima de la tasa estatal mensual de casi 7 desapariciones por cada 100 mil habitantes.

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció en múltiples ocasiones que la entidad no puede considerarse segura y que el Gobierno Federal y el estatal mantienen operativos coordinados a través del Grupo Interinstitucional, conformado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal Preventiva. Sin embargo, la persistencia de la violencia y los reportes continuos de desapariciones y actos violentos mantienen en vilo a las comunidades sinaloenses.

El sector minero mexicano enfrenta una crisis de inseguridad que ha impactado severamente su competitividad internacional. Según la Cámara Minera de México (Camimex), el 97 por ciento de las empresas del sector reportaron haber sido víctimas de algún delito durante 2025, incluyendo robo hormiga, extorsiones, sustracción ilegal de minerales, hurto de materiales, secuestros, robos de combustibles e insumos, y hasta asesinatos en rutas de transporte minero.

La expansión del crimen organizado y el incremento de la violencia llevaron a México a caer de la posición 37 a la 74 en el Índice de Atracción de Inversión 2024 del Instituto Fraser de Canadá, que mide la competitividad minera global. El tema de la inseguridad y de la violencia “le está pegando muy fuerte a la minería, es un tema que nos gustaría poner sobre la mesa para que las autoridades lo puedan resolver, porque este tema se está volviendo un condicionante para que lleguen nuevas inversiones y nuevas empresas al país”, declaró el presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (CIMMGM) tras la publicación del índice.

Durango, Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Guerrero figuran entre los estados donde las mineras operan bajo condiciones de inseguridad crónica. En 2023, un grupo de presuntos sicarios robó seis góndolas cargadas con 240 toneladas de concentrados de oro y plata en la Mina Peñasquito, en Zacatecas, con un valor superior a los 50 millones de dólares, en uno de los casos más emblemáticos de criminalidad contra la industria minera mexicana.

Los familiares de los trabajadores desaparecidos realizaron un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para que intervengan de manera inmediata, inicien investigaciones exhaustivas y brinden apoyo operativo y humanitario para localizar a los profesionales privados de su libertad en Concordia. La comunidad minera nacional y organizaciones como la AIMMGM mantienen su exigencia de que el caso sea resuelto con prontitud y que se garantice la seguridad de quienes laboran en proyectos mineros en zonas de riesgo.