Radio y televisión podrían ser multadas si se vulneran derechos de audiencias, señala Luisa María Alcalde
Se trata de las reformas a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde medios electrónicos deben diferenciar el tipo de contenido que transmiten
La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, informó que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias contemplan multas y sanciones contra concesionarios de radio y televisión, mientras que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó revisar si la regulación debería extenderse a la prensa escrita y a las plataformas digitales.
Explicó que las sanciones serían aplicadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como última instancia, cuando un medio desatienda las recomendaciones de su defensoría y persista la vulneración de derechos de las audiencias.
“Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir y, en casos extremos, donde no se respeten los derechos de las audiencias, puede llegar a haber multas y sanciones como última instancia”, afirmó Alcalde Luján durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
Ahí presentó el anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que permanecerá en consulta pública durante 20 días, del 27 de julio al 21 de agosto de 2026.
Las disposiciones serían obligatorias para concesionarios comerciales, públicos y sociales de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como para empresas programadoras.
Sheinbaum Pardo precisó que la prensa escrita y las plataformas digitales quedaron fuera del proyecto, debido a que las facultades de la CRT se limitan a la radio y la televisión.
“La prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no, o las plataformas también no están en esta regulación, que son temas que están también a discusión de la sociedad”, expresó.
Sostuvo que los lineamientos buscan hacer efectivo el derecho constitucional a recibir información veraz y convocó a concesionarios, organizaciones, académicos y ciudadanos a participar en la consulta.
“Se abre la consulta pública para que se pueda participar y se pueda llegar a los lineamientos de manera definitiva, que tienen que ver con el derecho a la información”, señaló.
El procedimiento comenzará cuando una persona presente una queja ante la defensoría de audiencias del medio.
Esa instancia deberá solicitar un informe al concesionario, determinar si existió una vulneración y, en su caso, emitir una recomendación en un plazo máximo de 20 días. Si el medio no la atiende, la persona podrá recurrir ante la CRT, que intervendrá antes de considerar una multa o sanción.
Los lineamientos obligarán a las estaciones de radio y televisión a contar con un Código de Ética y a designar al menos a una persona defensora de las audiencias.
“Las personas defensoras deben regirse por los principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia. Las personas defensoras no deben tener conflicto de interés”, explicó Alcalde Luján.
En el caso de radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, la persona defensora deberá pertenecer a la misma comunidad.
El anteproyecto reconoce el derecho de las audiencias a recibir información veraz y oportuna, a distinguir las noticias de las opiniones y a diferenciar la publicidad de los contenidos editoriales.
Los medios deberán identificar opiniones y publicidad mediante menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas, además de permitir el ejercicio del derecho de réplica frente a información falsa o inexacta.
“La responsabilidad de los medios es no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual”, afirmó la consejera jurídica.
El proyecto también contempla servicios de accesibilidad para personas con debilidad auditiva, así como representaciones visuales respetuosas e inclusivas.
Alcalde Luján recordó que los derechos de las audiencias fueron incorporados a la Constitución en 2013 y desarrollados en la legislación de 2014, para después ser eliminados mediante una reforma de 2017, posteriormente invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022.
Aseguró que la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión recuperó y fortaleció esas prerrogativas, cuya aplicación busca reglamentar ahora la CRT.