Rosa Icela Rodríguez esquiva paradero de Rocha Moya con el ‘¿Yo por qué?’ de Fox
La titular de la Segob delegó en las mañaneras de Sheinbaum cualquier pronunciamiento sobre el paradero del gobernador sinaloense con licencia
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), eludió responder si su dependencia conoce el paradero del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con una réplica que evocó el episodio protagonizado en 2003 por el ex presidente Vicente Fox Quesada: “¿Yo por qué?”. La funcionaria formuló esa respuesta tras 19 días sin que Rocha Moya —acusado formalmente por el Departamento de Justicia de EU (DOJ, por sus siglas en inglés) de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa— haya tenido aparición pública alguna.
La pregunta surgió al término de la presentación de un nuevo plan de identificación forense que Rodríguez Velázquez encabezó en la Ciudad de México. Al ser interrogada sobre si la Segob sabía el paradero del mandatario sinaloense, la titular de esa dependencia respondió con esa sola frase. Cuando la prensa insistió en si lanzaría algún llamado al gobernador con licencia, la funcionaria federal fue categórica: “Yo no estoy haciendo ningún llamado de nada”.
La réplica remite al ex presidente Fox Quesada, quien en 2003 utilizó la misma expresión para desmarcarse del conflicto que Televisa y TV Azteca sostenían por el Canal 40. Aquella frase se convirtió en referencia emblemática del distanciamiento institucional frente a preguntas incómodas en la vida política mexicana.
Rodríguez Velázquez cortó el cuestionamiento al señalar que el evento del 19 de mayo de 2026 fue convocado exclusivamente para hablar de personas desaparecidas. “Vinimos hoy a hablar de desaparecidos y hoy no fue el tema. Yo no hago llamados”, atajó. La secretaria añadió que se apegará únicamente a la información que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo difunda en sus conferencias de prensa matutinas.
La postura de la titular de la Segob se produce en un contexto de presión creciente del Gobierno de EU sobre México en materia de seguridad y tráfico de drogas. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó el 29 de abril de 2026 una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, a quienes señaló de haberse aliado con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” a cambio de apoyo político y sobornos millonarios. Ante esos cargos, el gobernador solicitó licencia temporal el 1 de mayo de 2026 y el Congreso estatal la aprobó con 38 votos a favor en sesión extraordinaria; al día siguiente, Yeraldine Bonilla Valverde asumió como la primera gobernadora interina en la historia de Sinaloa.
Desde entonces, Rocha Moya no ha realizado apariciones públicas verificables. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó de manera preventiva sus cuentas bancarias desde el 6 de mayo de 2026, acción que el Gobierno Federal encuadró como un mecanismo automático derivado de los reportes del sistema financiero mexicano y no como una investigación formal en su contra. Dos exfuncionarios de su administración —Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado, y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa— se entregaron voluntariamente a las autoridades de EU el 11 de mayo y el 15 del mismo mes y año, respectivamente.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación propia para determinar si la documentación enviada por las autoridades estadounidenses reúne los estándares que exige la legislación mexicana para proceder. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió el 5 de mayo de 2026 una nota diplomática al DOJ para solicitar las evidencias que respalden los cargos, luego de que el Gobierno Federal determinó que la solicitud original no contaba con el sustento probatorio exigido por el Artículo 3 del Tratado de Extradición bilateral vigente desde 1980. La declaración de Rodríguez Velázquez confirma que, a tres semanas del inicio de la licencia, el paradero del gobernador sinaloense sigue sin ser acreditado públicamente por ninguna autoridad mexicana.