Registros del Banco Nacional de Datos Forenses confirman rezago; llaman a transparentar información
Las cifras más recientes que reportó la Fiscalía General de la República respecto a la cantidad de registros en las bases de datos que conforman el Banco Nacional de Datos Forenses evidencian el rezago en la recopilación de información forense en el país. El Centro Pro enfatiza la necesidad de cumplir con su finalidad, y transparentar los avances
Los datos más recientes recabados por el Banco Nacional de Datos Forenses, registrados en las diversas bases de datos que concentra, demuestran el rezago y subregistro de esta herramienta, fundamental para remontar la crisis de identificación forense en nuestro país.
Como parte del cumplimiento de la sentencia que obligó a la Fiscalía General de la República (FGR) a poner en marcha el Banco en 2023, luego de impugnar su responsabilidad en varias ocasiones, esta reportó que a octubre de 2025 el Registro de Personas Fallecidas y No Identificadas, por ejemplo, cuenta con solo 546 registros, pese a que se estima que en el país hay al menos 70 mil cuerpos sin identificar.
En tanto, el Registro Forense Federal totaliza 2 mil 363 registros, mientras que el Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas (Renafo) contiene solo mil 964 registros, lo cual evidencia el rezago de este instrumento dispuesto por la Ley General en materia de desaparición desde 2017, que debía estar listo a más tardar a principios de 2019, y que actualmente apenas concentra los datos forenses de únicamente cuatro estados.
De acuerdo con la ley, y el propio decreto de su creación, el Banco Nacional de Datos Forenses se integra por la interconexión de diversas bases, registros y sistemas: el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, el Registro Forense Federal, la Base Nacional de Información Genética, el Registro Nacional de Detenciones, el Registro Nacional del Delito de Tortura, el Registro de Antecedentes Criminales, el Sistema Nacional de Información Nominal, el Sistema Automático de Identificación de Locutores, el Sistema de Identificación de Huellas Dactilares, la Alerta Amber y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Luego de no cumplir con su puesta en marcha, tras vencer el plazo en 2019, la FGR fue demandada legalmente por Olimpia Montoya, quien busca a su hermano desaparecido, ante lo cual la dependencia respondió con diversas impugnaciones alegando que no estaba dentro de su competencia.
El litigio se alargó durante más de cuatro años, hasta que por orden judicial, la Fiscalía finalmente creó el Banco en 2023. Aunque ha reportado ante las instancias judiciales que ya concluyó el cumplimiento, la numeralia que ha proporcionado —solo a petición de la demandante— evidencia que está muy lejos de concentrar todos los datos necesarios.
Además, la propia Secretaría de Gobernación admitió la semana pasada que solo cuatro estados de la República han entregado su información forense al Banco, sin precisar cuáles. La Fiscalía nunca ha transparentado de manera proactiva los registros del Banco, ni el Poder Judicial ha insistido en que lo haga, pero en respuesta a las solicitudes de la demandante, ha dado pistas del rezago en los datos que concentra.
De acuerdo con los documentos a los que Animal Político tuvo acceso, el Banco Nacional de Datos Forenses hasta la fecha contiene el siguiente número de registros por base de datos: 186 mil 741 en la base de datos ante mortem y post mortem —no se desagrega de qué tipo—; mil 750 de Alerta Amber; 8 mil 461 del Registro Nacional del Delito de Tortura; 15 mil 254 en la Base Nacional de Información Genética, y 2 mil 363 en el Registro Forense Federal.
A esto se suman los solo 546 en el Registro Nacional de Personas Fallecidas No identificadas y No Reclamadas (Renafepa); mil 964 en el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas (Renafo); 243 mil 344 en el Sistema Nacional de Información Nominal, y 202 mil 689 del Sistema Estratégico de Seguimiento sobre Expresiones Delictivas. La FGR añade que del Registro Nacional de Detenciones no se cuenta con la cantidad porque la base es administrada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Sin datos suficientes para confronta
Luego de que a la FGR se le otorgaran plazos para cumplir con la puesta en marcha del Banco, y que cambiara de juzgado la responsabilidad de supervisión, hoy es un momento en el que “ya se le han concedido múltiples prórrogas, hemos presentado decenas de escritos de respuesta frente a la omisión de la Fiscalía de ya dar por concluida la implementación, y lo único que están reportando actualmente son las consultas”, apunta César Contreras, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Explica que el efecto último de la sentencia que obligó a la FGR era comparar la información de Marco Antonio Montoya Juárez, hermano de Olimpia, con el Banco Nacional de Datos Forenses, pero no sirve de nada la confronta periódica si no hay información completa, lo cual evidencian los datos y confirma la Secretaría de Gobernación.
“Al solamente haber cuatro entidades federativas, sin que nosotros sepamos cuáles, que están ingresando información, si todas las demás no incorporan su información, las búsquedas en los registros van a ser infructíferas, porque el propósito del Banco Nacional y la importancia de su existencia es que cuente con la información completa”, añade.
