Reforma electoral de Sheinbaum mantendrá a plurinominales: Monreal
La iniciativa que enviará la Presidenta al Congreso no contempla eliminar a los legisladores plurinominales y conservará el esquema mixto de representación, señala el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados tras acuerdo alcanzado con PT y PVEM
La eliminación de legisladores plurinominales quedó fuera de la propuesta de reforma electoral que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prevé enviar al Congreso durante febrero, afirmó Ricardo Monreal Ávila.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados señaló que el esquema 300-200 de representación mixta se mantendrá sin cambios.
En paralelo, dirigentes del Partido del Trabajo advirtieron que no respaldarán ningún planteamiento que implique una regresión en materia electoral, mientras que el Partido Verde Ecologista de México condicionó su apoyo a que se garantice la autonomía del Instituto Nacional Electoral y la preservación de la representación proporcional.
Monreal Ávila informó que el desacuerdo interno entre Morena y sus aliados por el tema de los plurinominales quedó resuelto, al anticipar que la iniciativa presidencial mantendrá intactas las 200 diputaciones y los 32 escaños de representación proporcional en el Senado, en el marco del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, celebrado en Querétaro.
El legislador precisó que el modelo previsto es el actual sistema mixto, con 300 distritos de mayoría relativa y 200 legisladores de representación proporcional, al subrayar que el reto se centrará en modificar el mecanismo de vínculo entre las listas plurinominales y el electorado.
De acuerdo con el propio coordinador de Morena, la reforma electoral se presentará en la primera o segunda semana de febrero y su ruta legislativa contempla la aprobación constitucional hacia marzo de 2026, para que las modificaciones entren en vigor antes del inicio del proceso electoral federal del 1 de septiembre de 2026.
La definición de Morena respecto a los plurinominales ocurrió tras semanas de tensión con el PT y el PVEM, cuyos votos resultan indispensables para alcanzar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.
En la Cámara de Diputados, Morena cuenta con alrededor de 253 legisladores, mientras que el PVEM suma cerca de 62 y el PT alrededor de 49, por lo que sin el respaldo de ambos aliados la bancada oficialista no alcanzaría los 335 votos requeridos para aprobar reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Monreal Ávila reconoció públicamente que si no se tiene el parecer de los dos partidos o falta uno de ellos, la reforma constitucional no tendría posibilidades de salir, por lo que el primer acuerdo que Morena busca cerrar es con el PT y el PVEM, antes de abrir una negociación con el resto de las fuerzas políticas.
En este contexto, el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, reiteró que su partido no respaldará ninguna reforma electoral que signifique regresión e insistió en que el proyecto aún se encuentra en construcción y abierto a la deliberación con el Gobierno federal y otras fuerzas políticas.
“Nada que signifique regresión”, expresó al ser cuestionado sobre los límites que el PT colocará en la mesa de diálogo, al tiempo que subrayó que el contenido de la iniciativa no está concluido y continúa en proceso de debate con la Secretaría de Gobernación y otros actores.
En ese mismo sentido, el coordinador del grupo parlamentario petista en San Lázaro, Reginaldo Sandoval Flores, cuestionó la necesidad de una reforma electoral al señalar que con las reglas vigentes la coalición oficialista ya obtuvo la Presidencia de la República, la mayoría del Congreso de la Unión y el control del Poder Judicial de la Federación, y recordó que sin PT y PVEM no se alcanza la mayoría calificada.
Respecto al PVEM, el coordinador de los senadores, Manuel Velasco Coello, planteó que su bancada apoyará la reducción del financiamiento a partidos políticos, pero exigió que se proteja la autonomía del INE frente a los cambios que se alistan en la reforma electoral.
El legislador del PVEM sostuvo que cualquier ajuste al órgano electoral debe garantizar su independencia y capacidad para organizar elecciones confiables, en un contexto en el que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ha puesto sobre la mesa la eventual reconfiguración institucional del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales .
La dirigencia nacional del PVEM, encabezada por Karen Castrejón Trujillo, reconoció, por su parte, que existe preocupación en el partido ante temas como la eliminación o reducción de plurinominales, aunque adelantó que fijarán una postura definitiva hasta conocer el texto formal de la iniciativa.
La posición de los aliados se suma a los compromisos expresados por la Presidenta de la República, quien ha insistido en que la reforma electoral garantizará la autonomía del INE y la representación de las minorías, al tiempo que reducirá el costo de las elecciones y el financiamiento público a los partidos políticos.
Sheinbaum Pardo señaló que las principales demandas ciudadanas recabadas en foros de consulta y encuestas son la disminución del gasto electoral, la revisión de los mecanismos de elección de legisladores plurinominales y la posibilidad de que mexicanos residentes en el extranjero elijan directamente a sus representantes.
La Mandataria nacional afirmó que la propuesta no busca desaparecer instituciones que han funcionado en México, sino fortalecer el sistema electoral y ampliar la participación ciudadana mediante instrumentos como consultas populares y mecanismos de democracia participativa.
En paralelo al trabajo del Ejecutivo federal y sus aliados, el Instituto Nacional Electoral presentó el 12 de enero de 2026 un documento con 241 propuestas organizadas en 10 ejes temáticos, en el que recomendó preservar y mejorar el modelo de representación proporcional, transitar hacia fórmulas de proporcionalidad pura y garantizar la colegialidad de su Consejo General.
Consejeras y consejeros insistieron en mantener la autonomía constitucional del INE, vincular su presupuesto al Producto Interno Bruto y evitar la elección por voto popular de sus integrantes, ante las versiones sobre una posible reconfiguración del órgano electoral.
Estas posiciones contrastan con algunas posturas dentro del oficialismo, como la del presidente de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez Álvarez, quien cuestionó el concepto de autonomía para un órgano administrativo y adelantó que la reforma no será producto del consenso entre fuerzas políticas, sino del ejercicio de la mayoría legislativa derivada de la elección presidencial.
Mientras el bloque gobernante afina la iniciativa, la oposición y diversos actores sociales han advertido sobre el riesgo de que la reforma electoral implique una regresión democrática o un debilitamiento de los contrapesos institucionales.
En la ceremonia por el aniversario de la Constitución, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a evitar cambios que pongan en riesgo la autonomía de las instituciones electorales y sostuvo que cualquier modificación debe fortalecer el pluralismo, la división de poderes y los contrapesos.
El Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, pidió que la reforma se construya por consenso y alertó contra el regreso a prácticas del pasado basadas en el pensamiento único y en elecciones concebidas como mero trámite formal.
El desenlace legislativo de la reforma electoral dependerá del equilibrio entre las demandas del Ejecutivo Federal, la correlación de fuerzas en el Congreso y las condiciones que fijen el PT y el PVEM para respaldar los cambios constitucionales.
El calendario planteado por Morena prevé que el proyecto se discuta y vote en el primer trimestre de 2026, para que pueda aplicarse en el proceso electoral que iniciará formalmente el 1 de septiembre de 2026, lo que mantiene la presión sobre las negociaciones internas y sobre la definición de temas sensibles como el número de plurinominales, el financiamiento a partidos y el diseño institucional del INE.
En este escenario, las posiciones de Monreal Ávila, de Alberto Anaya Gutiérrez y de Manuel Velasco Coello se perfilan como factores centrales para determinar el alcance final de la reforma y su impacto en la estructura del sistema democrático mexicano.