Tanto las declaraciones que la semana pasada hizo Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación, como las estadísticas reportadas por la FGR evidencian la insuficiencia de los datos. Por un lado, destaca el mínimo en el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas frente a una crisis que podría superar las 83 mil personas sin identificar, según el último informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Por otro, el número de casos que se encuentran en la base ante mortem/post mortem, que tenía como propósito resguardar la información sobre señas particulares, según lo reportado en los datos públicos de la FGR siguen representando apenas entre el 10 y 25 % de los totales en el país, tanto en la información que proporcionan las familias sobre sus seres queridos cuando denuncian su desaparición, como aquella que registran los servicios médicos forenses sobre los cuerpos.
“Resultado de ese contraste, si se observan cicatrices en determinados lugares, o tatuajes de determinadas características, o cualquier otra, tendría que haber una confronta y un resultado de posibilidades, de hipótesis, que pudieran servir para la identificación”, apunta Contreras. Además, en la numeralia reportada por la FGR no hay un desagregado de a qué características o tipo de datos ante mortem/post mortem corresponden esos registros.
El abogado añade que la cantidad de registros de datos genéticos igualmente es mucho menor que la que obtuvo el Centro Pro incluso en 2023, mediante solicitudes de acceso a la información, donde se contabilizaban más de 360 mil perfiles genéticos en todo el país, a partir de peticiones a cada uno de los estados de la República.
“La suma de todos los perfiles genéticos tendría que ser el mínimo, o una base, para poder entender cuál es el número que tendría que haber en la base de información genética... Lo mismo ocurre respecto de los diferentes datos donde observamos que todavía faltan diferentes registros de interconectarse al Banco Nacional de Datos Forenses”, señala.
“La Fiscalía no avanza y no hay consecuencias jurídicas”
El especialista aclara que ni siquiera se trata de registros que las organizaciones o las víctimas opinen que deben incorporarse, sino que la propia Fiscalía, al emitir los lineamientos de creación del Banco, dispuso que esas fueran las bases de datos que formarían parte y ha incumplido sus propios objetivos.
“Una cuestión también muy importante es que la Fiscalía ha señalado históricamente que la incorporación de estos datos debe ser de manera gradual. Eso no lo dice la ley, eso no lo dice la sentencia del Poder Judicial de la Federación, eso no lo dicen los propios estándares internacionales porque la obligación de búsqueda de las personas es continúa y es inmediata”, agrega.
Por lo tanto —indica el abogado— no es posible que de una forma arbitraria haya que esperar a que en 10, 20 o 30 años se complete la información que ya tendría que estar efectivamente integrada desde febrero de 2019. El criterio de gradualidad, en su opinión, es absolutamente arbitrario por parte de la FGR.
La actualización previa de las cifras, que la dependencia había reportado a petición expresa en seguimiento al cumplimiento de la sentencia, con corte a marzo de 2024, registraba casi las mismas cifras, por lo que en realidad no ha existido una variación o avance real en la recopilación de información.
“Definitivamente, estamos en un impasse en donde no avanza la Fiscalía General de la República, y no hay consecuencias jurídicas frente a esa falta de proactividad y ante esa falta de cumplimiento de la sentencia del juicio de amparo, y eso es lo profundamente grave de lo que ahora señala la Secretaría de Gobernación. Desde 2011 que se entregó la base nacional de información genética del FBI, que se llama Codis, periódicamente está habiendo mensajes de que ahora sí, al fin, vamos a tener una base nacional de información genética, ya tenemos ahora diferentes autoridades que toman muestras genéticas.
“Cada una de ellas con sus propias bases, fragmentadas, separadas, haciendo que las víctimas se pongan a peregrinar, que nuevamente se les tome información genética, pero al final el grave problema es que no se confronta con una base que tenga todos los datos genéticos, que es lo que permitiría verdaderamente las identificaciones”, señala.
En las reformas promovidas en 2025 por la Presidencia de la República se volvió a plantear el Banco Nacional de Datos Forenses como una iniciativa novedosa, e igualmente en la reciente conferencia de la secretaria de Gobernación. Contreras lo califica como indignante, pues nuevamente no hay una estrategia, no hay información ni un planteamiento novedoso; lo que ocurre depende en realidad de la falta de voluntad política.
“La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente ha presentado, en el informe sobre desapariciones, una profunda preocupación de que el Banco Nacional de Datos Forenses todavía no integre la información completa de registros y de información, y desde luego que también corresponde a la Secretaría de Gobernación liderar estos esfuerzos con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que es donde se integran todas las fiscalías generales de los estados del país, que es el espacio donde tendría que haber el banderazo de liderar e impulsar una coordinación institucional que implique la entrega de los datos a la Fiscalía General”, apunta.
Por otro lado, respecto a la negativa de la secretaria de Gobernación a revelar cuáles son los cuatro estados que ya han aportado información, el abogado recuerda que en los datos relacionados con graves violaciones a derechos humanos y los casos relacionados con hechos de interés público deben ser difundidos el principio que debe regir es el de máxima publicidad como una obligación de todas las autoridades, añade, por lo que deberían ser públicos, además de que las víctimas tienen un derecho a la verdad y a saber a qué autoridades estatales exigirles que cumplan con su obligación, mandatada por la Ley General.